Al pronunciarse el lunes 25 de noviembre de 2019 sobre el tema de una nueva Ley Orgánica de la Universidad de Colima, el dirigente estatal del PVEM Virgilio Mendoza Amezcua hizo dos afirmaciones sorprendentes:
- En primer lugar, avaló con su presencia la denuncia que hizo Miguel Ángel Sánchez respecto a que esta iniciativa de reforma fue alentada por el diputado priista Rogelio Rueda Sánchez, “quien se ha convertido en el asesor de Morena en el Congreso del Estado” (cita Diario de Colima).
- Pero no menos importante es que el dos veces presidente municipal y ahora regidor porteño de oposición, descartó involucrar a la delegada federal Indira Vizcaíno en “la intentona” (otra vez según Diario de Colima) que Virgilio y los diputados verde-ecologistas en la Legislatura estatal consideran una violación a la autonomía universitaria.
Según la transcripción de Rotativa Libre, ante la acusación que hizo el ex gobernador Fernando Moreno (en su calidad de ex rector de la máxima casa de estudios de la entidad) contra la representante del gobierno de López Obrador de estarse entrometiendo para imponer ciertos temas en el Poder Legislativo, Mendoza Amezcua señaló:
“No, yo soy enemigo de meterme a juzgar si es o no. No comparto esa idea. Respeto (a) quien lo dice. Yo no estoy ahí”. Y al agregar que está concentrado en que el Verde crezca en el estado, reiteró: “No me meto ahí”. Virgilio dejó en claro que no va a andar “llevando y trayendo”.
ES RUEDA: LOS VERDES
Acompañado también por la diputada del PVEM Martha Meza Oregón, Sánchez Verduzco (quien fue coordinador de la bancada de Morena antes de convertirse en diputado del Verde) aseguró que, coincidentes en su posición contra la iniciativa presentada por Vladimir Parra, están no sólo el otro congresista del PVEM, Fernando Escamilla, sino también el coordinador de la diputación petista, Carlos César Farías, y la representante del distrito IX, Lizeth Anaya, de Morena.
Finalmente, Miguel Ángel Sánchez aseguró que su pronunciamiento se daba en el marco del frente legislativo que crearon las bancadas del PVEM y del PT, junto con la diputada Anaya.
PUNTO INTERMEDIO: PT
El martes 26, en rueda de prensa Farías Ramos declaró que “no tiene voceros de ningún tipo” y que, en materia de educación, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene “una ideología”, “una disciplina”, “una forma de atender los trabajos legislativos” y “banderas que protege e impulsa”.
En pocas palabras, que los criterios legislativos del Verde en los que Sánchez Verduzco involucró al PT, no coinciden con “los criterios de Carlos Farías ni mucho menos” con los de la bancada. Los petistas “no tienen voceros”, enfatizó.
De acuerdo a la transmisión de carvajalberber.com, Carlos César Farías no descartó que los petistas puedan coincidir con la postura del Verde. Sin embargo, rechazó pronunciarse sobre la reforma sin antes tener acceso a un estudio de “por qué y para qué se está presentando esa iniciativa”.
Si bien son aliados de Morena, el partido del presidente López Obrador que tiene mayoría en el Congreso, Farías Ramos insistió en que el grupo legislativo del PT se mantiene, respecto al tema de la Ley Orgánica, “en un punto intermedio, razonado y legal”.
La del PT es una postura práctica: la iniciativa fue firmada por nueve diputados que no han explicado a profundidad los motivos que impulsan la reforma, dijo Farías.
¿CUÁL FRENTE?: FARÍAS
Como ni siquiera se leyó en tribuna el documento completo, los petistas no pueden pronunciarse mientras no sepan si la iniciativa va acorde a “los nuevos conceptos y principios que exige la educación”.
En concreto, Farías dijo que apoya la autonomía “educativa” y los principios de una “educación científica, técnica y de conocimientos universales, que no pueden estar sujetos al vaivén político porque, si permitimos esto” cada tres años la educación superior se verá afectada por la política.
Y en cuanto a la existencia de un frente legislativo, Farías dijo que la bancada del PT “no hace frente más que con la razón”, “la legalidad”, “con los intereses del pueblo” y “con el proyecto de nación que impulsa” López Obrador.
Advirtió que como diputado y como bancada sólo apoyarán aquellas “causas justas para el pueblo”, independientemente de qué otra fracción legislativa la proponga. “Las alianzas deben ser donde haya coincidencia de razón y se ajusten a la legalidad”.
Por último, adelantó que cuando se presente el dictamen al pleno todos los diputados del grupo parlamentario del PT “podrán votar en el sentido que sus convicciones lo expresen”. No habrá línea.
POR QUÉ Y PARA QUÉ
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y, en sentido opuesto, la defensa de la autonomía que ha hecho enérgicamente la comunidad universitaria, se dieron ambas en una lógica de conflicto, no de negociación.
El enfrentamiento entre la bancada de Morena y los universitarios, lamentablemente, no abona a esclarecer el propósito de esta pretendida reforma ni permite analizar las circunstancias en las que se desarrolla la vida institucional.
Vale preguntarse, de entrada, si la ley orgánica vigente es obsoleta y requiere una puesta al día. Aunque data de 1980 y 40 años es casi la mitad de la vida de la Universidad, no necesariamente se le puede considerar un documento avejentado puesto que fue una norma muy adelantada a su época.
Por ejemplo, en el tema de la propuesta de Vladimir Parra para que el máximo órgano de la Universidad sea una Junta de Gobierno tal como ocurre en la UNAM, me parece que el actual Consejo Universitario es una figura más avanzada y democrática ya que garantiza la paridad entre maestros y alumnos, dejando al Rector el voto de calidad.
Por lo demás, es ocioso legislar sobre colegiaturas y cuotas de talleres y laboratorios cuando no conocemos los alcances de la política de educación superior del régimen de la 4T. Si la meta del sexenio es la gratuidad, tendrá que diseñar y activar nuevos mecanismos financieros para que las universidades puedan llevar a cabo sus funciones sustantivas, sin restricciones presupuestales.
En términos de oferta educativa, en el proyecto alternativo de nación hay muchos asuntos pendientes de resolver: ¿qué va a pasar con el sistema nacional de bachilleratos, cuando se supone que la educación media-superior ya es obligatoria?, ¿cuál es el modelo lopezobradorista de educación técnica y formación de profesionales asociados?, o ¿cuáles los criterios para abrir y sostener licenciaturas y posgrados?
Hacia una nueva ley orgánica, se vale debatir si en el Consejo Universitario deben tener voz (pero no voto) otros órganos de representación distintos al Sindicato Único de Trabajadores, la Federación de Estudiantes Colimenses o la Federación de Egresados (que tienen voz pero no voto). Bajo los principios de la libre asociación, cabe discutir si deben ampliarse las formas de participación de los universitarios o se mantendría la estructura corporativa.
¿QUÉ ES AUTONOMÍA?
Centrado el debate en el tema de la autonomía, hay que definir qué es eso y en qué términos está garantizada por el artículo 3º, fracción VII, de la Constitución General de la República:
De acuerdo a la carta magna, citada por la diputada priista Guadalupe Berver, la autonomía da facultad y responsabilidad a las universidades para gobernarse a sí mismas; para realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación, y de libre examen y discusión de las ideas; para determinar sus planes y programas de estudio; para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; para administrar su patrimonio.
Ciertamente, la Constitución no habla de otorgar carta blanca para que las universidades públicas ejerzan recursos públicos sin rendir cuentas. Hay casas de estudios que se resisten a abrir sus libros contables, pero la Universidad de Colima es una de las instituciones más auditadas del país.
Los juristas que se han pronunciado sobre el tema coinciden en que sí es facultad del Congreso local legislar en la materia. Pero una reforma sin técnica legislativa y, sobre todo, que no parta de una consulta a los universitarios, sería impolítica y antidemocrática.
El Congreso tendría que consensar la pertinencia de esta iniciativa con las autoridades universitarias, con sus trabajadores (en particular, con los académicos –profesores e investigadores– porque tal es la naturaleza de una institución pública de educación superior), con los estudiantes y con los egresados.
Hay que sondear también a la sociedad colimense que sostiene con sus impuestos a la casa de estudios, porque sin todos esos consensos una iniciativa de nueva ley orgánica difícilmente logrará pasar de la fase de dictamen.
NO TODO ES VOTAR
Por la fuerza, una reforma ajena a la opinión de los universitarios difícilmente conseguiría ser aprobada en el pleno. Si lo hiciera, es presumible que sería vetada por el Ejecutivo y, en ese caso, quizá no alcanzaría las dos terceras partes de la votación. Incluso si fuera votada por una aplastante mayoría, es probable que fuera declarada inconstitucional en una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta es la segunda intentona de reforma a la Ley Orgánica de la U de C que se da en el periodo de Nacho Peralta. La primera corrió a cargo de la bancada panista cuando era mayoría en el Congreso, pero fue desechada cuando los diputados ‘independientes’ al servicio del Gobernador recuperaron el control del Poder Legislativo.
Evidentemente, la iniciativa de Vladimir Parra responde a un momento y a una serie de objetivos políticos: uno de ellos es interpretar, en el contexto local, lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre algunas universidades públicas que quieren más dinero bajo amenaza de irse al paro; otro propósito innegable es influir en la sucesión rectoral de 2021.
En este último fin coinciden, aunque no necesariamente en el mismo sentido, los actores que atacan a la Universidad y también los que la defienden.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.