OMBUDSMAN MORENISTA

Dada la polémica que se dio en torno a la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en algunos círculos se esperaba que la oposición partidista en Colima cuestionara la elección de un ombudsman local tan abiertamente vinculado con el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación.

Máxime que José Manuel Vega Zúñiga vino a sustituir a un político completamente identificado con el PRI que, además, había buscado su reelección: Roberto Ramírez.

En los años que le tocó convivir con el gobierno de Indira Vizcaíno como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ramírez no desaprovechó la oportunidad de interpretar como actos de represión política el uso de la fuerza pública, por ejemplo cuando lanzaron gases lacrimógenos sobre las manifestantes del 8M que pretendían quemar la puerta de Palacio de Gobierno.

Ramírez llegó incluso a hacer recomendaciones sobre eventos que no siempre tenían que ver con la materia que él debía salvaguardar, como el retraso en las obras de ampliación de la autopista.

Y, de este modo, terminó ubicando al órgano autónomo en la cuenta de activos de la oposición. No por nada, liderazgos priístas en la entidad consideraron seriamente la posibilidad de postularlo a un cargo de elección en 2024.

Que Manuel Vega sea un abierto simpatizante de las causas progresistas y promotor de Morena en la entidad desde hace varios años, no hizo menos legal su elección. Como tampoco el hecho de que Ramírez se definiera como una voz contestatario al Poder Ejecutivo a partir de 2021, legítimó su gestión.

Renuente a hacer una calificación sobre la militancia y el desempeño de su antecesor, en la conversación que transmitimos por CarvajalBerber en Fecebook Live el 9 de diciembre de 2024 Manuel Vega comenta que la diferencia entre su perfil y el de Roberto Ramírez se explica, sencillamente, porque en 2020 había en el Congreso una composición dominada por una fuerza política distinta a la de ahora.

En ninguno de estos casos la mayoría legislativa pensó en un comisionado que actuara como un contrapeso al gobierno o como un actor de la oposición. La CEDH es un órgano del Estado, obligado a actuar con imparcialidad frente a las diferentes autoridades del orden estatal o municipal provengan de la fuerza política que provengan, sostiene Vega.

PESA COMO PIEDRA

No hay regla que señale dar este órgano autónomo a una fuerza minoritaria, y la ley tampoco ordena colocar ahí al profesional más calificado académicamente en la materia. Las designaciones que hace el poder legislativo no sólo siguen un criterio técnico jurídico, sino que también se toman con un sentido político jurídico, explica Vega.

El Congreso es un órgano político y corresponde a la fuerza dominante decidir qué perfiles debe impulsar en determinados espacios. Son contextos políticos distintos: que acabara el cargo en manos de la oposición como pasó con Ramírez, fue consecuencia de las circunstancias en las legislaturas que siguieron a la que lo designó.

Aunque tenga autonomía constitucional para su operatividad interna y manejo financiero, la CEDH es un órgano del Estado; no es un activo de la oposición ni de la iniciativa privada. “En mi caso, las fuerzas oficialistas y algunas de oposición consideraron que el mío era un buen perfil”, comenta Vega. Otras bancadas simplemente se abstuvieron, dejando entrever que no había razón para votar en contra.

Tampoco es “mi papel erigirme en juez” de Rosario Piedra Ibarra. La reelección de la presidenta de la CNDH tuvo “una complejidad que se tradujo mediáticamente”. Es verdad que hubo perfiles con una evaluación mucho más alta, pero ese criterio sólo tenía una función orientadora. Por eso, Ibarra fue incluida en la terna pese a que hubo tres puntajes mayores a los de ella. “Hubo razones políticas para hacerlo”.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, Nayeli Ramírez, fue la mejor evaluada. Y su trabajo en el gobierno capitalino al lado de la actual mandataria federal hacía ver como natural su paso a la CNDH. “Si te soy sincero, hay cosas que yo tampoco entiendo”, admite Vega.

Al final, en la deliberación política determinaron dar una segunda gestión a la hija de Rosario Ibarra de Piedra. “Personalmente, me entusiasmaba la idea de un posible cambio. Sin embargo, reitero mi respeto para Rosario Piedra”, enfatiza el entrevistado.

¿NO TOCABA MUJER?

Ni la oposición ni el oficialismo saltaron ante una asignatura casi obligatoria en este sexenio de mujeres: la equidad de género. A la presidencia de un hombre tendría que haber seguido, en esta lógica, una mujer en la presidencia de la CEDH. Sobre todo cuando en la coyuntura que llevó al nombramiento de Roberto Ramírez, el tema de género fue crucial.

En la lista de aspirantes de la que formó parte en 2019, había un número desproporcionado de mujeres en relación con los pocos varones que buscaron el cargo, entre ellos Sabino Hermilo Flores que pretendía ser reelecto. En un proceso que se tardó más de un año, ya estaba aprobado un dictamen con una terna conformada sólo por mujeres cuando la bancada de Movimiento Ciudadano cuestionó que eso también podía ser discriminatorio.

A la distancia, Manuel Vega considera que una terna exclusivamente femenina era totalmente factible y viable legalmente. Sin embargo, se integró una nueva propuesta en la que, para representar al género excluido, metieron a Roberto Ramírez en razón de que él había sido el candidato, contando hombres y mujeres, con el mayor puntaje asignado por el comité técnico ciudadano. Y “él quedó”.

“La alternancia en materia de género es saludable y necesaria, además de ser un mandato constitucional. Pero en los órganos unipersonales como es la CEDH, el tema de la paridad no funciona como en los órganos colegiados tipo cabildo o congreso”, comenta Vega.

ESE SEÑOR, DON GUZMÁN

La equidad de género también ha llevado a visibilizar a las mujeres en el nombre que universalmente se le da a la figura. Ombudsman es un término sueco que significa ‘representante’ o ‘defensor del pueblo’ y, como en el inglés, el sufijo man alude en lengua sueca a una persona del sexo masculino. De ahí que, aplicando el lenguaje inclusivo, se hable ahora de una ombudsperson.

En México, hasta hace algunos años la palabra era sólo conocida en los círculos académicos. Se evoca en el blog de la CNDH[1] que Héctor Fix Zamudio –uno de los impulsores y estudiosos de la figura del ombudsman en nuestro país– impartió una conferencia y, al término de la misma, un grupo de estudiantes se le acercó para pedirle que les siguiera platicando “de ese señor Don Guzmán que defendía los derechos humanos”.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creada el 6 de junio de 1990, para evitar confusiones con el término en marzo de 2018, durante el XXII Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) realizado en la ciudad de Panamá, la CNDH propuso utilizar la palabra ombudsperson en lugar de ombudsman.

A Manuel Vega le gustaría “que hubiera un nombre en español. Ombudsman u ombudsperson son dos palabras para un concepto que no acaba de encajar en nuestra cultura político jurídica”: ‘procurador del pueblo’, remite al fiscal general de Justicia; ‘defensor del pueblo’, alude al abogado de oficio; ‘comisionado de los Derechos Humanos’, es muy largo.

“Habrá que encontrar un término que no se confunda con otro concepto, y que signifique en castellano exactamente la función pública que queremos describir.”

¿DEBE SER ABOGADO?

Ahora bien, ¿tienen que ser necesariamente abogados los presidentes de la comisión?

Lo fueron Ángel Reyes Navarro, Roberto Chapula de la Mora, Sabino Hermilo Flores y Roberto Ramírez antes de Manuel Vega, quien también es abogado con un posgrado en Derechos Humanos, la misma especialidad que tiene su antecesor.

Vega cursó una maestría interdisciplinar en la que, señala, había egresados de muchas disciplinas (antropología, filosofía, pedagogía, comunicación, trabajo social…) que vinieron a enriquecer desde su formación académica la visión de esos derechos.

La ley orgánica en Colima establece que debe ser abogado, pero “no necesariamente tendría que serlo el presidente de la comisión pues, para eso, tiene las visitadurías que sí hacen una labor técnica jurídica”. Hay otros estados en donde la titularidad del órgano no tiene este señalamiento de un determinado perfil profesional.

Del gremio abogadil han surgido todos los aspirantes elegibles para este cargo. Los profesionales del Derecho son, además, mayoría en el consejo ciudadano que valora la idoneidad de los aspirantes. En Colima, el comité técnico está integrado por cinco personas: dos provienentes de la academia (uno de una universidad pública y, otro, de una privada), dos abogados litigantes destacados en el ejercicio del derecho, y un representante de las asociaciones civiles.

Es una de las ramas de la ciencia jurídica que más ha avanzado en su construcción téorica en los últimos años, pero –como dice Vega– el respeto a los derechos humanos se debe manifestar en todos los aspectos de la vida de las personas. En el ámbito de su competencia, la CEDH sólo tiene que ver con la actuación de autoridades y no en la interacción entre particulares. Si se da una presunta violación a los derechos humanos en una relación entre particulares, serán otras las instancias que lo resuelvan.

Ahora bien, no todos los casos se pueden resolver mediante un expediente jurisdiccional o incluso no jurisdiccional. Por ejemplo, hay trabajadores que reclaman que les violentan sus derechos humanos cuando el patrón les mueve el horario laboral conforme a las necesidades del servicio que presta.

CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS

En cuanto al mecanismo legal que convirtió a Vega Zúñiga en el nuevo ombudsman del estado de Colima, la Ley Orgánica de la CEDH establece el proceso claramente:

El Congreso local emite una convocatoria pública a través de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos; se abre un periodo de inscripción y, finalmente, un comité técnico ciudadano verifica que los aspirantes cumplan los requisitos de elegibilidad.

Los inscritos que aprueben son citados a comparecer ante la comisión legislativa para exponer su plan de trabajo, así como a responder a preguntas específicas. El proyecto que Manuel Vega presentó a los diputados contempla encontrar mecanismos de coordinación interinstitucional para, con eficacia, buscar resolver de fondo las razones de las quejas que le sean presentadas, con una visión de justicia restaurativa.

La comisión legislativa que integró la terna la conforman tres diputados que pertenecen a la bancada de Morena: Gustavo Larios, Mirella Martínez y Yommira Carrillo, quienes decidieron sobre la lista que les presentó el comité técnico.

La función de este comité es orientadora. El puntaje que les asignan los expertos a los aspirantes no es determinante, pero sirve como criterio a los diputados de la comisión. Sin embargo, a diferencia de Rosario Piedra, Manuel Vega sí tuvo la mayor calificación de los aspirantes que cumplieron los requisitos. De hecho, los tres punteros integraron la terna en Colima.

Finalmente, la terna se debe presentar al pleno del Congreso local que, por mayoría calificada (17 de 25 diputados), elige al nuevo presidente. La candidatura de Manuel Vega recibió 19 votos.

ASUNTOS INTERNOS

En cuanto a la identificación ideológica entre el nuevo comisionado estatal y el partido gobernante en Colima, Manuel Vega hace a un lado su condición de titular de la CEDH para volver a sus tiempos de estudioso de los fenómenos del poder:

Que el defensor de los derechos humanos sea un personaje afín o contrario al gobierno cuyos abusos tendrá que señalar, como ya vimos “depende del contexto político de cada entidad”. La fuerza mayoritaria al interior del Congreso no necesariamente tiene que dejar, por un prurito democrático, el órgano autónomo en manos de la oposición.

Roberto Ramírez terminó siendo una voz contestaria en una interlegislatura donde un parlamento dominado por una determinada fuerza política hizo un nombramiento transexenal que, cuando vino la alternancia en el gobierno, se rebeló contrario al nuevo régimen.

Así es como un funcionario del Estado –lo mismo un fiscal general que un ombudsman o un auditor superior–, acaba siendo de oposición simplemente porque el partido ahora hegemónico es distinto al que lo nombró.

Por lo demás, que la comisión legislativa que elaboró la terna de la que salió Manuel Vega esté integrada exclusivamente por militantes del partido guinda, es resultado de los cambios a la ley orgánica de la CEDH promovidos por Roberto Ramírez para que ya no fuera una comisión conjunta entre la de Justicia, Gobernación y Poderes y la comisión de Derechos Humanos las que definieran a los finalistas, sino únicamente esta última.

ABOGADO DEL DIABLO

¿Se le complica la función al ombudsman cuando tiene cercanía con el gobierno en turno?, le preguntamos a Manuel Vega.

“Espero que los hechos hablen por sí solos y haya madurez de ambas partes. He tenido reuniones con los titulares de las dependencias señaladas para darle seguimiento a los expedientes que están abiertos. Mi posición es que, en los casos que haya posibilidad alterna al conflicto, así se hará. Pero en los casos en los que la naturaleza de la queja sea un hecho constitutivo de delitos por violación a los derechos humanos, se seguirá el cauce ordinario hasta llegar a una eventual recomendación. A todos nos conviene una pronta resolución del caso, en lugar de entramparnos en un expediente burocratizado y un proceso largo.”

La afinidad de Vega es con el partido en el gobierno del estado, pero hay pluralidad política en los ayuntamientos. Tanto en la policía estatal como en las municipales, hay que prevenir las circunstancias que llevan a la violación de derechos humanos. “Se ha ido avanzando en la dignificación de las condiciones laborales; es decir, cómo operan y hacen su trabajo”.

En los hechos donde intervengan autoridades federales, la CEDH no puede seguir el proceso de sustanciación (solicitar el informe justificado y los elementos de prueba), valoración y eventual recomendación, porque es competencia de la Comisión Nacional. Sin embargo, en los casos que tengan que ver con población en territorio colimense se puede presentar la queja ante la Comisión Estatal que, como mesa receptora, lo encauza a la delegación regional de la CNDH en Aguascalientes.

¿MÁS DIENTES PARA LA CEDH?

Con experiencia profesional tanto en la propia CEDH (un organismo no jurisdiccional) como en tribunales (instancias jurisdiccionales por definición), Manuel Vega coincide en que debemos pasar al siguiente nivel en la protección de los derechos humanos. Pero eso no implica que las recomendaciones del ombudsman deban ser vinculantes.

“Con una lógica coercitiva o hasta positivista, tendemos a pensar que si no tiene dientes no sirve. Pero la naturaleza de un órgano no jurisdiccional es la de un acompañante que debe fomentar una cultura de prevención. Para hacer valer una recomendación, hay mecanismos jurídico políticos. Por ejemplo, cuando una autoridad no acepta una recomendación procede solicitar al Congreso que cite a comparecer a la autoridad para que explique sus razones.

“En términos jurídicos, para hacer vinculantes esas recomendaciones habría que borrar las diferencias que existen entre un tribunal y una comisión. Para ello sería necesario cambiar el estándar de valoración de pruebas. Organismos como la CEDH tienen un estándar más laxo, pues el objetivo es garantizar que se resarza el daño. En ese sentido, el estándar probatorio de un tribunal tiene implicaciones que no permitirían un funcionamiento tan flexible.

La valoración de pruebas que tiene que acreditar de forma objetiva e indubitable un órgano jurisdiccional, es de estricto derecho; mientras que a la CEDH se le permite hacer una concatenación de elementos para impulsar a la autoridad a acatar una recomendación. El objetivo de buscar la justicia tiene una racionalidad distinta en un órgano no jurisdiccional.

Pensando en el ombudsman más que como un procurador, como un contralor que debe acompañar a la fuerza pública en el desarrollo de una cultura de los derechos humanos, lo importante es robustecer la prevención para que la CEDH tenga legitimidad ante las autoridades, sean de la fuerza política que sean, resume Vega.

¿UN SOLO HOMBRE?

Finalmente, ¿debe seguir siendo la CEDH un órgano unipersonal o convertirse en un colegiado?

“Funciona de manera unipersonal en la presidencia, pero tanto las comisiones estatales como la nacional tienen una estructura colegiada”: un consejo consultivo que, en el caso de Colima, también lo elige el Poder Legislativo a partir de una convocatoria y el análisis de los perfiles mediante entrevistas.

Los consejeros consultores no votan por mayoría si se emite o no una recomendación, sólo orientan a la presidencia y recomiendan temas a los que la CEDH debe prestar atención. Es un cargo honorífico y sesiona con regularidad: en sesión ordinaria, una vez al mes; en sesión extraordinaria, cuando el asunto lo requiera, explica Manuel Vega.

Mi correo electrónico: c€arvajalberber@gmail.com

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[1] ‘¿OMBUDS… QUÉ? Origen de la palabra Ombudsperson’. CNDH, Blog. https://blog.cndh.org.mx/node/84