“No necesitamos los votos del PRI, ni rindió frutos” una hipotética alianza PRI-Morena, dice el coordinador de esta última bancada, Vladimir Parra, haciendo uso de su derecho de réplica a lo expuesto en una entrega anterior de esta misma columna.
El presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso local desglosa la votación que llevó a la aprobación de una reforma a la Ley de Movilidad en el estado que, por un lado, legitima la existencia de los taxis de aplicación (cuestionada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y, por otro, convierte en un derecho universal para todos los escolares, desde primaria hasta posgrado, el descuento del 50% en la tarifa del transporte público.
Los priistas “metieron tres reservas y [en Morena] las votamos en contra con PAN, [las diputadas] independientes, Movimiento Ciudadano, Panal y Ana Karen” Hernández del PT.
Los priistas «votaron en general, pero no eran necesarios sus votos. Y en las reservas se opusieron para intentar que no hubiera grandes cambios” en la legislación, resume Vladimir lo ocurrido en la sesión ‘secreta’ que se realizó el jueves 16 en la sala de juntas.
FUTURO CONDICIONADO
Debemos inferir entonces que la postura del PRI era arreglar el embrollo jurídico para los taxis de aplicación que supuso la redacción de la Ley de Movilidad aprobada por la Legislatura pasada, pero no propiciar el tema del descuento universal.
Este beneficio lesionará la economía de los transportistas –gremio tradicionalmente aliado del Partido Revolucionario Institucional– y dejará a la Federación de Estudiantes Colimenses –la única reserva juvenil que le queda al tricolor– sin la representatividad de gran parte de los usuarios del transporte.
Si se elimina el descuento exclusivo a los estudiantes con credencial de la FEC, ¿por qué tendría que tener la organización estudiantil un asiento en el Consejo Consultivo del Transporte?
Ya hemos dicho que la consecuencia de generalizar el descuento obliga a aumentar las tarifas o, bien, a establecer un subsidio con cargo al presupuesto de egresos ya que el actual beneficio exclusivo para los afiliados a la FEC lo absorben los concesionarios de sus ingresos.
Habrá que cambiar, sin embargo, el tiempo futuro simple por el condicional, y decir que esta reforma ‘habría’ afectado los intereses de dos organizaciones adherentes al PRI porque el gobernador Ignacio Peralta ya anunció la eventualidad de vetar la reforma.
Al negarse a promulgarla, la reforma ‘tendría’ que volver al Congreso para ser ratificada esta vez por las tres cuartas partes de la Diputación. Y eso les ‘daría’ a los operadores políticos del PRI la oportunidad de convencer a algunos congresistas de la ‘inviabilidad financiera’ de este apartado de la reforma.
COMPETENCIA DESLEAL
En cuanto al otro aspecto de la reforma, a los taxistas amarillos les indigna seguramente que, entre las maquinaciones para convertir la Ley de Movilidad modificada en letra muerta, no se incluya regresar el reloj al tiempo en que los Chofer Pro sólo podían prestar servicio violando la ley.
Cumplir con el mandato de la Corte tranquiliza a los empresarios políticos que impulsaron esta franquicia, pero al mismo tiempo entusiasma a otros particulares que quieren incorporarse al negocio del “transporte privado” con una aplicación distinta a la desarrollada en Colima. Esto es, que haya Uber y Cabify además de Chofer Pro. Incluso podríamos ver la normalización de otros servicios de ‘transporte selectos’, que operan en la sombra.
Sin embargo, tal y como hemos visto evolucionar el servicio de Chofer Pro, a las franquicias pioneras de la modalidad de aplicación no les interesa un mercado como el de Colima donde los usuarios pueden pagar en efectivo el viaje, pueden llamarle a su amigo o conocido y arreglarse con él sin reportar a la plataforma el trayecto, o pueden ser abordados en una esquina por el conductor de un automóvil particular que baja la ventanilla y les dice tranquilamente: “Voy para la Villa, ¿le sirve?”
El negocio de Uber es cobrar una comisión por usar la plataforma. A cambio de procesar una transacción bancaria (con tarjeta de crédito o débito) entre pasajero y conductor, la aplicación se supone que garantiza la honorabilidad de uno y otro. A veces olvidamos que la misma desconfianza que puede tener un pasajero del taxista que lo lleva, la siente el chofer cuando le indican como destino una colonia de la periferia.
Los taxis de aplicación están desquiciando el modelo de negocio de los taxis tradicionales, los amarillos. A pesar de que ahora existen más categorías (Estándar y Ejecutivo), los concesionarios deben enfrentar una competencia desleal que no paga impuestos, no tiene que pintar el coche de amarillo y negro, ni siquiera tiene que tener un coche para trabajarlo y otro para el uso familiar.
En lo único en que se empatan ambas modalidades es en el trato a los verdaderos trabajadores del volante: los choferes postureros.
Es verdad que muchos taxis son manejados personalmente por el dueño de las placas o por alguno de sus familiares directos, como es verdad que muchos vehículos de Chofer Pro son manejados por el dueño del coche. Pero en la mayoría de los casos se trata de empleados que no tienen sueldo fijo ni prestaciones sociales, no cotizan para un fondo de retiro y difícilmente logran acreditar su antigüedad a la hora de solicitar unas placas.
EJIDATARIOS DE CIUDAD
Estamos viendo el final de una época. En un futuro no muy lejano los taxis serán vehículos autómatas que el pasajero abordará sin intermediación de un chofer. Por lo pronto, estamos entrando a la era del transporte de cuates, a la ciudadanización de un servicio que fue extremadamente regulado, al grado no se le permitía adaptarse a las necesidades del mercado.
En Colima debería haber coches de sitio pero también ruleteros, peseros y microbuses; vehículos de todo tipo, haciendo servicios particulares, grupales y colectivos, de acuerdo a las necesidades del usuario. En cambio, seguimos atados al modelo de hombre–taxi y hombre-camión, sin derechos básicos para el pasajero como el de transbordo sin costo; con camiones suburbanos que pueden dejar pero no levantar pasaje cuando entran a la zona conurbada o taxis de pueblo que deben regresar vacíos después de hacer un viaje a la ciudad.
Es el colmo que la gente confíe más en un conductor que maneja un vehículo sin ninguna seña, sólo porque lo contactó por el celular. A esta desconfianza en los servicios regulares, es decir, los uniformados y sometidos a una férrea reglamentación, contribuyó en las grandes ciudades la inseguridad a la que se exponía el pasajero que paraba un taxi en la calle y, en lugares como Colima, la mala apariencia del vehículo y del taxista, la incomodidad, la desproporción de las tarifas en función de la distancia recorrida y los constantes abusos en el cobro del viaje.
Por lo demás, los taxis de aplicación es la manera que el Estado encontró para terminar con la propiedad social de este servicio: los taxistas ya no son vistos como los ejidatarios de la ciudad.
Se acabó el taxi como patrimonio familiar, a como van las cosas nadie estará dispuesto a comprar el traspaso de una placas del Sitio Libertad en casi dos millones de pesos.
Y se acabó la fuerza corporativa de las organizaciones priistas. ¿Quién querría formarse en la fila de la CTM o la CNOP para ver si le toca una concesión al finalizar el sexenio, cuando es más fácil bajar la aplicación de Uber?
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