Con la solicitud de licencia del interino Luis Enrique Orozco, el gobernador constitucional Samuel García reasumió las labores para las cuales había, a su vez, solicitado licencia con miras a participar en el proceso electoral del próximo año como candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano (MC).
Se pudo haber quedado como el perro de las dos tortas. Y aunque la nominación emecista está ya fuera de su alcance, Samuel por lo menos recupera la gubernatura antes de los seis meses que tenía de vigencia el periodo para el cual el Congreso de Nuevo León –donde la bancada de MC es minoría– designó al interino.
En realidad, García Sepúlveda había recuperado el poder (si es que en algún momento dejó de ejercerlo a través del encargado de despacho) desde el 2 de diciembre pasado, cuando hizo pública su renuncia a la aspiración presidencial y su reincorporación al cargo para el cual fue electo en 2021.
Para ello, le avisó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Congreso local que reasumía funciones, especificando a los reporteros que lo entrevistaban que “no requiero el aval del Congreso para volver a la gubernatura” y aclarándoles que, por eso mismo, no incurría en desacato.
“No hay ninguna incertidumbre porque una licencia es un derecho humano de la persona, no es una obligación. Cuando yo decidí no participar y no usar la licencia en automático como gobernador constitucional reasumo funciones, desairo la licencia y eso es suficiente”. dijo. Y añadió que los medios de comunicación y “pseudo abogados” fueron los que inventaron eso de que en Nuevo León durante tres días hubo “dos gobernadores”.
NOVELEÓN
La telenovela política que se desarrolló en Nuevo León (o Noveleón, como dijo alguien) se resume en la secuencia de actos jurídicos que tuvieron como eje a la persona de Samuel, doctor en Derecho aunque usted no lo crea:
–García Sepúlveda asumió el poder el 4 de octubre de 2021, relevando en el cargo a Jaime Rodríguez ‘El Bronco’.
–El 25 de octubre de 2023, Samuel pidió licencia al Congreso, solicitud que fue avalada con 38 votos a favor y 3 abstenciones. Sería efectiva a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio del próximo año, cuando se lleven a cabo las elecciones presidenciales. Con ello, si no le favorecían los resultados electorales, García hubiera podido regresar a su cargo. Para ocupar el interinato, Samuel pensó en su secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco.
–Aunque el Congreso local aceptó la licencia de García, designó al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas Garza, como gobernador interino del estado a partir de que la licencia entrase en vigor.
–Samuel impugnó la designación del suplente, acusando que el nombramiento de Salinas Garza era “ilegal” y una “imposición del Congreso”.
–El 13 de noviembre, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, anuló provisionalmente los nombramientos de Javier Navarro Velasco y de Arturo Salinas Garza, y pidió al Congreso designar a un nuevo gobernador interino.
DOS GOBERNADORES
El culebrón se enredó todavía más:
–El 20 de noviembre, Samuel decidió tomar licencia de su cargo amparándose en que la ley lo faculta a dejar la gubernatura hasta por 45 días sin necesidad de aprobación del Congreso. Su ausencia fue cubierta por Javier Navarro Velasco en calidad de encargado de despacho durante una semana, hasta el retorno de García a la gubernatura el 28 de noviembre.
–Obviando la decisión de García Sepúlveda y diciendo acatar el mandato de la Corte el 29 de noviembre, la LXXVI Legislatura designó al vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, como gobernador interino del estado con el apoyo de 25 de los 42 diputados estatales.
–El nombramiento fue rechazado por el gobernador Samuel García, quien promovió una controversia ante la Suprema Corte, máximo tribunal que determinó, el 1 de diciembre, que la vacancia debía ser cubierta por Orozco debido a que fue la persona designada por el Congreso. Como primeramente jueces federales habían otorgado amparos que permitirían a Javier Navarro ser nuevamente el encargado de despacho, horas más tarde la SCJN ratificó a Luis Enrique Orozco como gobernador interino.
–Orozco asumió como interino a la media noche del 2 de diciembre, pero hora y media después Samuel García anunció que regresaba a ocupar el cargo de gobernador. El Congreso estatal no avaló su retorno porque no se habían cumplido los seis meses de licencia y, más tarde, aseguró que la licencia seguía vigente y, por lo tanto, Orozco continuaba siendo gobernador interino en funciones.
Y, entonces, cuando se especulaba con la posibilidad de que la Corte declarara a García en desacato o que el Senado declarara la desaparición de poderes en Nuevo León para luego designar al gobernador interino que debería convocar a elecciones extraordinarias, vino el desenlace:
–El 4 de diciembre, Orozco presentó su renuncia con el objetivo de quitar las trabas para que Samuel García regresara de manera formal al poder.
INTERINATO PATÉTICO
No le quedaba de otra, tuvo que hacerse a un lado. Samuel García amenazaba con crear “una crisis de gobernabilidad”, dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, Arturo Salinas, quien acompañado por el diputado presidente del Congreso, Mauro Guerra Villarreal, flanquearon a Orozco mientras daba su mensaje de renuncia en el Salón Bicentenario del Palacio Legislativo.
Samuel mantuvo el control del gobierno luego que entrara en vigor la licencia. Cuando cerca de las 3:30 de la madrugada del 2 de diciembre Orozco quiso ingresar al Palacio de Gobierno, cuenta el interino de papel, “encontré un edificio cerrado” y todavía en ese momento continuaba así. El exfiscal no pudo “entablar diálogo con el gobernador con licencia Samuel García por no haberlo encontrado presente en su despacho”.
En las declaraciones que dio al salir de la oficina del secretario general de Gobierno, Orozco hizo notar “la serie de obstáculos” que se encontró dentro de la sede del Ejecutivo: “vallas para contener turbas o multitudes y muchos elementos policiales, con equipos antimotines”.
Y mientras Orozco hablaba con los medios, Navarro, el interino in pectore de Samuel, le entregó “un documento informal… en el que me comunicaba la intención del doctor [García] de reasumir sus funciones como gobernador”.
Para Orozco, Navarro actuó “en contra de la más elemental cortesía política y justificación jurídica, toda vez que el secretario general de Gobierno está subordinado al Poder Ejecutivo”. No quiso ver que, evidentemente, para el encargado del despacho el titular de ese poder nunca dejó de ser Samuel García.
La narrativa de Orozco es patética: les pidió a “todos los secretarios del gabinete estatal (…) un informe sobre el estado que guardaba la administración” pública centralizada y descentralizada, pero la comunicación la hizo por un correo personal que tuvo que crear “en forma provisional desde mi computadora personal, porque en ningún momento hasta éste se me proporcionó un solo recurso para ejercer adecuadamente mi encargo”.
Y cuando “a las 7 de la mañana me apersoné en el campo policial número uno de la institución Fuerza Civil”, se le negó el paso: elementos policiales obstruyeron el acceso a su vehículo “y tuve que descender caminando para ingresar a sus instalaciones”. Ya dentro, el gobernador interino no pudo hacer cumplir la orden de formar al personal para pasar revista. Cuarenta y cinco minutos después de la hora citada, el comisario general de la institución, muy “diligente y amable conmigo”, le expresó que la ceremonia no fue posible “debido a la indefinición del rol de mando”, con lo cual dejó en claro “su subordinación al doctor Samuel García”.
SUPREMACÍA FOSFO
Por su parte, Samuel García llegó después de las 11:00 horas del lunes 4 de diciembre a un Palacio de Gobierno que ya no estaba blindado por la Fuerza Civil, pero cuya puerta principal permanecía cerrada. Ahí, sostuvo una reunión con el embajador de Reino Unido, Jon Benjamin. Y cuando a su entrada al recinto fue cuestionado sobre las acusaciones de la oposición de estar usurpando funciones, el emecista fue contundente: “Soy el gobernador constitucional de Nuevo León”.
Puesto que como gobernador con licencia, Samuel García se comportó en todo momento como gobernante de facto, incluso haciendo alarde del mando sobre la fuerza pública, no se entendería la preocupación de Andrés Manuel López Obrador frente a unos ministros de la SCJN que, dijo, “son capaces de dar golpe de Estado” en Nuevo León.
Claro, el presidente señaló esto durante la mañanera cuando todavía no declinaba Orozco y se mantenía la incertidumbre sobre cuál de los dos gobernadores era el legítimo. Pero lo que AMLO afirmó es que Samuel García es, por derecho, el mandatario de Nuevo León pues fue electo por la voluntad popular en las elecciones de 2021.
La comentocracia vio en este respaldo de Andrés Manuel a Samuel la prueba concluyente de la alianza electoral que el presidente de la república y el gobernador de Nuevo León conformaron, sin otro objetivo –dicen quienes imaginan a López Obrador como un genial conspirador– que minar las posibilidades electorales de la candidata presidencial del PRIANRD, Xóchitl Gálvez.
En cartones políticos y memes mostraron a Samuel como un títere. Los columnistas lo llamaron sin pudor “esquirol”. Pero todas estas lecturas del papel de García Sepúlveda en la competencia electoral se centran en lo conveniente, supuestamente, que resultaba para Morena el surgimiento de un tercero en discordia en una elección que, sólo en la fantasía de la derecha mediática, está cerrada. Y obvian el cálculo de los potenciales dividendos políticos que el dirigente de MC, Dante Delgado, y el propio Samuel hicieron de los comicios de 2024.
De eso hablaremos en una siguiente entrega de esta columna.
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