Esa debe ser nuestra exigencia a todos los gobernantes y a todos los representantes populares. Tenemos un marco jurídico que debemos respetar y los gobiernos, además, deben hacer que se respete. Esa es la base de nuestra convivencia y por tanto, la base misma de la gobernabilidad y de nuestro orden jurídico. El Estado, nunca por ningún motivo debe romper esa legalidad.
La Constitución es la ley de leyes, es la ley Suprema donde reside la soberanía que originalmente corresponde al pueblo y a la cual renunció voluntariamente y de manera parcial y ordenada para entregarla al Constituyente, mismo que la plasmó en la Constitución. Desde entonces, allí reside esa soberanía y ese documento regula el ejercicio de la soberanía que es nuestra soberanía y es por tanto, la soberanía del pueblo. Por lo dicho, el texto de la Carta Magna es nuestra guía fundamental y es por lo mismo, la guía para nuestros gobierno y para nuestros gobernantes y representantes populares.
Nadie puede ni debe estar por encima de la Constitución y todos, sin excepción, estamos obligados a respetarla y a normar nuestro comportamiento a sus disposiciones. Allí están nuestros derechos y allí también se encuentran nuestras obligaciones. Y aunque todos debemos respetarla, más deben hacerlo los gobernantes.
El gobernador Peralta se ha distinguido por su irrespeto al texto constitucional y si queremos ir más allá, este juntador de letras, hasta afirmaría que se ha distinguido por ignorarlo. Apenas tomaba posesión de su cargo y apenas había protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, inició su falta de apego a la legalidad cuando decidió nombrar un Procurador General de Justicia ignorando al Congreso y desde entonces, él y el Ejecutivo estatal no han parado y actúan como si ellos fueran la Constitución misma. Y a la fecha, se han llevado muchos palos por ignorancia y por su falta de apego a la legalidad. Los últimos hechos que así lo confirman, derivan de la comisión supuestamente conferida a un grupo de policías estatales para proteger un grupo de empresarios que harían algo fuera de los límites (supuestos) del Estado.
La historia ya es conocida por los lectores de esta columna. La mayoría de esos policías fueron regresados sin vida y dejándonos muchas preguntas ¿Cómo es que fueron comisionados para actuar en Jalisco? ¿Qué pitos deberían tocar allá? ¿Cuánto se cobra por esos servicios? ¿Qué se hace con los dineros que se cobran? ¿Cómo se pudo negociar la devolución de algunos de los secuestrados y no la de los otros? ¿Por qué importó más recuperar a los empresarios que a los policías? ¿Cuánto influyó directa o indirectamente Rogelio Rueda? Y, por supuesto, habría muchas preguntas más. Las respuestas jamás las conoceremos pues la hebra ya se ha roto por lo más delgado, renunció el Secretario de Seguridad Pública y, borrón y cuenta nueva. Así como un día renunció el criminal pederasta que ocupaba la Secretaría de Turismo y con eso se olvidó todo.
Hasta se le perdonó ahora a Arnoldo Ochoa que se ha ufanado de manejar los asuntos de la seguridad pública y de quien se rumoreaba que por estos últimos hechos sería, por fin, echado de su puesto. Ya allí quedó todo.
Y estos hechos coincidieron con el secuestro y hallazgo del cadáver de la diputada Francis Anel Bueno, y Peralta querrá que otra vez se nos olvide todo porque ya se fue quien era Secretario de Seguridad Pública. Muy fácil y muy conveniente para él.
Peralta se reúne con los otros seis gobernadores golpistas o más bien, separatistas, en flagrante burla al texto constitucional porque quiere dinero para sus gastos de marcha y para las elecciones que vienen y tampoco pasa nada. Y es que López Obrador no está respetando una de las bases más sólidas del régimen, el año de Hidalgo. Por eso junto con sus amigos, decidió convertirse en paladín de la democracia. Pero que no se le olvide que un estado no puede realizar convenios con otros Estados, nada más porque lo prohíbe la Constitución y lo hace, precisamente para prevenir que suceda lo que éstos individuos pretenden.
Debemos exigir al gobernador que respete el marco legal y debemos hacerlo a través del Congreso. Seguramente esto debería redundar en un juicio político porque se trata de alguien que está aforado, pero después, ya sin fuero, habría que llevarlo ante los tribunales a que dé cuenta por las múltiples violaciones al marco legal que ha cometido durante los años de su ejercicio como gobernador. Su lugar no está frente al Jardín de la Libertad sino frente a los terrenos de la Feria, donde se pierde la libertad. Y con él, un buen número de sus amigos y compañeros de aventura política, porque son sus cómplices.
Al Congreso del Estado nuestra solidaridad por la desaparición de la diputada, igual que a sus familiares. Al Congreso hay que recordarle que lo que le sucedió a la diputada Bueno, le ha sucedido a muchos otros colimenses. Al Congreso también nuestro apoyo incondicional para que acuda a su cita con la historia y que inicie ya juicio político contra Peralta y sus compinches. El pueblo se los demanda y el pueblo se los sabrá reconocer.
Peralta actúa como si nada debiera. Cree que gobierna por designio divino y que a nadie debe rendir cuentas. Y bueno, el pueblo no lo puso y nada le debe al pueblo. Lo puso el gobierno corrupto que ya se fue y ahora, las reglas del juego son otras, aunque quizás, sus asesores no se lo han dicho (o tal vez tampoco se han dado cuenta). Ahora, a respetar la legalidad.
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.