Las y los diputados del grupo parlamentario de Morena y del Partido del Trabajo propusieron una modificación a la Constitución Local para conceder amnistía para enfrentar el hacinamiento en las prisiones estatales por el Covid-19.
El Diputado Vladimir Parra fue el encargado de presentar la iniciativa y comentó que esta busca atender principalmente a personas en un grado de vulnerabilidad, que por su condición de pobreza o no poder contar con una defensa efectiva y por lo tanto estén sujetos a un proceso penal bajo circunstancias de injusticia.
Calificando a la amnistía como un acto del poder legislativo mediante el cual se ordena el olvido oficial de una o varios delitos, aboliendo los procesos o las penas y conforme a la legislación penal vigente en nuestro Estado.
Agregó que a diferencia de la Constitución General la República que faculta al Congreso Federal para conceder la amnistía en cualquier delito, en la Constitución Local se acota a delitos políticos y esto desafortunadamente lo refrenda el artículo 97 del Código Penal Local.
Parra Barragán comentó que por lo tanto el Poder Legislativo, solamente puede conceder la amnistía tratándose de delitos “Contra la Seguridad del Estado”. Sin embargo al aprobarse los cambios a la Carta Magna realizadas en el Senado del República, el Congreso de Colima debe hacer ajustes.
Expuso que los beneficios de la amnistía federal, por razones de salud pública, humanitarias o diversas que en el futuro llegaran a presentarse, no podrían aplicarse en Colima por no contar con las herramientas legislativas adecuadas, colocándole al Congreso un freno para aplicar los beneficios a la ciudadanía.
Por ello dijo que es necesario se dote al Congreso Local de la facultad de ejercer la amnistía respecto de otros delitos, lo cual no implica reformar la Constitución para que quienes hayan cometido delitos como el homicidio doloso en todas sus formas, el feminicidio, la violación, la pornografía o el turismo sexual u otros que laceran gravemente a nuestra sociedad, salgan libres.
Finalmente comentó que la intención es reparar las posibles injusticias cometidas por el sistema de justicia penal, pero sobre todo atacar las causas estructurales, así como prever cualquier situación futura, por lo que es momento de dotar al Estado de instrumentos jurídicos para el beneficio de la población.