Si algo ha caracterizado a las y los diputados de la 59 Legislatura es su visión de preponderar el humanismo como eje rector de la mayoría de las iniciativas que presentan, y eso incluye a todos los colores partidistas que integran el Pleno del H. Congreso del Estado.
Así ha pasado con temas trascendentales como las pensiones de los trabajadores del sector público colimense, la universalidad del derecho al descuento en el transporte para estudiantes, una mayor dotación de recursos al sector sanitario de la entidad, una mayor dotación presupuestal al rubro de seguridad, y por supuesto, recientes temáticas relacionadas con los derechos de las mujeres a no ser violentadas en varias esferas, agregando ahora la Ley de Amnistía en el ámbito estatal que se da en torno a la pandemia de Covid-19.
La Legislatura de la paridad de género ha hecho honor a su reputación impulsando temas esenciales para los derechos de las mujeres, pues la violencia de género no solo trastoca a las mujeres que han incursionado en la política, afecta sobre todo a aquellas mujeres que sufren discriminación y/o acoso en diferentes ámbitos de la vida pública y privada.
El actual Congreso hizo hincapié en su política de género, barajando tres nombres de mujeres especializadas en la defensa de los derechos del sector femenino para la dilatada designación de la nueva o nuevo ombudsperson de la entidad, que sería la primera ocasión, en caso de suceder, en que una mujer sea electa para este encargo de manera no interina.
Un elemento fundamental para reconocer este sentido humanista del Legislativo fue la aprobación en la entidad del rango constitucional otorgado a los programas sociales que han sido impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el arropo de diferentes vertientes políticas en el Congreso estatal, reconociendo el derecho de los sectores vulnerables a recibir beneficios derivados del pago de nuestros impuestos.
De igual forma, en lo reciente, ha salido a colación un tema tergiversado a nivel nacional por la oposición al gobierno amloista, pero apoyado por la ONU: la Ley de Amnistía; misma que intenta darle justicia a sectores vulnerables que por diferentes motivos cumplen condenas en los centros de readaptación social, los cuales por ejemplo en Colima, a últimas fechas se han visto envueltos en dudosas condiciones de seguridad generadas por un presunto autogobierno no explicado por las autoridades estatales, y que pone en predicamento la legitimidad de la función social de estos centros, así como la seguridad de las y los encarcelados.
Esta Ley de Amnistía, ad hoc en épocas de pandemia como la que vivimos, es fundamental para sectores vulnerables que sufren de encarcelamiento, como mujeres embarazadas, adultos mayores, así como otros que se encuentren en la disyuntiva de no haber accedido completamente a una impartición plena de justicia en su beneficio, como aquellas personas pertenecientes a comunidades indígenas. Incluso, mujeres que posiblemente estén cumpliendo alguna pena por haber decidido abortar, tal cual viviéramos en el Medievo, y que ha sido uno de los temas pendientes en nuestra entidad por algunos años. Es decir, con esta ley no se pretende liberar peligrosos reclusos, como han tergiversado las noticias que llegan desde el reino derechoso de las #FakeNews.
A final de cuentas, una Legislatura que ha tocado temas incómodos políticamente hablando, especialmente para el viejo régimen, pero que ha preponderado el beneficio de algunos grupos sociales por décadas ignorados.