La aprobación de las adecuaciones a la Ley de Movilidad del estado de Colima provocó un conflicto entre los cuadros priistas. Chocaron ortodoxos contra heterodoxos.
Hay unos que apuestan por la confrontación con el gobierno federal, como un camino para fortalecer la identidad partidista y la competitividad de los candidatos del tricolor en 2021.
En esa vertiente se inscribe el ex gobernador Fernando Moreno quien, como él mismo dijo en la reunión del consejo político municipal de Colima el sábado pasado, fue relegado a la oposición por la voluntad de los electores que le negaron en 2018 un escaño en el Senado.
Y están, por el otro lado, las cúpulas priistas que buscan un concordato con el régimen de la Cuarta Transformación, convencidos quizá de que el PRI se juega su supervivencia y es necesario construir un nuevo sistema político mexicano a partir de las ruinas del viejo régimen.
El principal reclamo de Moreno Peña respecto a cómo se operó la enmienda a la Ley de Movilidad, es que se hizo fortaleciendo el liderazgo de Vladimir Parra, a quien según el ex mandatario mueve un resentimiento contra la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) que viene arrastrando desde sus épocas de disidente universitario.
Reclamó FMP que diputados priistas hayan estado presentes en una rueda de prensa donde el coordinador de la diputación de Morena presentó la reforma como un golpe al monopolio que tenía la FEC de los descuentos a estudiantes.
Y habló el ex gobernador de la Federación como una organización formadora de cuadros, de donde han salido activos del priismo como el propio Fernando o el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa.
Probablemente porque el mensaje de Moreno Peña no iba dirigido al coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, Rogelio Rueda Sánchez, sino a quien le instruyó que estableciera con Morena una gobernabilidad en la Legislatura, no ha trascendido la respuesta que Rueda, en presencia del gobernador Ignacio Peralta, le dio en esa misma reunión.
Como se ve en los videos que han circulado y que terminan justo cuando el ex dirigente estatal del PRI pide la palabra a Kike Rojas, Rueda Sánchez no se quedó callado.
CONVENIO DESCONOCIDO
El debate parlamentario y la movilización afuera del Congreso de los sectores del PRI afectados con la enmienda a la Ley de Movilidad (el gremio transportista y la dirigencia de la FEC), opacaron en la prensa la comparecencia del gobernador Ignacio Peralta ante los diputados para explicar los términos de la compra-venta del predio en Calzada Galván que ocupó durante muchos la XX Zona Militar.
En realidad no hubo noticia porque el mandatario había quemado la información en una rueda de prensa que ofreció la víspera en Casa de Gobierno. Y porque la mayoría de los diputados se dijeron satisfechos con la exposición. Si bien, un par de congresistas llegaron a sugerirle al Ejecutivo: no hagas cosas buenas que parezcan malas.
La aclaración de JIPS llegó después de una batalla en los medios y las redes sociales, entre funcionarios estatales que insistían en la transparencia de la operación y diputados que citaban los trabajos periodísticos de Heidi de León.
La reportera de Avanzada demostró, mediante una solicitud de información, que en la cesión a título gratuito por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional no hubo lugar para el pago de alrededor de 200 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado.
En su conferencia de prensa, Peralta Sánchez explicó que el asunto no se había ventilado completamente porque la información estaba reservada por el Ejército. Y reconoció que, por esa cláusula, los diputados no pudieron conocer en su momento los términos de un convenio entre el Gobierno del Estado y la Sedena mediante los cuales esta Secretaría accedía a donar el predio a cambio de un pago.
En otras palabras, la Sedena donó el predio de la Calzada Galván al pueblo de Colima, y el gobierno de Colima donó 200 millones de pesos al Ejército mexicano.
Una operación distinta es la donación que el Gobierno del Estado hizo a la Sedena de los terrenos en Loma de Juárez, donde se construyó el nuevo campo militar.
LA TENTACIÓN DEL DINERO
Peralta Sánchez informó a lo diputados que si se hubiese hecho un contrato de compra-venta regular, por el valor del predio en Calzada Galván que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó en más de 700 millones, se hubiese tenido que lanzar una licitación.
Y como el presupuesto del gobierno local no era mayor a los 200 millones, cualquier postor con mayor poder adquisitivo habría ganado el concurso.
Se recurrió entonces a un intercambio de cesiones. Sin embargo, ese convenio no se conoció hasta hace unas semanas cuando fue liberada la información por parte de la Sedena.
Por eso, contra lo que sugirieron algunos colegas a los diputados, no era solo cuestión de ir a los archivos para conocer la verdad. La información de la reportera no estuvo sesgada, estaba incompleta.
Ese documento del convenio no estaba en los archivos y no lo conocieron los diputados de la anterior legislatura que aprobaron el crédito para pagar los 200 millones ni los congresistas de la actual legislatura cuando exigieron se aclarara el tema.
Por lo demás, era perfectamente legítimo que legisladores, periodistas y ciudadanos dijeran no entender por qué la administración Peralta había tenido que dar un ribete en la permuta de la vieja zona militar por los nuevos terrenos del campo militar.
Ciertamente, 15 hectáreas en Calzada Galván valen mucho más que 60 hectáreas en Loma de Fátima. Pero en realidad la permuta no fue ésa, sino el intercambio de terreno (en Calzada Galván) por dinero (200 millones).
Considerando la falta de liquidez que ha venido sufriendo el gobierno de Nacho desde el arranque del sexenio, la inversión que tuvo que hacer el estado para aportar a la construcción de un nuevo campo militar es fuerte.
Hubo que comprar los terrenos de Loma de Juárez porque al Ejército no le servían los predios que la administración de Mario Anguiano incorporó en su tiempo como reservas territoriales, pensando en reubicar las instalaciones castrenses o bien el recinto ferial de La Estancia.
Sin embargo, la inversión se compensa con creces al incorporar al patrimonio del estado 15 hectáreas en el corazón de la ciudad. De ahí la importancia de destinar esos terrenos a un fin público cuyo beneficio social sea incuestionable.
No se trata de pensar en cómo recuperar la inversión, porque para eso bastaría en ponerlos a la venta en una subasta que empezaría en 700 millones. Se trata de darle un destino al terreno que enriquezca la calidad de vida de los colimenses. Y un parque metropolitano es la mejor propuesta.
Habrá que sortear la tentación que pueda sentir algún funcionario de vender ese predio y fortalecer las exiguas arcas del estado con al menos 700 millones de pesos.
Para el estado sería un gran negocio, pero no contribuiría a despejar las dudas que surgen en la población cada vez que sus gobernantes se involucran en negocios inmobiliarios con los bienes del estado, como pasó con el Parque Regional y La Campana.
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