Si revisamos la administración pública nos encontramos con una cantidad enorme de órganos autónomos, tanto a nivel federal como en las entidades federadas. Lo primero que viene a la mente es que los gobiernos conservadores supieron que un día, pronto, tendrían que entregar sus respectivas administraciones a otros, de un partido distinto y que esos nuevos gobiernos quedarían atados irremisiblemente, al pasado. Esos órganos tienen un carácter transexenal y por tanto al Presidente de la República y a los gobernadores les resultan una herencia, por lo general, incómoda y muchas veces se provocan enfrentamientos porque atan las manos de un ejecutivo que es responsable del manejo de un gobierno en el cual, muchos de sus órganos no le responden a él, sino a otro y a veces, al parecer, a nadie.
Es cierto que conviene que los poderes guarden un equilibrio. Eso es sano para la democracia. El ejecutivo no debe concebirse como poder de poderes y sus criterios no deben condicionar al legislativo ni al judicial. Pero sus criterios ¿tampoco pueden prevalecer al interior del ejecutivo?
La autonomía de muchos órganos no debería ser cuestionada. Ese es el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, que se concibió como un órgano ciudadano. En la operación no es así, porque el nombramiento de consejeros se desvirtuó, muchos de ellos carecen de idoneidad y su nombramiento se produjo mediante negociaciones entre los partidos políticos. Pero además su autonomía ha sido convenencieramente entendida como un blindaje para el manejo de cantidades excesivas de dinero que los propios consejeros asignan a las partidas que desean (como sueldos y otros privilegios para ellos mismos o para la burocracia dorada electoral) sin rendir cuentas a nadie. El pueblo, ha rechazado la actuación de esos supuestos servidores públicos, pero eso, al parecer no es algo que importe y ellos continúan comportándose con arrogancia y sirviéndose con la cuchara grande y, mostrando ineficiencia en su labor, son actitudes que se antojan francamente mafiosas. Muy pocos, seguramente, lo calificarían como un órgano confiable.
Recientemente vimos que el Fiscal veracruzano fue separado de su cargo por el Congreso de ese Estado. Estos hechos se produjeron después de muchos desencuentros entre el Gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) y el propio fiscal (Jorge Winckler Ortiz). Y para otorgar más la razón a los legisladores, una vez retirado de su cargo, han salido a flote diversas prácticas indeseables e ilegales en las cuales incurrió durante el ejercicio de su encargo. El nombramiento se había dado, obviamente, como propuesta del antecesor de García (Miguel Ángel Yunes Linares) y cuando se encontraba en funciones el anterior Congreso. La actitud de la soberanía popular veracruzana corrigió el estado de las cosas: Un asunto es que el Fiscal actúe con independencia y otra, que se enfrente. Una cosa es que el Fiscal no reciba consignas del gobernador y otra, que las reciba del ex gobernador.
Hace unos días, Adalberto Carvajal sugería en su columna Estación Sufragio, que Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal de nuestro Estado, pudiera seguir los pasos de Jorge Winckler. No voy a juntar letras para reproducir sus argumentos (que comparto), sino mejor, recomendaré su lectura en este mismo portal. Es cierto que Verduzco no ha sabido mantener la independencia deseable del Ejecutivo y que ha judicializado la política o, ha politizado la justicia y hasta pudiera alegarse mala fe de su parte (o bien, ignorancia). Lo que sí es claro es su falta de idoneidad. Los resultados tampoco acompañan la gestión de Verduzco. Queda a deber mucho.
Justamente antes de que la Legislatura actual iniciara su función, el ejecutivo colimense apuró el nombramiento de diferentes personajes para que ocuparan posiciones, lo mismo en el Poder Judicial como en diversos órganos autónomos, con un cálculo perverso: Era más sencillo que los aprobara la anterior legislatura a que lo hiciera la actual. Y el resultado ha sido desastroso porque la Justicia de la Unión ha echado abajo muchos de esos nombramientos y ahora, se tienen que reponer los procedimientos. Algunos quedarán como herencia maldita para estorbar a su sucesor.
Los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) deben gozar de un estatus similar y han de guardar equilibrio entre ellos porque la asimetría debiera considerarse como una práctica antidemocrática, pero, la autonomía de estos órganos, ha de entenderse no como si se tratara de otros poderes. Cada uno de los órganos autónomos no sólo debe coordinarse con los poderes establecidos sino también someterse a normas establecidas en el marco jurídico y actuar con transparencia y rendir cuentas. Los órganos autónomos no deben mandarse solos, su autonomía se encuentra acotada, no son libres ni soberanos. Deben rendir cuentas a un poder o a otro, según la naturaleza de sus funciones.
Ninguno de ellos debe concebirse como un instrumento mediante el cual un gobierno secuestre a su sucesor. Ninguno de ellos debe someterse a la voluntad del ejecutivo actual, pero menos todavía, alguno de ellos debe someterse a la voluntad del ejecutivo anterior. Esa es una trampa mediante la cual un ejecutivo mantiene poder más allá del período para el cual fue electo. Debemos discutir, sin embargo, si todos los órganos autónomos deben serlo y cuáles de los que lo sean, deben mantener una dependencia relativa de cada uno de los poderes. Y también debe aclararse la naturaleza de la autonomía. La de las universidades, por ejemplo, debe entenderse no como se entiende, sino como un estatus superior de la libertad de cátedra; porque todo aquél que recibe dinero público está obligado a responder por el ejercicio de esos recursos que son del pueblo. Y los reciben para llevar a cabo una función específica y de interés general, no para otros fines.
Con tantas ataduras ideadas por los conservadores, sólo queda preguntarse, dado el día que es ¿Y las empanadas?
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.