En la conferencia mañanera que ofreció el presidente López Obrador el jueves 14 de marzo de 2019, Santiago Nieto –titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP)– informó sobre la denuncia que interpondrán por “propaganda negra” contra dos empresas relacionadas con el documental El Populismo en América Latina.
Nieto enfatizó que la unidad a su cargo identificó que dicho material audiovisual obtuvo recursos para su realización de OHL México y el Gobierno del Estado de México. Además, por considerar que la serie incurrió en ‘propaganda negra’ en plena campaña electoral, el caso será llevado ante la Fiscalía de Delitos Electorales y se dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE).
Según expuso Santiago Nieto, dos sujetos: Alejandro Jesús Quintero Iñiguez y otro identificado sólo como “Piña”, fueron quienes recibieron recursos millonarios para la realización de la serie.
Grupo TV Promo S.A. de C.V. recibió 47 millones 900 mi pesos provenientes del Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A de C.V. Amén que dichas empresas podrían ser “fachadas” pues, en el caso del Bufete, recibió 186 millones de pesos de OHL y 2 mil 500 millones del Gobierno del Estado de México.
Finalmente, Nieto reveló que detectaron que dichas empresas también recibieron financiamiento de Kimgo Servicios Empresariales (3 millones 600 mil pesos) y Servicios Administrativos Peñoles (14 millones).
Todos los fondos habrían sido para financiar la serie El Populismo en América Latina en la que una de las imágenes principales de promoción era la del entonces candidato López Obrador al lado de Hugo Chávez, a los cuales les dedicaron un capítulo.
Las críticas no tardaron en llegar, cita el diario electrónico Vanguardia una pieza de Reporte Índigo (https://vanguardia.com.mx/articulo/gobierno-de-amlo-busca-encarcelar-productores-de-la-serie-documental-populismo-en-america). Y uno de los primeros en reaccionar fue el ex presidente Felipe Calderón, quien calificó de gravísima la intención del Gobierno de “encarcelar a los productores, directores, o quien haya participado en una película sobre populismo”.
Otro que no comparte la decisión del gobierno federal es el analista Enrique Campos, para quien Santiago Nieto “hace de una carpeta de investigación de un presunto delito electoral, un espectáculo de linchamiento público al estilo 4T”.
ES UN DELITO ELECTORAL
Un editorial de La Jornada del viernes 15 de marzo (https://www.jornada.com.mx/2019/03/15/opinion/002a1edi#) cita estas declaraciones de Santiago Nieto y el libro de reciente aparición Juntos hicimos historia, escrito por la diputada y ex coordinadora de la campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier, quien “da cuenta de un programa de denostación en contra del actual Presidente, encabezado por el empresario Agustín Coppel y el director de la revista Letras Libres, Enrique Krauze, y operado por su subordinado Fernando García Ramírez”.
Del programa conocido ahora como Operación Berlín habrían derivado, entre otras cosas, la creación del sitio web PejeLeaks, “dedicado a fabricar y difundir calumnias en contra del político tabasqueño y de su familia, en la propagación de contenidos difamatorios por medio de las redes sociales y en la conformación de ejércitos de trolls y bots dedicados a atacar al candidato presidencial de Morena y a respaldar a su rival panista Ricardo Anaya”, señala La Jornada.
“En ese marco se habrían gestado infundios tales como la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral del año pasado. Informaciones periodísticas adicionales e independientes agregan los nombres de Germán Larrea, dueño de la minera Grupo México, y Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis, a la lista de quienes financiaron tales operaciones”.
El editorial titulado ‘Propaganda sucia: esclarecimiento necesario’ recuerda que “las campañas de difamación en contra de López Obrador, sufragadas por grupos empresariales y ejecutadas por consorcios mediáticos, no son nada nuevo, como no lo es la animadversión de sectores intelectuales y televisivos”.
De hecho, “desde el impugnado proceso electoral de 2006, la propaganda negra tuvo su correlato legítimo en intensas denostaciones al actual mandatario formuladas por comentaristas adeptos al régimen; así, la frase publicitaria ‘AMLO, un peligro para México’ tuvo su equivalencia en el Mesías tropical, expresión que dio título a un libro de Krauze publicado en vísperas de aquella elección”.
UN PELIGO TROPICAL
Sin embargo, “dos son los aspectos novedosos de las revelaciones convergentes” de Nieto y Clouthier, señala La Jornada: “por una parte, los indicios de que en los tres más recientes procesos electorales pudo haber una articulación orgánica entre las críticas al tabasqueño disfrazadas de reflexión y análisis y el fango propagandístico esparcido por empresarios y medios informativos en coordinación con los cuarteles generales panista y priista; por la otra, el sesgo delictivo que llevó al gobierno federal a denunciar ante la Fiscalía de Delitos Electorales los hechos relacionados con la producción de la serie El Populismo en América Latina”.
La elaboración de un producto de publicidad política negativa puede considerarse una infracción a las leyes electorales, pero también “la serie podría ser producto de desvíos y de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El diario capitalino dirigido por Carmen Lira apuesta, en ese sentido, porque ni a Coppel ni Krauze ni a su operador se les persiga “por sus conocidas posturas políticas e ideológicas sino por presuntos delitos electorales y lavado de dinero; es decir, por violentar el marco legal y democrático del que en tantas ocasiones se han autoproclamado defensores y garantes”.
Este escándalo que no se quedó al nivel de intercambio de declaraciones entre Santiago Nieto y los señalados, debe conducir a un esclarecimiento de la información “en procesos legales regulares y apegados a derecho en los cuales se demuestre la culpabilidad o se reivindique la inocencia de los acusados y señalados y se haga efectiva la voluntad del Estado de desterrar para siempre de los procesos electorales los manejos financieros irregulares y la propaganda sucia, porque ambos, como se sabe, son mecanismos del fraude electoral”, subraya La Jornada.
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