El Congreso del Estado envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley en la que propone que el dinero obtenido en las carreteras de cuota, se destine exclusivamente para la operación, conservación y mantenimiento de la propia vía concesionada.
La iniciativa de reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que tuvo como autor al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, busca que deje de ocurrir lo que sucede con la caseta de Cuyutlán.
En ese sentido, Federico Rangel Lozano, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones del Congreso del Estado, explicó que los recursos derivados de la explotación del tramo Armería-Manzanillo, se destinan al financiamiento de una vía carretera ajena al título de concesión.
El legislador indicó que el recurso obtenida en la caseta de Cuyutlán no se destina exclusivamente para la operación, conservación y mantenimiento de ese tramo carretero, lo que deja sin justificación la prórroga de la concesión, irregularidad que debe ser erradicada en las concesiones de las vías de comunicación en todo el país.
Aprobado en votación unánime, el acuerdo para que la iniciativa de ley se turne a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pretende evitar que los recursos obtenidos por la explotación de una vía de comunicación federal, puedan ser destinados para otros fines que no generen un beneficio directo para los usuarios de la misma.
En su iniciativa, José Ignacio Peralta señaló que la concesión de carreteras al sector privado se ha convertido en un instrumento para el financiamiento y operación de dicho sector, lo que ha generado el desarrollo de infraestructura, elevado la cobertura y movilidad de bienes y servicios.
Estimó que el modelo de concesiones carreteras utilizado en México, permite una asociación financiera de carácter público-privada, en la que, con la suma de ambos esfuerzos, se ha generado una mayor infraestructura carretera y se ha optimizado la prestación de este servicio a la sociedad.
Peralta Sánchez expuso que mediante las concesiones, el Estado cede a los particulares la función de construir, operar, explotar, conservar y mantener la vía de comunicación concesionada, con el objeto de que una fusión de capitales público-privados, permita que el tramo concesionado sea construido y optimizado.