El barco atunero “María Verónica” nos ha dejado cenizas sociopolíticas que deben analizarse, pues evidenció la línea imaginaria que muchos políticos aún creen que existe entre el Puerto comercial y la ciudad de Manzanillo, en detrimento de la calidad de vida de sus habitantes.
La embarcación de Tuny ardió por más de 24 horas seguidas, expidiendo sinfín de sustancias al medio ambiente, que contrario a lo que quieren hacer ver algunos actores políticos, no se quedaron enclaustrados en el puerto comercial, sino que flotaron a zonas donde hay miles de habitantes de la capital económica de nuestro estado.
El caos en Fondeport, zona donde tiene su sede la empresa Marindustrias, productora del atún que en los expendios de los almacenes conocemos como Tuny, se empezó a conocer por la gran cantidad de humo que se notó a grandes distancias de la zona portuaria. También, porque el Ayuntamiento manzanillense informó sobre la implementación de un operativo vial y de protección civil que permitió la salida más pronta de los trabajadores de esta planta, una vez que se consideró pertinente no exponerlos mientras ardiera la embarcación que contenía miles de litros de diésel y aceites diversos.
Fueron momentos de tensión entre las autoridades porteñas, que sin embargo fueron menospreciados por ciertos actores, como por ejemplo, el director de API en Manzanillo, Héctor Mora, visto ese mismo día por la tarde en el evento del Cuarto Informe del Ejecutivo estatal en el Teatro Hidalgo.
Hubo tiempo perdido por la falta de reconocimiento sobre la gravedad de la contingencia. De acuerdo a la información que dio la alcaldesa Griselda Martínez en diversos medios de comunicación, fue hasta entrada la tarde-noche cuando se reconoció que no se trataba de un simple incendio. Por tales motivos, la edil consideró que se debe articular un órgano de protección civil interinstitucional, para “estar listos al momento ante cualquier contingencia, no andar en la noche pidiendo pipas y pidiendo apoyo porque nos rebasó la contingencia”.
Además, expuso que debe ser un órgano de protección civil que deje fuera de la ecuación de cualquier contingencia el tema político. Mediáticamente, esta grave situación no existió para el Gobierno del Estado, y escasamente para la Unidad Estatal de Protección Civil. El solitario posteo de la participación de esta unidad en la extinción del fuego parecería insuficiente para medir la importancia del suceso.
A Antonio Suárez, dueño de Tuny (quien tuvo el honor de recibir un evento presidencial en el sexenio de Enrique Peña Nieto), y uno de los empresarios más destacados de la entidad, el Gobierno del Estado lo “respetó” de más.
Pese a los menesteres mencionados, del suceso deben tomarse los aprendizajes más útiles. La alcaldesa de Manzanillo ha insistido en que se llegue a fondo para conocer el alcance ecológico de la quema del barco caza atunes.
En una comunicación posterior, del día 02 de octubre, la alcaldía porteña externó en redes sociales su preocupación por las afectaciones al medio ambiente del mencionado suceso, en el que “sin duda se afectó al medio ambiente, en la calidad del aire y muy posiblemente a la fauna marina, por lo que de una manera responsable, solicitaremos una evaluación de los daños para pedir a las autoridades federales se deslinden responsabilidades y se apliquen las sanciones para enmendar el daño generado al medio ambiente y los habitantes de nuestro municipio”.
Sobre las afectaciones que el combustible y otras sustancias químicas emitidas por el incendio, se consideró que tienen “cierto grado de toxicidad y pueden afectar las vías respiratorias, irritación e inflamación ocular en los manzanillenses, además del material particulado que posteriormente caerá sobre las casas, autos, calles y familias del municipio. Y en caso de derrame de combustible en la mar, podría haber mortandad de peces y otras especies marinas”.