En su columna titulada “Bajarse de las nubes”, el diputado local Paco Rodríguez considera que “caro pero en verdad caro, nos han salido los viajes del Gobernador. Si lo vemos por el lado económico, desde 2016 al 2018 se gastó $55 millones 382 mil 145 pesos. Más el presupuesto para este año, suman $66 millones, 661 mil 064 pesos”.
Rodríguez García abunda en su columna publicada en Rotativa Libre (http://www.rotativalibre.com/index.php/noticias/verNoticia/1312) que “desde el aspecto social, ésta partida número 37000 para pasajes aéreos y viáticos, supera por mucho lo que el Desgobierno Nachista ha dejado de atender a miles de colimenses; por ejemplo, en hemodiálisis, en sus primeros 3 años apenas gastó $6 millones de pesos en ésta enfermedad y en las pensiones a los adultos mayores de 65 y más apenas $5.7 millones de pesos”.
De igual manera, considera que la ciudadanía está en todo su derecho de conocer a cuáles taxis aéreos contrata Nacho para viajar, qué días se encuentra fuera de la ciudad, cuál es la agenda de sus famosas gestiones y a cuáles secretarios o funcionarios federales visita y los resultados de las mismas. “Nadie pedimos que el Desgober no haga su trabajo, ni lo queremos atado de manos para buscar recursos. Pero sí necesitamos que cada peso que gaste en sus traslados y viáticos sean transparentados”, explica.
Escribe que propondrá la reforma “a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal para que quede expresamente claro que toda la información sobre este tema de los vuelos, incluidas las facturas de pagos de taxis aéreos, debe ser pública. Asimismo debemos poner las sanciones de ley en caso de incumplimiento por parte del titular del ejecutivo”.
Por último, afirma que “el daño o perjuicio grave a la sociedad no sólo son los más de 66 millones de pesos que no transparenta, que no dice cómo, cuándo, con quién y para qué se los gasta. Sino también causa agravio generalizado porque no atiende las tareas que le fueron encomendadas como abatir la inseguridad, recorrer el estado para brindar atención directa a la población y coordinar acciones para el desarrollo del estado, entre varias más que le estable el artículo 58 constitucional”.