El anuncio de una reestructuración financiera en el convenio de amortización y pago de servicios entre Ciapacov y la empresa que opera la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), dejó muchas preguntas en el aire.
Una de ellas es: ¿por qué el trámite que comenzó con un acuerdo unánime en el seno del Consejo de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima y Villa de Álvarez no continuó de inmediato en el Congreso local?
A consulta directa de este columnista, la Ciapacov informó que la propuesta de un nuevo convenio será presentada a la Legislatura para su análisis, discusión y en su caso aprobación, hasta el mes de noviembre.
En cuanto a la votación en el Consejo de Administración de Ciapacov –órgano de gobierno que preside la titular del Poder Ejecutivo e integran los alcaldes de la zona conurbada y los diputados que representan a los distritos locales, entre otros consejeros–, unánime, lo que se dice uniforme, no fue.
El representante del Ayuntamiento de Villa de Álvarez aprobó la renegociación con dos condiciones: 1) que “no se pusieran en vilo” las participaciones federales y 2) que “las mensualidades fueran a meses sin intereses”.
Por lo demás, a nombre de Tey Gutiérrez dejó en claro que se oponían “rotundamente” a mantener un contrato leonino con la empresa prestadora de servicios, y votó a favor de que el director general del organismo, Vladimir Parra, continúe el proceso de renegociación.
La Comuna villalvarense añadió una propuesta para enriquecer dicha reestructuración: eliminar las tarifas 1 y 2, conservando sólo el pago de la tarifa 3.
NO ES UNA VACA CUALQUIERA
La T1 es el pago por concepto del financiamiento que la empresa dio para la construcción de la PTAR. La T2 cubre los costos de operación. Y, la T3, paga el servicio del tratamiento por los litros de aguas residuales que entran a la planta.
El representante de Tey insistió en que se elimine la T1. Bajar el número de años que se seguirá pagando esa tarifa, de 2041 a 2032 como señala el nuevo convenio, no es realmente un ahorro porque el costo de construcción de la planta ya se cubrió cuatro veces.
La propuesta de VdeA es sólo cubrir la tarifa 3, el saneamiento por volumen, pero no la tarifa 2 por la operación, puesto que eso implicaría un pago duplicado: por la prestación del servicio (T2) y por el volumen de las aguas saneadas (T3).
Lo cierto es que el equipo negociador ya había planteado a los concesionarios la cancelación de las tarifas 1 y 2, antes de que lo propusiera la Villa en el Consejo de Administración.
Ahora sólo queda esperar que los empresarios renuncien a gran parte de lo que obtienen por explotar su mina de oro. Es una renta que, por lo demás, se asienta en libros porque los pagos se suspendieron hace un año.
Extraoficialmente se sabe que, en próximos días, se pactará la renegociación de las tarifas 2 y 3, aunque siempre cabe la posibilidad de que los concesionarios resistan lo más que puedan… antes de resignarse a matar la vaquita que han estado ordeñando desde 2006.
¿APUESTA RIESGOSA?
Al margen de las posturas que se discutieron en el Consejo de Administración, el tema de la reestructura ganó espacios en la conversación pública.
Lectores de esta columna nos compartieron algunas de sus interrogantes con respecto a la renegociación del contrato con la PTAR. Entre otras, ésta:
“¿Lo que está haciendo Vladimir Parra se diferencia en mucho de lo que en su momento gestionó Nicolás Contreras como director de Ciapacov?”
Un contrato de esa naturaleza exige ciertas garantías por parte del obligado solidario que, en este caso, es el Gobierno del Estado. Y, en ese sentido, a ese lector le desconcierta saber que, desde el arranque del juicio, el organismo operador ha estado ahorrando lo que mes a mes corresponde pagar, dejando ese dinero disponible en las cuentas bancarias.
¿De dónde se cobrará la empresa prestadora el faltante en el pago por el servicio de saneamiento? Pues, nada menos que de una línea de crédito del banco Santander, cuya tasa no es fija sino de ¡interés variable!, señala este lector.
Por ese motivo, me explica, haber dejado de pagar durante un año las mensualidades no supone un ahorro para Ciapacov, porque o el banco está cobrando intereses, o la empresa prestadora de servicios terminará cobrándose el acumulado y las penalizaciones con cargo a las participaciones federales, si eventualmente se resuelve el litigio a favor del concesionario.
DEPOSITAR LA RENTA
Eso no ocurrirá si, como parte del proceso judicial, Ciapacov consigue que el adeudo se congele y le tomen el guardadito como si fuera el depósito de una renta en el juzgado. “En todo caso, que Ciapacov deje de pagar ese compromiso contractual tan desventajoso no significaría que el organismo tenga un superávit producto de ahorros marginales al gasto”, insiste nuestro lector.
Cuando uno incumple sus obligaciones, “no ahorra, debe”. La cuenta bancaria de Ciapacov puede crecer como consecuencia de estar calentando el dinero, pero la afectación contable al gasto quedará registrada. Y eso saldrá “observado en cualquier auditoría, como daño al erario”.
Si la apuesta (la renegociación) no funciona, haber dejado de pagar no sería un ejemplo de eficiencia administrativa. Sin embargo, viendo cómo Vladimir Parra detalló la nueva corrida financiera en presencia de la gobernadora Vizcaíno, cabe inferir que el plan de reestructura, con todos sus riesgos, cuenta con el respaldo de la mandataria.
Ciapacov tendrá que planchar bien cada uno de los pliegues de este traje hecho a la medida, para que luego el Congreso, el Osafig o la propia Fiscalía Anticorrupción no se vean obligados a sancionar la firma de cláusulas que puedan afectar la hacienda pública.
¿MERO CAMBIO DE EMPRESA?
Ese mismo lector plantea otras cuestiones:
¿Es verdad que la empresa operadora de la PTAR va a manejar sólo un tanque, mientras que la Ciapacov se hará cargo de los otros dos?
Si así fuera, enhorabuena pienso yo, porque el organismo por fin asumirá las responsabilidades que concesionó a particulares, como parte del impulso neoliberal que tendía a privatizar la prestación de los servicios públicos.
No obstante, eso implicará para Ciapacov incursionar en una actividad muy especializada: tendrá que encontrar dónde y a cuánto comprar químicos; deberá comprometerse a pagar la energía eléctrica (el consumo de los equipos de bombeo es una pesadilla en la administración de costos para varios de los organismos operadores); y tendrá que contratar o capacitar al personal (sindicalizable y sindicalizado) que manejará la planta.
Una última pregunta que se hacen ése y otros lectores es: ¿en el fondo, la renegociación busca algo más que transitar del contrato con la actual empresa, a otro similar pero con diferente empresa o con nuevos accionistas?
Es una cuestión válida que, seguramente, la van a plantear los diputados de oposición cuando el asunto llegue al Congreso. Y la respuesta que dé Ciapacov tendrá que ser contundente.
ACABAR ASIMETRÍAS
Colima-Villa de Álvarez y Manzanillo son las dos zonas metropolitanas donde el servicio de agua no sólo puede ser autofinanciable con el cobro de cuotas a los usuarios, sino resultar un negocio tan bueno que, con esos ingresos, se pueda invertir en infraestructura para el abasto de agua, drenaje sanitario y saneamiento.
Sería razonable que, tal como en la conurbación capitalina el organismo intermunicipal es presidido por la gobernadora, por su importancia estratégica la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) tenga un estatus similar como organismo descentralizado.
O, más integral aún, sería lógico que la Comisión Estatal del Agua de Colima (CEAC) termine absorbiendo a los nueve municipales, para fungir como un solo organismo operador del servicio.
En la actualidad, el Consejo de Administración de CAPDAM lo preside la alcaldesa; dos regidores tienen asiento; su respectiva silla, los diputados de los distritos locales que comprenden al municipio de Manzanillo; y, lugar fijo, el representante del Gobierno del Estado, el gerente estatal de la Conagua y el director de la Comisión Estatal del Agua de Colima (CEAC).
Las funciones de la CEAC no le quedan claras a la opinión pública. No es la administradora de los recursos hídricos nacionales, ni ejerce su poder vigilando el correcto aprovechamiento de los derechos de agua como hace Conagua.
En una página web dónde todavía no han subido la misión ni la visión, los objetivos declarados de la CEAC son: “contribuir a aumentar la calidad de vida de los colimenses, mediante la cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”.
UN SOLO ORGANISMO
Esos son los propósitos, pero, ¿cómo hace la CEAC para reducir las asimetrías entre organismos con tanto presupuesto como Ciapacov, CAPDAM o la Comapat (Tecomán) y los demás?
Mientras unos organismos administran acueductos y plantas de tratamiento, otros toman agua rodada de los ríos y limitan sus planes más ambiciosos a la perforación o rehabilitación de pozos, instalación de plantas potabilizadoras y mantenimiento de tuberías.
Ante este desafío, ¿está en marcha una estrategia para estandarizar los servicios de agua municipales?
¿Esa es la encomienda que recibió Manuel Ignacio Zambada Torres, junto con el nombramiento que le extendió la titular de Seidum, Marisol Neri León, como encargado del despacho de la Comisión Estatal?
¿Facilitar esa transición en Manzanillo es lo que pretende la gobernadora Indira Vizcaíno al impulsar el nombramiento de la diputada Isamar Ramírez Rodríguez como nueva directora de CAPDAM?
Esperamos pronto tener las respuestas.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com