Ni la aplastante victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador ni la proximidad del fin del régimen priista han cambiado las condiciones de inseguridad para los periodistas mexicanos.
Mario Gómez, periodista de El Heraldo de Chiapas, fue asesinado la tarde del viernes 21 de septiembre cuando salía de su casa en el municipio de Yajalón, en la selva chiapaneca.
De acuerdo a la nota de El País que cita a amigos y colegas de Gómez, dos hombres dispararon contra el reportero hiriéndolo en el abdomen, por lo que fue trasladado a un hospital local donde finalmente falleció. Los agresores huyeron del lugar sin ser detenidos.
Según datos difundidos por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Gómez es el noveno periodista asesinado en México en lo que va del año.
Apenas el pasado 29 de agosto fue encontrado el cuerpo de Javier Rodríguez Valladares, camarógrafo de Canal 10 de Cancún, quien fue asesinado a tiros. La Fiscalía de Quintana Roo había descartado en un inicio que su muerte fuera “un ataque directo a la libertad de expresión” porque, según ellos, estaba fuera de su horario laboral y no portaba uniforme.
Y poco antes, el 6 de agosto, el fotoperiodista de 45 años Rodolfo García González fue hallado muerto en la localidad de Valle de Santiago, Guanajuato, sobre el asfalto y a un costado de su motocicleta, con varios disparos de fuego.
Este periodista colaboraba con semanarios locales, como Día7 y Nuevo Milenio, algunos de los cuales solo existen en las redes sociales. Y como muchos fotógrafos de pequeñas ciudades, también hacía retratos y documentaba bodas y eventos sociales.
“En este caso no se trata de drogas o huachicoleo (robo de combustible) pues el fotógrafo era bien conocido en sus actividades en los templos y eventos y colaboraba ocasionalmente con algunos medios”, aseguró el semanario Día 7 en un editorial.
Víctima del narcomenudeo
Según un informe de “Reporteros Sin Fronteras” (RSF) que cifra en 21 los periodistas desaparecidos, México ha sido considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo al mismo nivel que Siria.
Las investigaciones que ha hecho por su parte Artículo 19, con oficinas en México, detallan que en el 96% de las desapariciones se ha identificado un antecedente de la cobertura informativa relacionada con temas de corrupción y de seguridad. Es el caso de Mario Gómez, como se desprende de las declaraciones de sus colegas.
El Heraldo de Chiapas condenó el asesinato de su colaborador y exigió a las autoridades esclarecer los hechos: “Ante esta situación pedimos una investigación exhaustiva para dar con los responsables de este hecho”, manifestó en una nota editorial publicada en su sitio de internet.
Isaín Mandujano, amigo de Gómez y periodista en Chiapas, aseguró que su compañero ya había puesto una denuncia en la Fiscalía General del Estado por amenazas de muerte en su contra. Pero no fue sino hasta después del crimen que las autoridades locales implementaron medidas de protección para los familiares de Gómez.
La Fiscalía se pronunció poco después de que se diesen a conocer los hechos en la prensa. En su cuenta de Twitter condenó el asesinato asegurando que “habrá castigo para los responsables”.
Tres días después del homicidio se dio a conocer que los autores del ataque pertenecen a una banda de narcomenudistas del municipio de Yajalón, Chiapas. Lo que lleva a El País a decir que este asesinato subraya el peligro que acecha a los periodistas en México.
No más periodistas muertos
“La primera línea de investigación es la labor periodística”, declaró al respecto Luis Alberto Sánchez, fiscal de Homicidios de la Procuraduría estatal. La venta de drogas en la zona de Yajalón era uno de los temas que daba cuenta Mario Gómez.
Las autoridades locales detuvieron al presunto narcomenudista Juan Pablo “N”, quien según la Fiscalía se encargó de vigilar al reportero minutos antes de su asesinato.
El detenido forma parte de una red de contrabando de drogas municipal que lidera, supuestamente, Juan David Martínez Trujillo, El Machaca, y Óscar Leyver Acosta González, El Zapatudo. Las autoridades ofrecen 300 mil pesos de recompensa para las personas que ayuden a su captura.
Una cámara de vigilancia captó el momento preciso del asesinato. El reportero, de 40 años, salía de su domicilio cuando fue atacado a tiros por dos personas a bordo de una motocicleta. Las balas lo hirieron en el brazo izquierdo, tórax, codo y glúteo.
Además del narcomenudeo, Mario Gómez cubría temas electorales, de política, desapariciones, medioambiente e inseguridad.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del corresponsal: “La investigación del presente homicidio debe ser ejemplar y producir resultados. No puede quedar impune este atroz crimen”, expresó Jan Jarab, representante de la ONU-DH del país.
A esta exigencia se sumaron las voces de otros colegas y activistas. Con pancartas con mensajes como “Justicia para Mario Gómez” y “No más periodistas muertos”, los reporteros del Chiapas demandaron al gobierno garantías para ejercer el periodismo.
El gobierno del ecologista Manuel Velasco ha tenido otras prioridades, entre ellas reformar la Constitución local para permitir que un mandatario en funciones pudiera solicitar licencia para separarse del cargo, contender por un escaño en el Senado por la vía de lista nacional, dejando en el Poder Ejecutivo a un interino, y regresar a Chiapas tras pedir licencia en la cámara alta para fungir como gobernador sustituto de sí mismo.
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