¿Por qué Humberto Moreira demandó a Sergio Aguayo? De acuerdo al relato que hizo Infobae (https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/29/la-verdad-detras-de-la-confrontacion-entre-denise-dresser-y-lopez-obrador-por-sergio-aguayo-quien-tiene-la-razon/), el ex gobernador y ex dirigente nacional priista interpuso la demanda en contra del periodista en junio de 2016, luego de que Aguayo publicara en el periódico Reforma –cuando el ex funcionario estaba preso en España– una columna en la que decía que la carrera política de Moreira “olía” a corrupción y era un ejemplo de impunidad.
“Es un político que desprende (un) hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidas en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió entonces.
Según el dicho de Moreira, las palabras de Aguayo en esa columna lo “ofendieron, insultaron, calumniaron”; atentando contra sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”. Por ello, demandó al menos 10 millones de pesos para “mitigar el daño moral”.
ACCIÓN INTIMIDATORIA
Como la demanda se desarrolló a la par que Aguayo realizaba una investigación sobre los crímenes cometidos por Los Zetas en Allende y Piedras Negras durante el mandato de Moreira (2005-2011), el coautor de El Yugo Zeta: norte de Coahuila 2010-2011 (El Colegio de México, 2018) consideró que el único propósito de la acción judicial fue intimidarlo.
También, en su momento, Aguayo denunció que durante los primeros seis meses en los que se desarrolló el litigio, el juez que llevaba el asunto concedía a los abogados del ex gobernador todas sus peticiones. Fue hasta febrero de 2017, gracias a quejas que interpuso ante el Poder Judicial capitalino, que el caso pasó al juez décimosexto de lo civil, Francisco Castillo González, quien falló a favor de Aguayo en abril del año pasado.
“Mi caso evidencia que los métodos de acoso a los periodistas en México no sólo consisten en amenazas de muerte, sino también en el hostigamiento judicial. Muchos colegas, sobre todo de fuera de la capital, no han tenido tanta suerte como yo y hasta han tenido que hipotecar su casa para hacer frente a los costos del juicio”, dijo en una entrevista.
A Aguayo esta lucha legal le había costado, hasta ese entonces, más de 400 mil pesos aun cuando el bufete de abogados que lo representó lo hizo sin cobrarle. No obstante, tuvo que desembolsar el 28 de enero otros 450 mil pesos como garantía, para suspender la orden de embargo de bienes que se autorizó luego que José Francisco Huber Olea, magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sentenciara al periodista a pagar 10 millones de pesos a Moreira.
El pasado 12 de octubre, Aguayo aseguró que promovería el amparo contra la demanda interpuesta por Moreira. Asimismo, el también docente dijo que seguirá indagando sobre la violencia sucedida en aquella entidad durante la gestión del ex priista, resume Infobae.
REFORMA QUE CONFUNDE
En sus redes sociales, Sergio Aguayo agradeció la solidaridad que mostró la periodista Denise Dresser al “interpelar cívicamente” al presidente Andrés Manuel López Obrador (https://www.reporteindigo.com/reporte/aguayo-agradece-a-dresser-fuiste-digna-firme-y-mesurada-ante-amlo/).
Para el académico, la acción de Dresser es ejemplar. Sin embargo, lamentó la respuesta del presidente López Obrador:
“@DeniseDresserG fue digna, firme y mesurada ante el Presidente. Un ejemplo de interpelación cívica. Le agradezco la solidaridad hacia mi caso. Fue una lástima que el Presidente evadiera responder con claridad sobre la relación entre periodistas y políticos”, escribió.
Como es sabido, la politóloga asistió el pasado 29 de enero a la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde cuestionó al Presidente por las supuestas reformas que limitarían la libertad de expresión de los periodistas.
En relación con el litigio entre Aguayo y Moreira, Dresser preguntó al presidente si éste se comprometía a condenar cualquier ley que represente una limitación al derecho de opinar y discrepar. AMLO señaló que su gobierno garantizará en todo momento esos derechos fundamentales.
De acuerdo al relato que hace Infobae, el gobierno federal preparó un paquete de reformas al sistema de justicia, ofreció que se buscaría evitar la puerta giratoria para los criminales, impulsar la justicia cívica a través del servicio comunitario y detener la violencia desde que germina.
El pasado 15 de enero, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, delinearon las propuestas de dictamen que presentaran, de manera formal, el próximo 1 de febrero, cuando inicie el periodo de sesiones en el Senado de la República.
“Vemos a México con un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere de una nueva norma para la persecución de los delitos, así vamos a proponer, de común acuerdo con la Fiscalía General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), una Ley Nacional de Justicia Cívica, un código Penal Nacional, un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, un Código de Ejecución Penal, un Sistema de Justicia para Adolescentes. Esto pretende formar un nuevo código penal y delinear el nuevo sistema de justicia que queremos para nuestro país”, manifestó Scherer.
PUERTA GIRATORIA
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, admitió que todas las reformas que se han hecho sólo han generado más problemas, por eso propuso detener el delito desde que es un “germen”.
“Si ustedes ven la cantidad de reformas y de leyes que se han hecho en los últimos 20 años en esta materia, se sorprenderían. ¿Por qué? Porque es tal el número que se ha hecho, como el número de problemas que se han multiplicado. Quiere decir que eso no funciona. En atención a todo esto, nosotros tenemos la convicción absoluta de que el delito y la seguridad tienen que detenerse en el momento de que son un germen, en el momento en que comienza el problema; comienza el problema en la vida cotidiana de cada uno de nosotros”, argumentó.
Ese día solo presentaron los propósitos de la reforma, puesto que no se entregaron las iniciativas de ley ni los anteproyectos de decreto que circularon de manera profusa entre asesores legislativos, entre los cuales, estaba el que propone una reforma penal, que según expertos, criminalizaría la libertad de expresión de los mexicanos al revivir delitos como la injuria, la calumnia, la difamación y la ofensa a las instituciones.
Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19 en México, advirtió que estos crímenes, que se han despenalizado a nivel federal y en la mayoría de los estados desde 2006, se tipifican de nuevo en un Código Penal único, una iniciativa adjudicada a la Fiscalía General de la República (FGR) cuyo borrador circuló entre asesores de los senadores.
Días después de que se filtraran los anteproyectos de Reformas, la FGR desconoció la autoría del proyecto de reformas legales que le ha sido atribuido y que propone medidas como la ampliación del arraigo domiciliario a todos los delitos y la penalización de la difamación, concluye Infobae.
Sumado a ese deslinde de la Fiscalía, como ya se ha publicado (https://www.elmanana.com/rechaza-leyes-contra-los-periodistas-rechaza-leyes-periodistas/5012944) cuando Denise Dresser interpeló al Presidente sobre la cuestión, López Obrador aseguró tajante:
“No va a pasar y vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie, no lo hemos hecho. A diferencia de los conservadores, tenemos ideales, principios, pero sobre todo nos importa mucho aplicar el principio de que la política es un imperativo ético, nos importa mucho la moral pública. El conservadurismo, su doctrina, es la hipocresía. Somos distintos, somos diferentes.
“Hay quienes, por falta de información, nos confunden. Y hay quienes, porque tienen posturas distintas, inventan, difaman, con la máxima del periodismo de que ‘lo que no mancha, tizna’”.
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