La iniciativa propuesta por el Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, para establecer como obligatorio el uso de cubrebocas, traslada a cada ciudadano en la entidad el control en la
propagación del virus SARS-CoV2, evadiendo así la responsabilidad que tiene su gobierno,
sostuvo la diputada local por el Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández Aceves.
Lo anterior, en relación a las declaraciones del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell Ramírez durante la conferencia de prensa de este miércoles 12 de agosto, quién expuso que en Colima se podría incurrir en una violación a los derechos humanos al determinar la obligatoriedad del uso de cubrebocas.
El pasado 4 de agosto, el mandatario estatal envió una iniciativa de decreto al Congreso del Estado que propone sanciones por más de 40 mil pesos a quien se rehúse a portar la mascarilla.
«Las multas serían un atropello para los bolsillos de quienes buscan el sustento personal o familiar», asegura la legisladora manzanillense.
En este sentido, sugiere que «más allá de obligar, mediante multas y sanciones», se opte por generar condiciones que apoyen al sector empresarial y a la población en general para contrarrestar la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19.
«En general, nuestra gente sale porque busca qué llevar a casa y cubrir sus necesidades básicas», enfatizó la también Presidenta de la Comisión de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género.
Asimismo, Hernández Aceves calificó como «una medida desesperada» en un afán de mejorar la imagen del Gobierno del Estado, después del fracaso que supuso las decisión de detener la actividad económica en una etapa muy temprana de la pandemia en Colima.
«Pretende que los ciudadanos resuelvan lo que él no pudo, protegiéndose a sí mismos, transfiriéndoles la responsabilidad del Estado a los ciudadanos, en el cuidado de la salud pública», finalizó la diputada.