El 21 de enero de 2021, un día después que el presidente López Obrador expusiera como exfuncionario panista a Hugo Rodríguez Nicolat, uno de los representantes de Twitter en México, la plataforma cerró tres cuentas: @ElReyTuitero, la de Vero Islas (@LOVREGA) y la de la influencer política Miriam Junne (@Miriam_Junne). Los tres tuiteros habían expresado su apoyo al movimiento de la 4T.
Esta acción acaloró el debate respecto a si debemos regular las redes sociales, señala Ernesto Ledesma, quien en la mesa jurídica de su noticiero Perspectivas en Rompeviento TV, el 3 de febrero (https://www.youtube.com/watch?v=IIKW4SWInmc), dialogó sobre la cuestión con los abogados defensores de derechos humanos David Peña y Federico Anaya Gallardo.
De los tres tuiteros, por lo menos Miriam Junne no ha recibido una explicación de la empresa, lo que justifica una discusión respecto a quién regula a quién. El enorme conflicto que ha planteado el presidente es precisamente ese: si un particular te puede vetar, entonces ¿dónde queda la función del Estado?
Para Federico Anaya, “la función del Estado es asegurar que en todos los espacios de la sociedad se respeten las libertades”, incluso en una relación entre particulares. Y ejemplifica con el caso de aquella pareja homosexual a la que un pastelero en Denver, Jack Phillips, se negó en 2012 a elaborar su torta de bodas alegando que sus propias creencias religiosas se lo prohiben.
Los contrayentes David Mullins y Charlie Craig dijeron sentirse discriminados y demandaron al pastelero, quien fue sancionado por la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. Phillips apeló y, al final de una batalla legal, en 2018 la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en favor del pastelero, cuya libertad religiosa y creencia sobre el matrimonio debe ser tolerada y respetada –celebró Jeff Sessions, fiscal general de la administración Trump.
Según Anaya, el Estado tendría que haberse asegurado de que el pastelero no utilice criterios inhumanos para denegar el servicio. El negocio de ese comerciante es vender pasteles, no discutir el tipo de matrimonios que hay en el mundo. “Esa fue una intervención razonable del Estado” (luego desvirtuada por la Corte que le dio la razón a la Alianza en Defensa de la Libertad, la cual representó a Phillips en contra del reclamo al reconocimiento de los derechos gay sostenido por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles).
“Suspender la cuenta de un usuario viola, por lo menos, el derecho al debido proceso. Les tienen que aclarar por qué les niegan un servicio. Pero la otra cuestión es que el negocio de las redes sociales no es vender pasteles, sino abrir un espacio en el que se debaten todas las cosas, incluída la política. Cuando Twitter censuró al presidente Trump, sí dijo por qué: por promover un golpe de Estado. Es una explicación razonable. Pero sólo se la dieron a Trump porque es importante. No así Miriam Junne.”
DUEÑOS DE LA RED
David Peña entró a revisar las muchas hojas del contrato de servicios de Twitter, “y hay apartados discrecionales: si a juicio del administrador de la red tú estás infringiendo alguna de las políticas de esas decenas de cláusulas, te pueden suspender la cuenta. Obviamente no hay un procedimiento para apelar esa decisión, porque al final es un privado.
“Sin embargo, como en el caso de la pastelería, no reclamas por la negación del servicio sino que presentas una denuncia por discriminación. Con Twitter el problema es que todavía no hay mecanismos para regular el funcionamiento de las redes sociales, y eso ha permitido que se empoderen esas empresas.
“Este fenómeno no es nuevo. Cuando empezó la prensa, se podía imprimir literalmente cualquier texto: desde la Biblia hasta libelos injuriosos o escandalosos. Hasta que el Estado decidió regular un servicio de privados. Lo mismo pasó con la radio y hasta con la televisión.
“No es novedad y nadie pretende ahora censurar las redes sociales. Como un medio de expresión, como cualquier otro medio de comunicación, el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de modular o regular las redes.
“Lo que hoy está pasando es que un conjunto de empresarios, entre otros Mark Zuckerberg que de propietario de Facebook ahora es dueño de WhatsApp y Twitter, decide quién tiene voz y quien no tiene voz en las redes sociales. Pero no hay regulación para evitar un abuso de Twitter o Facebook contra los usuarios. Y, entonces, el Estado tiene que intervenir y establecer ciertas normas que las empresas deben seguir. Estas reglas son específicas de cada país: hay una directriz en la Unión Europea donde ya están regulando, por ejemplo, a Google”, abunda Peña.
NO ES BLANCO Y NEGRO
“Cualquiera que haya cambiado su teléfono por un aparato que no tiene Google o Apple, sabrá lo difícil que es usarlo sin tener esos sistemas operativos para sustentar el ambiente, porque te han creado una dependencia. Por eso, en Europa ya están matizando la intervención de estas empresas en la vida pública. Y en México es sumamente saludable que se dé la discusión también.
“No es blanco ni negro, no van a censurar las redes como no están censurados los periódicos ni están censurados los canales de internet o los demás medios de comunicación. Tienen una regulación y a eso hay que apostarle: una regulación, obviamente, acorde con los estándares de libertad de expresión, pero también con los límites propios de la libertad de expresión.
“La cuenta de Trump fue cancelada porque estaba haciendo incitación al odio y apología de la violencia, una de las limitaciones que se tiene en los estándares internacionales de libertad de expresión. Trump es el mejor ejemplo. Alguien que incita al odio, la violencia o el racismo, es censurable. Pero la censura sólo le compete al Estado, no a un conjunto de empresarios y, menos, extranjeros que deciden desde su escritorio quien sí puede hablar y quién no. Es una obligación de los países, no de las corporaciones”, resume David Peña.
LO PRIVADO ES PÚBLICO
Federico Anaya cierra con una puntualización a partir de David Peña: “el Estado tiene que asegurarse que, en estos espacios privados (Google, YouTube, Twitter, Facebook y todas las redes sociales, son espacios privados) donde se debaten asuntos públicos, la discusión pública no permita el racismo”, la discriminación, la misoginia, la violencia o todo lo que es condenable.
“El Estado tiene derecho a meterse. ¿Cómo debe hacerlo: qué tan práctico o qué tan incisivo puede ser?, y, también, ¿qué tanto caso le van a hacer los dueños de esos espacios privados?, son temas difíciles que debemos discutir.
“Yo espero que, si efectivamente hay un equipo en la Secretaría de Gobernación estudiando esto, lo discutan con inteligencia y con modernidad. Cada vez que dicen Gobernación me acuerdo de mi papá, que estaba dado de alta en el Salón Juárez junto con los escritorios y las sillas. No estoy seguro que sean muy modernos para entender las cosas nuevas, pero el Estado sin duda tiene que intervenir y asegurar la libertad y respeto para todos”, sentencia Anaya.
DERECHOS DIGITALES
David Peña reitera la importancia de continuar con el debate. “Y yo apostaría a lo que ha ocurrido en otros países: rara vez hacemos referencia en este espacio a lo que los abogados llamamos el derecho comparado, es decir, ¿qué es lo que se está haciendo en otros países? Y, en este caso, sería bastante loable y factible hacer una revisión de cómo está la regulación de redes sociales en otras partes del mundo”.
“Ya se ha avanzado en otros países, tampoco es que tengan 20 años de ventaja, tienen apenas un par de años de adelanto, pero lo que se está haciendo en otras legislaciones puede ser una buena guía para salir de este maniqueísmo que ve todo en blanco o negro. No todo es a favor de la 4T ni en contra de la 4T, hay que meternos a un debate y la orientación de lo que ha pasado a nivel internacional nos puede ayudar. Por ejemplo, se podría legislar en México una carta como la de los derechos digitales que existe en Europa”, concluye el abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.