A medida que el gobierno federal desactiva los instrumentos financieros del viejo régimen, la cleptocracia amenazada expone mayor hostilidad en su respuesta. De ahí que presenciemos actitudes cada vez más desfiguradas por quienes traducen la caída del sistema corrupto en escenarios comprometedores para su libertad pero sobre todo, para el descomunal patrimonio obtenido al paso del servicio público.
Con el pretexto de establecer el equilibrio político, corrientes opositoras al Presidente encaminan la imprescindible confrontación de ideologías hacia los objetivos más radicales que podamos imaginar. Capaces de todo por recuperar privilegios, apelan en un primer momento al sesgo de contenidos para amplificar los efectos de una artificiosa rebeldía. Aún así, ha quedado demostrado que las excéntricas caravanas con autos de lujo, los desplegados de intelectuales orgánicos o el mismo plantón de las casas voladoras, son componentes de un grotesco montaje que resta credibilidad a sus autores y los aleja de la discusión racional que demanda un momento de crisis.
A la par de estas expresiones, las grandes empresas de medios escudriñan sistemáticamente los – ya por sí confusos- mensajes oficiales para sembrar la idea de que las políticas públicas de Palacio Nacional van orientadas a la cancelación de apoyos. Omiten, sin embargo, que medidas tan drásticas como la eliminación de fideicomisos tienen entre sus propósitos que la dispersión del dinero recorra menos filtros.
Ahí radica la inconformidad de los gobernadores «alfaristas», personajes que no se distinguen precisamente por llevar un manejo escrupuloso de la economía y en cambio sí por trazar ingeniosas rutas financieras para que los fondos públicos desprendan rendimientos en cuentas particulares antes de su desvío o del típico reparto discrecional. No por nada sus respectivas administraciones han sido objeto de observaciones millonarias por parte de la Auditoría Superior de la Federación sin pasar por alto que en el presente ejercicio se les ha transferido montos extraordinarios.
Colima recibió hasta el mes de agosto la suma de 176 millones 600 mil pesos, pero en cambio la administración estatal no ha hecho el menor esfuerzo para subsanar el escandaloso desfalco al sistema de pensiones como tampoco ha reportado a la Secretaría de Hacienda el catálogo de impuestos que es retenido puntualmente a miles de trabajadores.
El historial de irregularidades es tan robusto que provee argumentos sólidos para opinar que la participación proselitista de José Ignacio Peralta en favor de su homólogo jalisciense, además de poco reflexiva, es temeraria a la hora de añadir factores tan básicos como el hecho de ser el mandatario de menor presencia política, el de menor presupuesto, el de menor carisma (¿alguien que lo discuta?) y quizás el que mayores problemas reporta en su entidad.
Un primer lugar en feminicidios y otro en homicidios dolosos, quebranta la autoridad moral y política de cualquier gobernante, más aún cuando en diversos estudios de opinión se coloca en lo individual como el peor evaluado del país.