LA VUELTA DEL CHARRO NEGRO

En la anterior entrega de CON SAL Y LIMÓN agradecimos al Congreso del Estado la aprobación de una medida que eliminaba la discriminación a los estudiantes que no forman parte de la FEC para disfrutar los descuentos que realizan los autobuses urbanos y suburbanos. Declaraciones posteriores del gobernador Peralta dejan ver la posibilidad de vetar la decisión del Congreso bajo la justificación de que aplicar el descuento a todos pudiera traducirse en la necesidad de otorgar algún subsidio a los concesionarios para que sea viable el negocio a pesar de realizar los descuentos aprobados por los diputados y no se cuenta con presupuesto para enfrentarlo. Su declaración, en opinión del juntador de letras, más bien tiene otro significado.

Existe información en el sentido de que el diputado Parra consensuó esta medida al menos, con algunos de los líderes de los prestadores de servicios. Supongo que lo hizo con aquellos líderes que realmente representan a los concesionarios y no lo hizo con líderes supuestos que sólo representan sus intereses y ni siquiera los de las pocas unidades que poseen, pero obtienen ganancias significativas por el jineteo de los fondos, pues hay diferencias de tiempo entre que un boleto se adquiere y se entrega al operador de un autobús y entre este acto y el cobro del mismo por parte de cada uno de los concesionarios. Para esos líderes de camioneros, las utilidades obtenidas durante ese proceso, por lo que me han expresado, son significativas y además, las que derivan en que siempre hay boletos que se extravían y claro, nunca son usados. En el caso del servicio urbano de Manzanillo, eso se hace mediante recargas a una tarjeta, que se realizan en las tiendas de la cadena Kiosko, pero el procedimiento es el mismo. Y las opiniones de estos últimos líderes, resultaban obvias y obtenerlas, hubiera sido pérdida de tiempo.

El meollo del asunto es que todo privilegio o prestación como la tarifa preferencial para los estudiantes debe ser una medida general porque de otro modo, resulta discriminatoria y en ese caso, vulnera los derechos humanos del grupo al que se niega el acceso a la ventaja. Y tanto el Congreso (es decir, la Soberanía Popular) como el Ejecutivo deben tutelar y garantizar el respeto a los derechos humanos. No hacerlo, significa apartarse de la constitucionalidad y no se vale.

Los camiones que prestan el servicio entre Comala y Colima han hecho ese descuento a todos los estudiantes desde hace, al menos, más de sesenta años y otros, como los de Coquimatlán, también. Los de Comala, tomaron la decisión de manera unilateral porque entendieron la función social de su negocio y quisieron cooperar de ese modo para el desarrollo de los estudiantes comaltecos. Decían que, de ese modo, cooperaban para el mejoramiento de la sociedad a la cual servían. Esto es, mejor lo entendieron esos concesionarios que el gobierno (tanto el legislativo como el ejecutivo). Y cuando lo entiende el legislativo, el ejecutivo no lo hace porque hiere los intereses de sus viejos aliados, tanto de la FEC como de los líderes que sólo se representan a sí mismos. Y si el que representa Peralta es un gobierno neoliberal, esa no es una actitud moderna ni tampoco de eficiencia y los neoliberales dicen que ellos son modernos y eficientes. Algo no entiendo y necesito que me lo expliquen, porque me resulta contradictorio.

Después del importante incremento al precio del diésel y de otros insumos que usan los camioneros, se actualizaron las tarifas del servicio urbano, pero no del suburbano ni de los taxis. Los taxistas no respetan las tarifas (y las quejas ante la Secretaría de Movilidad no se atienden, son como gritos a la mitad del desierto). Es decir, los taxistas encontraron la forma de compensar el incremento del precio del combustible, los que prestan el servicio urbano, pudieron revisar la tarifa y los perdedores son los transportistas suburbanos. Pero ese es el rezago de la burocracia de la Secretaría de Movilidad y se resuelve arreglando lo desarreglado.

En el fondo, esto parece, en vez, una respuesta corajuda del gobernador Peralta: Ellos autorizaron, yo no y aquí quien manda soy yo; pareciera ser su respuesta. El Congreso no le va a obstruir el cumplimiento de compromisos con sus aliados. Y esta suposición se permite porque el gobernador, hasta hoy, no ha enseñado su vocación democrática y sí su inclinación al capricho. Por otro lado, como en esta columna se había dicho, lo declarado embona con el doble juego del gobernador: Por un lado, pedir la alianza de los morenos, enseñando debilidad y por otro, atacarlos y mostrarse fuerte. Esa actitud caprichosa y poco seria no puede ni debe permitirse. Los tiempos no indican ser para veleidades ni caprichos, sino para el ejercicio democrático.

Ojalá que el gobernador recapacite y que sus asesores entiendan lo que sucede y le indiquen el camino correcto. No más berrinches ni del gobernador ni de otros emisarios del pasado (hay que darle nueva vida a este término). Y eso por el bien y la tranquilidad de Colima. La transición debe suavizarse.

Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.

 

 

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