Ajetreado lunes para la implementación del descuento universal a estudiantes en el transporte público, concedida gracias a la reforma a la Ley de Movilidad (“Ley FEC”), impulsada por el diputado morenista, Vladimir Parra. El “golpe suave”, como el que opera la ultraderecha contra la 4T a nivel nacional, no se dejó esperar en lo local, con la intención de sabotear y generar caos en la implementación de este descuento que beneficia a cientos de estudiantes de todos los niveles.
La desinformación fue el método para tratar de impedir que estos cientos de estudiantes pudieran ejercer su derecho al descuento en el primer día de beneficios, una crisis orquestada por una omisa Secretaría de Movilidad, colaborativa con unos concesionarios que van a dar pelea mientras sus aliados en el gobierno (el régimen de siempre en Colima) los dejen.
Caos no tendría que haber existido, cuando la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima indica en su artículo 375, de manera textual y muy clara, lo siguiente: “será optativo para el estudiante desde el nivel de primaria, el uso de la tarjeta de prepago o realizar su pago en efectivo, mostrando al momento del pago una credencial emitida por cualquier Institución educativa incorporada a la Secretaria de Educación Pública que lo acredite como estudiante”.
Sin embargo, desde muy temprano, diputados de Morena en diversos municipios se dieron a la tarea de verificar en las paradas de autobuses, que los choferes estuvieran ejecutando los descuentos que se oficializaron con la reforma a la ley. De inmediato, se empezaron a detectar fallas y quejas de los usuarios provocadas por la desinformación.
En Villa de Álvarez y Colima, los diputados morenistas detectaron anomalías y negligencias por parte de operadores de algunas unidades de transporte, pertenecientes a SINTRA (Sistema Integral de Transportes) y SOCACOVA (sociedad Cooperativa de autotransportes Colima-Villa de Álvarez), e incluso afirmaron que había “quienes obligaban a estudiantes a tener que presentar boletos, y se negaban a otorgar el descuento, argumentando que esa había sido la orden de los patrones y concesionarios, basándose en un convenio firmado entre privados y la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), cuando la ley es muy clara y establece la posibilidad de que se puede pagar con dinero en efectivo”.
Y es que el viernes, cerca del mediodía, unos minutos después de que la bancada de Morena en el Congreso diera a conocer que el descuento se aplicaría sí o sí, y que no era necesaria la credencial de la FEC para que lo otorgaran, los “estudiantes” de la mencionada federación firmaron un nuevo convenio con los transportistas, en lo que fue el inicio formal de una tentaculada guerra de desinformación, aderezada por el mutismo que se ha dado a lo largo de meses por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima, y que ante la llegada de esta importante reforma, persistió durante todo el fin de semana.
Salvo unos posts de Facebook, la campaña de comunicación de esta secretaría estatal reflejó no solamente poco interés por promover el descuento, evidenciado con la falta de presencia de su titular ante los medios para precisar todos los puntos de interés para la ciudadanía.
La aprobación de la “Ley FEC” que se dio hace unos meses, huelga decir es un golpe casi mortal para el organismo “estudiantil”; sin embargo, éste se niega a morir. Aunque poco creativa, implementaron una campaña en la que reafirmaban, entre otras cosas, que la credencial estudiantil que venden en 80 pesos, sirve para muchos propósitos más que el propio descuento al transporte. Y sí, como resultado de la reforma a la Ley de Movilidad, la credencial de la FEC es válida… pero no necesaria. El golpe de realidad que implica eso, ha generado una campaña de desgaste a la implementación de la ley.
Ante ello, las autoridades (en específico la Secretearía de Movilidad) deben tomar cartas en el asunto, ya que ningún convenio entre particulares está por encima de la ley. Si los transportistas no buscaron una forma económica y efectiva de verificar que sus choferes no reportaran falsos descuentos diariamente, o no confían en ellos, ese no es problema de la Ley de Movilidad en sí; los transportistas perdieron mucho tiempo presionando políticamente contra ésta, y ahora el descuento los ha cogido a traspié.
Esta situación desvela otro problema: hay demasiados camiones para un solo concesionario, mismos que no quiere ser sorprendido por falsos descuentos de sus operadores. Si hubiera un hombre-camión por cada concesión, la confianza no sería problema en esta ecuación.
Debemos esperar que la Secretaría de Movilidad no se siente a ver cómo se ejecuta este “golpe suave” a la citada ley, para no trastocar intereses de sus aliados de siempre. Son problemas que la 4T colimense ha generado al viejo régimen, y es hora que los ciudadanos defiendan el beneficio que les toca.