PODER, PLAZAS Y DINERO

En una infografía de la página Colima al Día, se resumen las causas de la pelea entre Vladimir Parra y Guillermo Toscano por la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso local: “poder, plazas y dinero”.

La coordinación de esa fracción parlamentaria le dio a Miguel Ángel Sánchez, Jazmín García y Vladimir Parra la presidencia del órgano de Gobierno Interno, lo que les permitió administrar los 115 millones de pesos del presupuesto del Poder Legislativo, designar a los directores y jefes de área del Congreso, nombrar al secretario técnico de la Comisión de Gobierno y ser mano en la conducción de los trabajos legislativos.

Faltó una ventaja que está implícita en la última motivación: ser el portavoz del Congreso, es decir, tener protagonismo en el discurso político que emana del Legislativo, como contrapeso de los poderes Ejecutivo y Judicial. Y, finalmente, aunque parezca obvio: encarnar la postura de Morena en la agenda parlamentaria.

Esto explica por qué Toscano no forma una nueva fracción con los tres compañeros que lo respaldan. Encabezar un grupo parlamentario distinto le daría a Guillermo acceso a la Comisión de Gobierno Interno pero pulverizaría la mayoría relativa de Morena.

Y aunque, en teoría, Toscano podría aspirar a la presidencia de esa Comisión de Gobierno Interno si se modificase la actual correlación de fuerzas, lo único que conseguiría es hacerle perder al partido del presidente López Obrador el control del Congreso del Estado de Colima.

AGENDA LEGISLATIVA

No, el plan era arrebatarle a Vladimir la vocería de la fracción morenista. Nótese que hablo de la vocería, no del control de su compañeros. Pero aun cuando los diputados de la bancada no obedezcan y hasta se le rebelen a Parra, mientras él tenga la representación de Morena tendrá la legitimidad para decir que su agenda personal es la agenda legislativa del lopezobradorismo en Colima.

De nada le serviría a Toscano formar su propia bancada (“aniconarse” diríamos, evocando la escisión de Nicolás Contreras y otros dos congresistas de la diputación panista en la legislatura anterior) o, incluso, hacerse del poder, las plazas y el dinero haciendo alianza con otras fracciones, si Vladimir va a seguir manejando la marca de Morena en el ámbito legislativo.

Ser los auténticos representantes de Morena en Colima y, por lo tanto, marcar la agenda política del presidente López Obrador en la entidad, es lo que reclaman Guillermo Toscano, la diputada federal Claudia Yáñez-Centeno y el dirigente estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado.

La representante del primer distrito dice que funda su papel como intérprete de la voluntad presidencial, en un encargo que –como nos hizo saber a los integrantes del Círculo de Analistas Políticos– le hizo personalmente su amigo Andrés Manuel.

Traicionando su obligación de ser el fiel de la balanza, factor de equilibrio entre las distintas expresiones morenistas, Jiménez Bojado desde hace tiempo tomó “partido” al interior del “partido”. Su principal problema es que la corriente de Morena a la que él pertenece ni siquiera agota el universo de todo el partido, mucho menos el espectro del lopezobradorismo y, en absoluto, monopoliza la agenda de la 4T en la entidad.

LEY ORGÁNICA, EN EL CENTRO

En entrevista con los reporteros de la fuente, Vladimir Parra acusó al ex gobernador Fernando Moreno de entrometerse en los asuntos del Congreso, a través de Guillermo Toscano.

De esta manera, el diputado por Villa de Álvarez centró la disputa por la coordinación de Morena en el Congreso local, en la decisión de reformar o dejar intacta a la ley orgánica de la Universidad de Colima.

El problema no es si Vladimir consigue los votos para dictaminar y someter al pleno su proyecto de reforma –ya está visto que con la redacción que presentó Parra, no caminará–, sino establecer si la reforma a la ley orgánica es parte de la agenda del presidente López Obrador en Colima.

Como ex rector y en su calidad de vocero del movimiento en defensa de la autonomía, Moreno Peña ha venido insistiendo en que no hay interés del gobierno federal en “desestabilizar” a la Universidad. La remoción de Vladimir como operador legislativo demostraría que una nueva ley orgánica no forma parte de la agenda política del presidente de la república.

El Equipo asegura en una Glorieta que la disputa por la coordinación del Congreso es, en realidad, la pugna por el control de Morena entre Indira Vizcaíno y Rogelio Rueda contra Mario Delgado y Claudia Yáñez.

Y lo cierto es que, tanto la delegada federal en Colima como el coordinador de la bancada del PRI –y, por definición, operador de los intereses del gobernador Ignacio Peralta en el Congreso local–, han expresado en público su convicción en la necesidad de modificar la ley orgánica.

ABRIR EL DEBATE

Curiosamente, uno de los hermanos mayores de Claudia Yáñez participó hace años en una cruzada contra el Grupo Universidad, pero en el pasado informe de Eduardo Hernández la diputada federal declaró –citada por Diario de Colima– que “el mensaje del Rector nos hace tomar conciencia de que es muy importante la autonomía de la Universidad, de que son los universitarios quienes deben regir la Ley Orgánica de su institución”.

En cuanto a Mario Delgado, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que preside el colimense emitió un comunicado en relación a la iniciativa de reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit que presentó el gobernador Antonio Echevarría. Los líderes de los grupos parlamentarios consideran anticonstitucional la iniciativa porque pretende construir leyes sin propiciar un “diálogo inclusivo y abierto con las partes interesadas”.

Por eso, las bancadas en San Lázaro exhortaron a que las reformas legales de las universidades cuenten con legitimidad al ser “producto del encuentro público de todos a los que les interesa la educación superior”, esto es, “de autoridades, docentes, estudiantes y de la sociedad”.

La agenda parlamentaria federal, al menos la expresada en la Cámara Baja, no se opone a reformar la ley orgánica de ésta o cualquier universidad, pero condiciona la modificación a un debate abierto. En el caso de Colima, primero tendríamos que discutir si es pertinente revisar una ley orgánica que este año cumple cuatro décadas.

Hay que crear foros al interior de la comunidad universitaria –formada por académicos, trabajadores no docentes, estudiantes y egresados–, pero abiertos también a la ciudadanía –que, con sus impuestos, sostiene a la casa de estudios.

Y que en estos foros participen expertos en las diferentes áreas (Derecho, Educación, Ciencia, Cultura…) y se escuche la opinión de las autoridades, tanto de los diferentes órdenes de gobierno como de los tres poderes del Estado.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.

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