Con motivo de las presuntas irregularidades detectadas con motivo de la implementación del proyecto denominado “C5i”, la diputada local Claudia Aguirre presentó una denuncia en contra de José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional de Estado de Colima; de Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, y/o cuantos servidores públicos resulten responsables, primero ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (OSAFIG), el pasado 6 de julio, y ayer lo hizo ante la Fiscalía Anticorrupción, por presunto peculado.
En esta denuncia solicitó “se llevara a cabo una revisión especial, por el presunto desvío de recursos públicos presupuestados y autorizados mediante endeudamiento para la ejecución del referido proyecto, acciones con las que se pudieran haber causado presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública estatal”.
En seguimiento a dichas acciones, el día de ayer 14 de julio, presentó ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, “una denuncia penal en contra de José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional de Estado de Colima, Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, y/o cuantos servidores públicos resulten imputados, por el presunto delito de peculado, en agravio de la sociedad”.
En la denuncia, presentí los datos de prueba que tiene, para acreditar que el proyecto “C5i”, fue contratado por el Gobierno del Estado de Colima, por un monto de el monto total neto pactado, fue por $818,069,307.80 (ochocientos dieciocho millones sesenta y nueve mil trescientos siete pesos 80/100 moneda nacional) y que los montos presupuestados y autorizados mediante endeudamientos para el referido proyecto, durante los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020, asciende a $1,298,319,915.11 (1 mil doscientos noventa y ocho millones trescientos diecinueve mil novecientos quince pesos 11/100 moneda nacional), lo que representaría un incremento injustificado por el orden de los $490,476,475.11 (cuatrocientos noventa millones cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 11/100 moneda nacional).
Por lo anterior, solicitó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, “que se lleve a cabo una investigación detallada, a fin de que se determine, conforme a sus facultades Constitucionales y legales, si los referidos servidores públicos, encuadraron su conducta en el delito de peculado, en agravio de la sociedad”, indicó la legisladora.
Reiteró que, como Representante Popular, “llevaré a cabo las acciones legales que sean necesarias, para que, en caso de demostrarse que ha existido un quebranto a la hacienda pública estatal, se finquen las responsabilidades correspondientes, hasta sus últimas consecuencias”.
Como Diputada Local, “permaneceré vigilante, de que la acción de gobierno, se lleve a cabo con transparencia y honestidad, porque en caso contrario, presentaré las denuncias correspondientes, como en el caso que nos ocupa”.