Contra la inercia de usar los delitos de daño moral como una forma de censura, la justicia mexicana se ha ido decantando por los periodistas demandados y en contra de los políticos que los llevaron a juicio.
El 28 de febrero pasado, un Tribunal federal confirmó la anulación de sentencia contra la periodista Sanjuana Martínez, corroborando que existieron violaciones al debido proceso.
Con esta sentencia se obliga al Juez Sexagésimo Noveno en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México a reponer, desde el inicio, el proceso instaurado en contra de la periodista por parte del perredista Jesús Ortega Martínez, resumió el portal SinEmbargo en su nota (http://www.sinembargo.mx/28-02-2018/3391462).
Cabe recordar que el ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) inició una demanda contra Martínez –hoy directora de la agencia oficial Notimex– por el supuesto daño que se le ocasionó con la publicación de dos artículos difundidos en SinEmbargo en 2013: ‘Consumidores de sexo comercial’ e ‘Infierno en el Cadillac: sexo, poder y lágrimas’.
Y el 31 de marzo se informó que un juez emitió un fallo a favor del periodista, escritor e historiador mexicano Sergio Aguayo, con 48 años de trayectoria, que lo absuelve de cualquier delito de daños a la moral del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien así lo había demandado.
Aguayo escribió una columna que denunciaba la corrupción del gobierno de Moreira y desde entonces sufrió tres años de «horror», un infierno de tribunales, abogados, amparos y audiencias que terminaron convirtiéndose en la parte central de su vida, reseña Elena Reina, corresponsal de El País (https://elpais.com/internacional/2019/03/31/mexico/1553996384_990636.html).
PRESUNTO CULPABLE
Fue el 20 de enero de 2016 cuando se publicó en el diario Reforma el texto en el que Aguayo denunciaba la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate a la corrupción en el caso del ex gobernador y ex presidente del PRI nacional.
En esas fechas, Moreira había sido detenido en Madrid por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho, pero un mes después fue puesto en libertad.
En esa columna, Aguayo señaló: «Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana».
Estas palabras las utilizó la defensa de Moreira para argumentar su demanda por daños a la moral contra el escritor. Pero un juez desechó el delito por «falta de pruebas».
El País recuerda cómo el gobierno de Moreira, entre 2005 y 2011, “quedó marcado por cifras estratosféricas de endeudamiento: el Estado debía 25 millones de dólares al inicio de su mandato y lo dejó con 2,500 millones de deuda. Moreira fue señalado por tener supuestos vínculos con Los Zetas y por utilizar las arcas de Coahuila como caja chica para financiar campañas políticas del PRI y del ex presidente Enrique Peña Nieto, pero la justicia mexicana no pudo demostrar ningún delito”.
“Tras mudarse a Barcelona, España lo arrestó en 2016, pero lo liberó por falta de pruebas de que hubiera delinquido en ese país. El ex gobernador, desde entonces, ha negado las acusaciones y ha puesto sus triunfos en el banquillo como argumento de su inocencia en cada escándalo que ha enfrentado”, resume el diario madrileño.
UNA FORMA DE CENSURA
La batalla contra el periodista, no obstante, la perdió Moreira. El juez consideró que la libertad de expresión y los motivos profesionales del autor para escribir esa columna prevalecen por encima de los posibles daños a la moral causados, por los que Moreira exigía desde un principio una indemnización de 10 millones de pesos.
“El propio periodista reconoce que probablemente la finalidad de la demanda ni siquiera consistía en ganarla —‘era extravagante y no tenían pruebas’— sino en hostigarlo, agotarlo y endeudarlo hasta tal punto de que dejara de investigar la posible responsabilidad del ex gobernador en las grandes matanzas que perpetraron los cárteles de la droga en su entidad, como fue la de Allende o en la prisión de Piedras Negras”.
‘Mi caso evidencia que los métodos de acoso a los periodistas en México no sólo consisten en amenazas de muerte, sino también en el hostigamiento judicial. Muchos colegas, sobre todo de fuera de la capital, no han tenido tanta suerte como yo y hasta han tenido que hipotecar su casa para hacer frente a los costos del juicio’, denunció Aguayo en una entrevista telefónica con El País.
El columnista contó que, pese a que el bufete de abogados que lo representó lo hizo sin cobrarle un peso, en estos tres años de batalla legal gastó más de 400 mil pesos.
Según Aguayo, autor entre otras obras de un libro titulado La Charola en el que se describe a los servicios de inteligencia en México, esta «estrategia» de intimidación está «ampliamente extendida en México» y no está contemplada en ninguno de los mecanismos de protección a periodistas que ofrece el Gobierno.
«Quiero que se conozcan este tipo de casos para llamar la atención sobre un problema mayúsculo, que es el uso de la demanda por daños a la moral para acosar a quienes escribimos de manera independiente», comentó el periodista.
Y añadió: «Desgraciadamente, en nuestro país los periodistas hemos tenido que acostumbrarnos a convivir con el acoso del poder, de políticos, empresarios o del crimen organizado. Y este hostigamiento tiene diferentes métodos y estrategias para tratar de silenciarnos, una de ellas es la judicial».
LEY MORDAZA, NO ESCRITA
Cuando se dio a conocer la exoneración de Sanjuana Martínez después de cuatro años, la organización Artículo 19 recordó que más allá de la consecuencias económicas negativas que pueda tener sobre la periodista una eventual indemnización desproporcionada, el proceso judicial, en sí mismo, “se constituye como una herramienta de hostigamiento cada vez más utilizada por actores públicos”.
Citada por Sin Embargo, Artículo 19 expresó su preocupación por el aumento de las demandas por daño moral en contra de periodistas y medios de comunicación, de las que señaló no sólo buscan “causar asfixia financiera” sino crear un efecto inhibidor en los periodistas al publicar una nota y llegar así a la autocensura.
Eso al menos era lo que pasaba en los gobiernos del PRI y del PAN, añadiría por mi parte. La crítica que algunos periodistas le hacen al actual presidente López Obrador es que descalifique a un sector de los medios y algunas plumas o voces, con el mote de “prensa fifí”.
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