La falta de una narrativa lopezobradorista que le haga frente a la bien articulada campaña propagandística de quienes pretenden deslegitimar al nuevo gobierno, quedó en evidencia con el fiasco de la reforma que le otorgaba a la Secretaría de Gobernación la facultad de “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”.
En su pasada visita a Colima, Rafael Barajas ‘El Fisgón’, impulsor del Instituto de Capacitación Política de Morena, reconoció a pregunta de este columnista que mientras hay toda una estrategia discursiva y publicitaria para hacer quedar mal a López Obrador, al nuevo régimen le ha hecho falta elaborar su propia narrativa.
Ante la presión social, la Cámara de Senadores retiró la polémica y equívoca frase de la fracción VII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), y decidió regresar “a la redacción original de la iniciativa” aprobada por la Cámara de Diputados.
Con esta modificación, la LOAPF retornó a San Lázaro –supongo– para que la ubicación de los medios públicos en el organigrama federal responda a la expectativa que plantearon durante la campaña organizaciones ciudadanas, colegios de profesionales, especialistas en derecho a la información e investigación de la comunicación, y hasta de los funcionarios y trabajadores de los medios oficiales del Estado nacional o los que pertenecen a universidades, estados y municipios.
Con el apoyo de toda la bancada, el coordinador de Morena en la cámara alta, Ricardo Monreal, señaló que: “Proveer es una palabra que no queremos, ni pensamos ni deseamos esta potestad”. Con esto, desarmó a la larga lista de 20 oradores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que habían presentado reservas a este precepto, al que denunciaron como un intento de “control antidemocrático” hacia los medios públicos mexicanos, como explica Jenaro Villamil en su crónica para Proceso (https://www.proceso.com.mx/560799/morena-recula-retira-frase-que-daba-a-segob-el-control-de-medios-publicos).
MONREAL SE SUBIÓ AL TREN
“Después de los casos tan controvertidos como la llamada Ley Televisa, la Ley Chayote, en episodios distintos, o los actos reprobables de censura contra Carmen Aristegui o José Gutiérrez Vivó, de tantos reporteros, comentaristas, titulares de noticiarios de provincia que han sido cesados por atreverse a cuestionar, a criticar a determinado personaje de la vida pública y privada, que impactan en sus derechos de audiencias… nos preguntamos cuál debe ser el objetivo del nuevo gobierno y de la Secretaría de Gobernación para establecer una relación franca, sana y libre con los medios convencionales y digitales, bajo un nuevo enfoque social, bajo un nuevo enfoque cultural basado fundamentalmente en la libre expresión”, argumentó Monreal.
El ex gobernador zacatecano afirmó que la reserva presentada “es para dejar claro que las atribuciones de la Secretaría de Gobernación no se van alterar” y que “los medios públicos de radio y televisión, por su naturaleza, por su objetivo, como están a cargo del Estado, siempre han buscado que sus contenidos sean preponderantemente educativos, de valores cívicos, de formación ciudadana, de profundo respeto a los valores, a la nación”.
Monreal admitió que el dictamen original “se modificó para establecer, con mucha preocupación para los medios, para los articulistas, para columnistas, para periodistas prestigiados y destacados, se alteró y se estableció una facultad a la Secretaría que altera el propósito fundamental para que la Secretaría de Gobernación pudiera tener esta potestad que nosotros no queremos, ni pensamos ni deseamos”.
CARTA A LOS PATRICIOS
En la misiva que enviaron al Senado de la República numerosas organizaciones y, a título personal, figuras de la comunicación, los derechos humanos y el periodismo (https://www.proceso.com.mx/560230/retroceso-lamentable-otorgarle-a-segob-el-control-de-medios-publicos-ong-universidades-y-especialistas), se fundamentó:
“Las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados son contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y radiodifusión establecidos por la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es enfática al afirmar:
‘Los medios públicos de comunicación pueden (y deberían) desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población.
‘Sin embargo, para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos.’
“El Estado mexicano está comprometido con esos lineamientos”, suscribieron los activistas que apelaron al Senado.
FALLA DE COMUNICACIÓN
¿Realmente pretendía el gobierno de la Cuarta Transformación convertir a los medios públicos en un instrumento para la propaganda lopezobradorista?
No lo sabemos. Es muy probable que todo esta confusión se haya originado en la falta de una narrativa que explique qué va a hacer AMLO y qué pretende Morena en el campo de la comunicación social.
Una narrativa que se ha omitido por la costumbre que tiene Andrés Manuel de no revelar sus verdaderas intenciones para evitar que se activen fuerzas en contrario, y por la estrategia que se siguió en campaña de no especificar las promesas para que todos los sectores asumieran que el plan de gobierno coincidiría con las propuestas particulares de los seguidores de López Obrador.
En el estado de Colima, dos organizaciones nacionales que por diversas circunstancias se reunieron en la entidad se manifestaron en contra de esta reforma. Primero, la RED México (de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales) que realizó su congreso nacional en Manzanillo. Y luego la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) que celebró una reunión regional en el campus central de la Universidad de Colima.
Conseguido el propósito de frenar la reforma, a unos y a otros, así como a los integrantes de las organizaciones firmantes del documento que se redactó para presionar al Senado, les hace falta completar la gestión:
Ya sabemos que no queremos medios públicos (ni privados) sometidos al arbitrio de Gobernación, pues la experiencia de RTC en el priato y durante el panismo fue de censura hasta a sus propios medios, los públicos, y de privilegio a los concesionarios afectos al régimen, como vimos en casos tan lamentables como Canal 40, que fue secuestrado por TV Azteca, o el despojo que sufrió José Gutiérrez Vivo por parte de Grupo Radio Centro.
Ahora falta que especialistas y profesionales nos digan cómo deben ser los medios públicos para que no vuelvan a ser instrumentos al servicio de los gobernantes, usados no sólo para publicitar al régimen sino para golpear a la oposición.
También, para que no vuelvan a ser pálida una competencia de los medios comerciales, a los que copian formatos y estilos. Y para que no sigan siendo espacios negados a la sociedad civil que requiere de esas ventanas para expresarse e impulsar otras formas de la cultura.
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