MUEREN LOS GOBERNADORES

Para el gobierno de López Obrador es de urgente necesidad establecer, sin lugar a dudas, las causas del accidente en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo el senador y ex mandatario poblano Rafael Moreno Valle.

En la hipótesis de que la caída del helicóptero fletado se debe a fallas técnicas o, en su caso, humanas en el contexto de un clima adverso, es prioritario llegar a una explicación convincente que le calle la boca a los voceros oficiosos del panismo.

A esos que, especialmente en redes sociales pero también en columnas periodísticas, afirman con toda irresponsabilidad que se trató de un atentado y, en concreto, de un crimen de Estado.

Para aclarar los hechos, la administración federal solicitó la ayuda de la National Transportation Safety Board de Estados Unidos (NTSB), un organismo estadounidense que “se encarga de determinar la causa probable de los accidentes de transporte y de promover la seguridad del transporte”, según anunció el subsecretario de Transporte en SCT, Carlos Alfonso Morán Moguel.

Otro funcionario federal, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la PGR, Roberto Ochoa, anunció que pedirá apoyo a distintas organizaciones, como el FBI, para esclarecer las razones que llevaron a la caída del aerotaxi.

De este modo, reconoce la Procuraduría General de la República la posibilidad –que tampoco se puede obviar– de un evento intencional y premeditado en el que murieron cinco personas: la gobernadora y su cónyuge, los dos pilotos y el asistente del también líder de la bancada del PAN en la Cámara de Senadores, Héctor Baltazar Mendoza.

POLARIZAN LA OPINIÓN

Descartar que no haya sido más que un lamentable accidente no es solo el primer paso en una investigación de este tipo, sino la medida obligada en una estrategia de comunicación social para contrarrestar la rumorología que, por mero sospechosismo pero también con mala intención, se ha lanzado en las redes sociales buscando endosar la tragedia al presidente López Obrador.

Filtrar videos que muestran la caída de una helicóptero de la misma marca, pero que no es el mismo que cayó en el municipio de Coronango; falsificar declaraciones del dueño de la compañía de aerotaxis, donde supuestamente afirma que no fue un accidente; empalmar fotografías en donde se ve un helicóptero cuando es alcanzado por un cohete; todo eso es perversidad política, no simple ociosidad de autores de memes.

Tan malvada es la actuación de estos fabricantes de fake news, como la actitud de columnistas hasta ahora desconocidos como Oscar Garza Bello y otros que se escudan en el anonimato, quienes en un fingido análisis desapasionado de la situación apuntan como sospechosos del crimen a AMLO y al senador Luis Miguel Barbosa, ex candidato de Morena a la gubernatura de Puebla.

Dice el tal Garza Bello que, cuando ocurre un asesinato, hay que buscar al sospechoso entre quienes cumplen tres condiciones: ¿quién tiene un motivo?, ¿quién tiene los medios? y ¿quién tuvo la oportunidad?

Estos opinólogos gratuitos acusan al Presidente de haber sembrado el odio entre las formaciones políticas, y de haber polarizado a la sociedad. Pero con el recurso fácil de culpar a López Obrador están buscando, precisamente, despertar el odio contra la figura del mandatario. Así se demostró en el funeral de la gobernadora Alonso, donde ‘espontáneamente’ abuchearon a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

SI DE ESPECULAR SE TRATA…

En respuesta a las acusaciones infundadas de un magnicidio, las redes sociales mostraron que las opiniones de los poblanos y de los mexicanos en general respecto a la pareja gobernante están divididas por el actuar de Alonso y Moreno Valle, y no por el discurso político preelectoral, electoral o poselectoral.

A Martha Erika la señalan como beneficiaria de una operación fraudulenta que fue legitimada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando todo indicaba que, por lo menos, debían anularse los comicios para Gobernador en Puebla.

Y a Rafael Moreno Valle, investigaciones periodísticas serias lo ubican en la punta de una cadena de protección política a una industria delictiva conocida como “huachicoleo”, que consiste en la ordeña de los ductos de Pemex y el mercado negro de gasolinas en el país.

Esta actividad criminal supone miles de millones de pesos que, de acuerdo a esas investigaciones, habrían financiado incluso frustradas campañas a la candidatura presidencial del PAN y, por supuesto, la virtual reelección de Rafael en la gubernatura de Puebla a través de la persona de Martha Erika.

SOSPECHOSOS NO COMUNES

Al lugar común de las novelas policiacas, ¿quién se beneficia con la muerte de los Moreno Valle?, hay que anteponer otra pregunta: ¿quién pagará los mayores costos políticos por esta tragedia?

Habría sido una estupidez mayúscula ordenar desde Palacio Nacional la muerte de los gobernadores poblanos pues, además de atraer los reflectores sobre la figura presidencial, ¿qué ganaba Andrés Manuel con ello?

Si de revancha se trata, hubiera sido una mejor venganza dejar correr la administración de Alonso, esperar a que incurriera en un delito relacionado con la corrupción y aplicarle todo el peso de la ley bajo un esquema de desaparición del fuero que permite el enjuiciamiento de un gobernante en funciones.

Tampoco Barbosa, por muy ignorante que se haya visto empleando la palabra “magnicidio” como sinónimo de la muerte de un gobernante cuando el término define necesariamente el homicidio de un estadista, se beneficia de nada.

A pesar de controlar el Congreso local, la cortesía política obliga a Morena a ceder el interinato a un panista, que desde el inicio de las sesiones apuntaba al secretario general de Gobierno en funciones de encargado del Despacho del Gobernador, Jesús Rodríguez Almeida.

Y en tres meses, cuando se realicen las elecciones extraordinarias, el candidato menos competitivo sería Luis Miguel Barbosa porque, como lo constató en 2005 el entonces panista Leoncio Morán, tras la muerte del gobernador de Colima, Gustavo Vázquez Montes, nadie puede ganarle a un muerto.

Si hemos de preguntarnos quién se beneficia con la muerte de los Moreno Valle, las sospechas deberían a apuntar a otros poderes no necesariamente políticos, a intereses económicos que se verían perjudicados con una reedición del represivo y corrupto gobierno de Rafael, sin olvidar a quienes podrían verse afectados con un pacto de Erika y su esposo con el gobierno federal para desmantelar redes como las de los huachicoleros, a cambio de tranquilidad para gobernar y holgura en las participaciones federales.

¿Y SI FUE UN SIMPLE ACCIDENTE?

Con todo, lo primero que se debe descartar es que se trate de un accidente. Viajar en helicóptero es riesgoso. Han perdido la vida en el colapso este tipo de naves Francisco Blake Mora, uno de los dos secretarios de Gobernación que murieron en accidentes de aviación en el sexenio de Felipe Calderón (el otro, Juan Camilo Mouriño, se precipitó a tierra en un minijet); y el secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, Ramón Martín Huerta.

Si bien es verdad que la sospecha de un atentado ha alimentado la imaginación popular en la muerte de varios gobernantes locales: desde Jesús González Gallo en Jalisco, hasta Eduardo Villaseñor Peña ya como gobernador con licencia en Michoacán. Ambos murieron en accidentes automovilísticos, al igual que el ex candidato presidencial Manuel J. Clouthier.

La lista de políticos muertos en accidentes de aviación es amplia. Y desde la caída del avión comercial en el que viajaba Carlos A. Madrazo, disidente aspirante a la Presidencia de la República que buscaba la democratización del PRI, no escapan a especulaciones.

Las dificultades para explicar en términos sencillas las complejidades técnicas que llevaron a un avionazo, enturbiaron las circunstancias en las que murieron Juan Camilo Mouriño o el gobernador de Colima, Gustavo Alberto Vázquez.

“MEZQUINOS NEOFASCISTAS”

Por esa predisposición del público a pensar mal y por el afán de los detractores de Morena a endosarle a López Obrador la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, es que tendrá que darse prisa la oficina presidencial en esclarecer las causas del accidente.

No funcionarán los llamados a la cordura dirigidos a los “mezquinos neofascistas” que quieren medrar con la tragedia de los gobernadores de Puebla. Esa gente no entiende razones y buscará infringirle el mayor daño posible a la institución presidencial.