El pasado 24 de junio de este año 2020, el Gobernador del Estado de Colima, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, nombró al C. Rubén Pérez Anguiano como nuevo Secretario General de Gobierno, al mismo tiempo que dio fin a un periodo de 4 años y 4 meses en el que el licenciado Arnoldo Ochoa González encabezó esa dependencia. De resistir y si nada adversamente extraordinario sucede, el nuevo encargado de la política interna de la entidad se desempeñará como tal durante 1 año y 4 meses, hasta el 31 de octubre de 2021.
Este cambio en el gabinete es relevante e intrigante, debido a que sucede de cara al final del gobierno estatal y en condiciones específicas de seguridad y gobernabilidad. ¿Qué hará el nuevo Secretario General de Gobierno? ¿Habrá algún cambio en la política interna del estado? En caso de que sí, ¿será este cambio radical, gradual, iterativo? ¿Será un cambio de hechos, de discurso, o ambos? ¿Implicará sustituciones de quienes, junto con el licenciado Arnoldo Ochoa González, han acompañado los trabajos en prodel Estado de Derecho, la gobernabilidad, la seguridad, la paz y la tranquilidad de los colimenses?
El licenciado Arnoldo Ochoa González es un funcionario público consolidado. En su carrera pública, universitaria, partidista y política ha adquirido tan vasta como sustancial experiencia y capacidad de hacer. Ha sido Diputado Local; Diputado Federal en dos ocasiones; Secretario General de Gobierno en tres ocasiones y Gobernador interino del estado de Colima.En la Universidad de Colima se desempeñó como Jefe del Departamento Escolar, Director de Relaciones Públicas, Director General de Servicios Escolares y Coordinador General. En el PRI ha estado en casi todas las posiciones posibles, en el Comité Ejecutivo Nacional y en diversas organizaciones.
Sin embargo, su conducción de la Secretaría General de Gobierno en el periodo del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez no reflejó los mejores resultados. Su desempeño podría describirse como pasivo, parco, de poca exposición pública, de indefinición sobre qué se buscó hacer o dejar de hacer, de amplia tolerancia ante los embates de la oposición política, de lentitud para marcar la agenda política y gubernamental, de dejar sueltos los temas mediáticos a costa de que otros tomaran sus riendas, de permitir un golpeteo incesante a la legitimidad del Gobernador y del gobierno estatal, hasta dejarla en su mínimo nivel. ¿Cómo se demuestra esto? Con las condiciones específicas de seguridad y gobernabilidad en que se encuentra la entidad.
El estado de Colima no vive su mejor momento en materia de seguridad. El Índice de Paz México 2020 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz lo retrata con claridad: Es el segundo estado menos pacífico del país; ha registrado la tasa de homicidios más alta en México desde el año 2016, de 96.6 muertes por cada 100 mil habitantes; ha tenido el mayor deterioro de nivel de paz en los últimos cinco años, cayendo esa calificación en 67.9%; ha empeorado su nivel general de seguridad por crímenes de la delincuencia organizada, que tan sólo de 2018 a 2019 la tasa de estos crímenes se incrementó en 43.5%; su tasa de delitos de mayor impacto creció en 97.4%;y tiene la tasa de homicidios con arma de fuego más alta en el país, al cometerse 81% de los homicidios con arma de fuego.
Colima, como entidad federativa, tampoco tiene una circunstancia favorable en gobernabilidad. Así lo refleja el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 generado por World Justice Project México. En éste, Colima, en una escala que va de 0 a 1, en donde 1 es máxima adhesión al Estado de Derecho, obtiene un puntaje de 0.41, lo que le coloca en el lugar 12 del país. Las mayores deficiencias se identifican en gobierno abierto, orden y seguridad, justicia civil y justicia penal. Específicamente, se tiene debilidad en los organismos de control como un contrapeso eficaz, en sanciones por abuso de poder, en protección de derechos laborales, en brindar justicia civil asequible y sin procesos burocráticos, y en investigación penal eficaz.
Así, los retos para un nuevo Secretario General de Gobierno en el estado de Colima son variados y de gran magnitud. Estos sí requieren maneras distintas de conducir la política interna, en los hechos, pero también en el discurso. El Secretario General de Gobierno tiene que tener presencia pública y mediática constante, marcar agenda de medios anticipándose a informar y dar posicionamiento sobre hechos de seguridad general y gobernabilidad. También, debe ser proactivo –y rápido- en la confección de una red mínima de protección social, económica y política: tener del lado del Gobierno del Estado y del Gobernador, o al menos no tener en contra, a medios de comunicación, empresarios, cámaras empresariales, sindicatos, organizaciones civiles, agrupaciones políticas, agrupaciones sociales.
Con especial atención y cuidado debe trabajar para que el Gobernador y el Gobierno del Estado no tengan en su contra a segmentos del mismo PRI y a funcionarios e integrantes del mismo Gobierno del Estado. Este, por cierto, fue el colmo de una deficiente conducción de la política interna: permitir activismo social y político en su contra, de quienes por naturaleza deberían ser aliados. El nuevo Secretario General de Gobierno debe ser la principal defensa, línea de contención y anillo de protección del Gobernador y del Gobierno del Estado. Para ser claros: El nuevo Secretario General de Gobierno debe evitar que se le pegue más al Gobernador. Se puede permitir desgaste social y político, en la imagen y persona del nuevo Secretario General de Gobierno, así como en la de los demás Secretarios y funcionarios del Gobierno Estatal, pero ya no en la del Gobernador. Es incomprensible que, a estas alturas, aún no comprendan este principio básico de legitimidad, gobernabilidad y poder. Es tan básico como el juego de ajedrez: Puedes sacrificar a todos, pero no al Rey, porque el juego acaba.
¿Cómo puede hacer esto el nuevo Secretario General de Gobierno? Con mayor control sobre lo que sucede en la entidad. Mayor control sobre lo que se dice y cómo se dice. Mayor control sobre la agenda pública, política y mediática. Mayor claridad acerca del posicionamiento del gobierno estatal sobre los temas de alto interés para los colimenses, sobre todo en asuntos de seguridad y gobernabilidad. Diálogo, concertación, coordinación, acercamiento y respuesta a las inquietudes y problemáticas de todos los sectores, grupos y personas que desde el primer día del Gobierno Estatal y hasta ahora se han manifestado y no se les ha escuchado. El Secretario General de Gobierno debe enfriar años de enojo social, económico y político. Tiene 1 año y 4 meses para lograrlo. ¿Será capaz de llevar la política interna en Colima?