¿CUÁNTOS CONGRESISTAS?
El secretario de Formación Política del comité estatal de Morena, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, fue uno de los ponentes que se ocuparon del método de elección y del número de legisladores que deben componer el Congreso de la Unión, en la audiencia pública celebrada en Colima este jueves 27 de noviembre de 2025 por el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.
El ex regidor, ex diputado local, ex dirigente partidista y ex candidato a la gubernatura, a la alcaldía de Cuauhtémoc y al Senado, profesor retirado, actual líder de agroproductores y, sí, papá de la gobernadora, respaldó que se mantenga la representación proporcional.
Pero en cuanto a las maneras de acceder al Congreso federal por esa vía, Arnoldo Vizcaíno planteó tres escenarios a Cárdenas, integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral:
El primero es que la cámara baja se integre con los mismos 500 diputados federales, pero que las 200 curules que han sido plurinominales hasta ahora se asignen a los candidatos más votados de los diversos partidos que accedan a la fórmula.
El segundo, que en lugar de 500 sean 400 diputados: 250 de mayoría y 150 de representación proporcional.
Y en un tercer escenario se mantendría la correlación 60-40 de la actual Diputación Federal, pero con apenas 375 legisladores.
BAJAR PUNTOS EN CLÁUSULA
En cuanto a la composición del Senado, Vizcaíno Rodríguez coincidió con quienes piden se mantengan los dos escaños para el partido que gane la elección en cada estado, y una senaduría para la fórmula que obtenga la primera minoría, eliminando a los senadores de Lista Nacional.
Subrayó que los esquemas propuestos buscan que a cada partido le correspondan legisladores exactamente en función del número de votos obtenidos.
Si bien acepta la idea de que el partido mayoritario tenga acceso a una cláusula de gobernabilidad, para crecer su representación en la Cámara de Diputados hasta en un 6 %, dejando atrás las cláusulas abusivas que le concedían a la primera fuerza electoral un 10 o hasta un 12 % de sobrerrepresentación parlamentaria.
Finalmente, Arnoldo Vizcaíno planteó también que el umbral para acceder a una diputación por esta vía indirecta y ser parte del órgano sea del 3 % de la votación, cuando otras voces en la audiencia pública pedían elevarlo al 6 %.
COMPAÑERA ROSACRUZ
La exalcaldesa interina de Manzanillo, Rosacruz Rodríguez Pizano, fue de las ponentes que reivindicó el principio de que la lucha democrática que permitió la conquista de muchos de los actuales derechos políticos, ha sido sostenida principalmente por la izquierda y no por la derecha a la que, por tradición, no le interesan los cambios.
Rosacruz pidió una cámara baja integrada por 300 diputados federales, elegidos todos por el principio de representación proporcional. Una representación proporcional pura, donde cada partido, en cada estado, presente una nómina de candidatos y obtenga un número de diputados de acuerdo al porcentaje de votos que reciba esa lista.
Para quien sustituyó a Griselda Martínez en 2024 cuando la presidenta municipal pidió licencia para ir en busca de una senaduría, es muy importante que el ciudadano incluso pueda decidir el orden en el que los candidatos figurarán en esa lista, y quitarles a las dirigencias partidistas la posibilidad de poner a su gente o a su burocracia.
Con el sistema actual de plurinominales, los partidos controlan las candidaturas que ocuparán esas 200 curules. Y no se asignan las diputaciones en función de votos.
Mientras el PRI controló las 300 diputaciones de mayoría, impidió una representación proporcional pura. Ahora, como partido de izquierda, Morena puede hacerla realidad.
Para Rosacruz (quien de entrada había saludado al organizador de la audiencia pública como “el compañero Lázaro”, dando a entender que, a diferencia de Griselda Martínez, ella nunca abandonó Morena), el Senado debe contar sólo con 96 legisladores: dos elegidos en la fórmula ganadora y el tercero será quien encabece la dupla que obtuvo la primera minoría. Deben eliminarse, pues, los senadores de Lista Nacional.
DERECHO A LA CONSULTA
Por lo demás, Rosacruz Rodríguez apoyó la idea de que el INE amplíe su nombre a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como propuso el entonces presidente López Obrador:
“Tenemos derecho a las consultas” y todas esas decisiones (del tipo de cancelar el aeropuerto de Texcoco, enjuiciar a los expresidentes o posibilitar la revocación de mandato) son tan importantes como los comicios sobre gobernantes y representantes populares.
Contra la opinión de juristas locales que veremos en su momento, Rosacruz opinó que debe haber un solo tribunal electoral de carácter federal. Es verdad que se piensa que al eliminar los oples y los tribunales estatales se atentaría contra la autonomía electoral de los estados, “pero es muy caro, muy burocrático y no aporta nada”.
De todas maneras, casi todas las decisiones se van al INE y los tribunales federales”. Y que haya gente de Colima integrada al INE, como dijo otro ponente cuyo argumento analizaremos en una siguiente entrega, no cambia las cosas para Rodríguez Pizano.
VOCES ESTUDIANTILES
Ricardo Vázquez Meza y Lucio Gael Cruz, estudiantes de Administración Pública y Ciencia Política, presentaron “un proyecto de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales” (LGIPE) con el propósito de garantizar “una representación más fiel, proporcional y equitativa en la integración de la Cámara de Diputados, en estricto apego a los principios consagrados en los artículos 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Para los jóvenes, el sistema de asignación de diputaciones de representación proporcional establecido en los artículos 15 al 19 de la LGIPE, presenta deficiencias que generan distorsiones en la conformación del Congreso.
El límite de sobrerrepresentación, la fórmula de cociente natural y de resto mayor, así como la ambigüedad en el tratamiento de las coaliciones, permite en muchos de los casos la formación de mayorías artificiales, rompiendo el principio democrático de equivalencia entre votos y escaños. Este problema estructural debilita la confianza ciudadana y afecta la legitimidad del Poder Legislativo.
La reforma que proponen los muchachos “transita hacia un sistema compensatorio de proporcionalidad integral, cuyo objetivo no es disminuir la representación proporcional sino fortalecerla, convirtiéndola en un mecanismo real de equidad, pluralidad e inclusión para grupos vulnerables y minorías políticas”.
Plantean, primero, sustituir el esquema usado hasta hoy por el Método Webster: ‘un sistema matemático utilizado en sistemas electorales para la asignación proporcional de curules, con el objetivo de distribuir los puestos de manera justa entre los partidos políticos o listas de candidatos en función del número de votos que cada uno recibe’, según resume la IA.
El Método Webster constituye “un estándar internacionalmente reconocido por su precisión y proporcionalidad”, utilizado en países con sistemas democráticos avanzados como Alemania “para evitar distorsiones y asegurar una representación más justa de la voluntad popular”, apuntaron los ponentes.
A diferencia de la fórmula vigente, el Método Webster reduce la imprevisibilidad, corrige sesgos que suelen perjudicar a partidos medianos, y evita que la distribución dependa de residuos o ajustes discrecionales.
REPRESENTACIÓN EXACTA
Segundo, la reforma debe clarificar el papel de las coaliciones, estableciendo que serán tratadas como una sola entidad para efectos de los límites de sobrerrepresentación. Esto impide que las coaliciones se utilicen para eludir la intención de la ley y construir mayorías que no corresponden a la votación real de la ciudadanía.
Tercero, los alumnos universitarios proponen que el Instituto Nacional Electoral presente un informe técnico cada tres años evaluando los efectos del sistema de asignación y recomendando, en su caso, los ajustes legislativos pertinentes. Este mecanismo contribuiría a la transparencia, la mejora continua y la actualización del sistema electoral.
La propuesta de Ricardo y Lucio resolvería “problemas reales, sin alterar la esencia del sistema electoral mexicano; reduciría la distancia entre votos y su proporción en escaños; evitaría que las reglas puedan aprovecharse para generar sobrerrepresentación injustificada; fortalecería la pluralidad, la inclusión y la representación de sectores históricamente subrepresentados; y, sobre todo, devolvería el peso del Congreso a la ciudadanía que debe tenerlo.
Esta propuesta, dicen, no favorece a ningún partido político sino a la democracia. Se apoya directamente en el artículo 35 constitucional que garantiza el derecho a votar y ser votado, lo cual implica un sistema electoral que traduzca adecuadamente la voluntad popular. Y en el artículo 41 constitucional que obliga al Estado a asegurar los principios de equidad, proporcionalidad y certeza en la integración de los órganos legislativos.
La reforma de los artículos 15, 16, 17 y 19 de la LGIPE traduciría los principios establecidos en el 35 y el 41 constitucionales, alineando el marco jurídico con la realidad democrática que México necesita.
“La democracia no se perfecciona sola, requiere adaptarse, corregirse y modernizarse”. Este proyecto, concluyeron los jóvenes, busca hacer una aportación técnica e institucional a ese proceso, ofreciendo –más allá de señalar un problema– “una solución viable, justa y constitucionalmente asumida”.
DEFENSA DE LA SOBERANÍA
Además de pronunciarse “a favor de la existencia de los oples”, la dirigente estatal de Morena, Mitzuko Márquez Monroy, habló de los partidos políticos y su –con frecuencia falta de– compromiso con la soberanía nacional.
En una clara alusión a las acciones de dirigentes partidistas que han pedido la intervención militar de potencias extranjeras en México con el pretexto de someter a los grupos delincuenciales, o de parlamentarios que en tribuna han puesto los intereses privados y extranjeros por encima del interés nacional y los del Estado, Mitzuko señaló la urgencia de imponer principios nacionalistas y soberanistas mínimos a los partidos políticos.
Esto se haría a través de una adición al párrafo segundo, fracción primera, del artículo 41 constitucional que habla de la regulación de los partidos políticos y su papel en la vida democrática del país, con la finalidad de establecer principios mínimos constitucionales para asegurar el interés superior de la nación.
“En el marco del régimen democrático mexicano, los partidos son entidades de interés público que canalizan la participación ciudadana y hacen posible el acceso al poder. No obstante, la actual configuración constitucional no establece un núcleo común de principios nacionales obligatorios que orienten su actuación hacia la defensa del interés superior de la nación.”
“En la práctica, esta omisión ha permitido que diversas fuerzas políticas adopten plataformas ideológicas o alianzas contrarias a los principios de la soberanía, independencia o defensa de los recursos naturales, promoviendo agendas subordinadas a intereses económicos o geopolíticos ajenos a los intereses del pueblo de México y del Estado.”
“El vacío normativo se refleja en la ausencia de una identidad de soberanía nacional compartida entre los partidos políticos, entendiendo la soberanía como ‘el poder político supremo que permite a un Estado autodeterminarse, organizarse internamente y actuar externamente con independencia de otro poder’, según el diccionario jurídico de la UNAM.”
NO MÁS TRAICIÓN A LA PATRIA
Si tomamos el criterio de los ministros, ampliando este concepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla de que “la soberanía es la potestad suprema del Estado para decidir sobre su estructura, funcionamiento y destino, sin subordinación a voluntad extranjera”, reiteró Mitzuko.
“Es esta ausencia de identidad de soberanía, la que debilita la rectoría del Estado cuando los partidos llegan al poder. Eso fragmenta la visión de un país a largo plazo, y abre la puerta a proyectos que priorizan no sólo intereses privados o corporativos, sino también intereses extranjeros u oligárquicos por encima de intereses nacionales como hemos visto en los últimos meses.”
En este contexto global de presiones energéticas, alimentarias, tecnológicas y financieras, impulsadas por la más ruin y miserable economía, el neoliberalismo que durante décadas comprometió los recursos naturales de nuestro país, el desarrollo económico y social, lo mismo que la seguridad nacional, recapituló la dirigente morenista, “debemos dejar de ver el concepto de soberanía como una definición en un libro de texto y verlo como una necesidad real contemporánea del Estado y de los partidos políticos”.
Debe haber un compromiso con la soberanía nacional en los documentos básicos de los partidos políticos. Esto impediría que plataformas o alianzas políticas promuevan acciones contrarias a la independencia y la soberanía. La Constitución debe establecer los principios que garanticen la defensa de un proyecto de nación.
Y al estar en la Constitución esta obligación jurídica, no sería optativo que todos los partidos políticos deban incluir en sus documentos básicos y principios la defensa de la soberanía como requisito para su registro, sostuvo Mitzuko.
La propuesta de adición al artículo 41 quedaría, entonces, como sigue:
“Los partidos políticos, en su carácter de entidades de interés público deberán regirse por principios mínimos que aseguren el respeto a la soberanía nacional, la defensa de los recursos estratégicos de la nación y la búsqueda de la soberanía energética y alimentaria, tanto como el privilegio de los intereses nacionales por encima de intereses extranjeros, corporativos o particulares”. Y estos principios “deberán ser observados y aplicados en todos los partidos políticos”.
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