“El jurídico de la CNC ya revisó el asunto, y me dijo que el tribunal agrario le está dando la razón al ejido”, señaló Jorge Armando Gaytán Sánchez, al intervenir en la rueda de prensa que ofreció el Ejido Salagua para reiterar su reclamo al Ayuntamiento de Manzanillo del pago por el uso del terreno que ocupa la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
Todavía investido del liderazgo en la Liga de Comunidades Agrarias, a cuya secretaría general renunció el 9 de febrero pasado para participar en el proceso interno del PRI, el virtual candidato a la diputación local por distrito 14 subrayó:
“Estamos aquí para apoyar una causa justa, un asunto que tiene muchos años y que, efectivamente, cuando se hicieron los trabajos de expropiación no se concluyó debidamente. Se viene arrastrando ese conflicto, aunque los juicios le dan la razón el Ejido”.
Gaytán Sánchez encabezó a los dirigentes de los ejidos de Manzanillo que asistieron a la asamblea ejidal de Salagua a brindar su apoyo a los integrantes de ese núcleo agrario. Ahí mismo, el cenecista prometió que estaría en la reunión de este lunes 26 de febrero con la alcaldesa Gabriela Benavides, en la que buscarían llegar a un acuerdo para el pago del terreno.
“Ya tuvimos pláticas [previas] con la presidente municipal. Y [solo resta] ponernos de acuerdo en lo que vale la tierra a precios actuales, y buscar también la manera en cómo el Ayuntamiento le pueda cumplir al Ejido. Si bien le entran muchos recursos [por cuotas de saneamiento y un subsidio de la Conagua] también tiene muchos gastos”, ponderó.
Jorge Armando Gaytán dijo estar seguro que los ejidatarios de Salagua “están en la mejor disposición para buscar la manera en que se le haga justicia al ejido y le resarzan el daño que se le hizo con la expropiación”.
Y está cierto de que “la presidenta [Benavides] tiene en la mejor disposición de llegar a acuerdos, sin necesidad de seguir por la vía jurídica, alargando el conflicto en el tiempo”. Ello en clara alusión al amparo que promovió el síndico municipal tras conocerse la resolución del Tribunal Superior Agrario a favor del Ejido.
Ante la insistencia de los reporteros, Gaytán Sánchez reconoció que, “desgraciadamente, se atraviesa este tiempo político” en el que la Alcaldesa originalmente electa por Acción Nacional se prepara para contender por un escaño en el Senado en la fórmula del Partido Verde-PRI.
“No podríamos dejar de apoyar al Ejido Salagua solamente porque es tiempo electoral. Aquí están todos los ejidos de Manzanillo porque con todos hemos sido solidarios”, dijo el dirigente cenecista.
“No acusamos a la presidenta. Este un problema de varios ayuntamientos que ya han pasado. [Nació] cuando no se hizo adecuadamente la expropiación y no se le dio al Ejido la retribución correcta”. Y aclaró que hoy tendrían que actualizarse los valores del predio, cosa que “si se hubiera hecho a tiempo no tendríamos ese problema”.
EL TERRENO VALE MÁS DE 50 MDP:
Durante la rueda de prensa celebrada este domingo en la casa ejidal de Salagua, y a invitación del presidente del comisariado ejidal, Andrés García Loeras, el asesor jurídico del Ejido, Francisco Solórzano Ávila, recordó que en 2007 se les quiso pagar 100 mil pesos como indemnización.
Era la mitad de los 200 mil pesos en los que se valuó el terreno en 1993, en una valuación viciada, por “dogmática”, es decir, que no consideró los factores que determinan el verdadero valor de ese terreno de 10 y media hectáreas, del cual por cierto la PTAR ocupa la mitad, mientras que el resto sirve como patio de maniobras para los vehículos de servicios públicos municipales.
Tras casi 33 años de ocupación (la expropiación se efectuó el 19 de septiembre de 1985), en lo que Solórzano calificó como un abuso de autoridad, los ejidatarios no han recibido ni la indemnización ni el pago de las rentas correspondientes.
Durante el juicio, en 2010 un tercer perito designado por el tribunal estableció el avalúo incluso por encima de las valoraciones que habían hecho los peritos contratados tanto por el Ayuntamiento como por el Ejido: alrededor de 50 millones de pesos. Cantidad que tendría que ser actualizada al poder adquisitivo de 2018.
Y a los cuestionamientos de los reporteros sobre un aparente oportunismo político, el abogado Solórzano explicó que el temblor del 19 de septiembre de 2017 dañó el edificio donde sesiona el Tribunal Superior Agrario, y éste apenas reanudó funciones a finales de enero. No buscaron los ejidatarios que el conflicto le estallara a la Alcaldesa en pleno año electoral.
LO QUE DIJO EL TRIBUNAL:
Hijo de uno de los ejidatarios de Salagua, y diputado por el distrito local en el que se ubica ese núcleo agrario, Miguel Alejandro García Rivera, recordó que siendo regidor por el mismo partido (PAN) al que entonces pertenecía Virgilio Mendoza Amezcua, le planteó al alcalde el tema de la indemnización pendiente, para evitar que llegara a los tribunales:
“Es claro que el terreno pertenece al ejido y no se le ha pagado en 33 años que lleva ocupándolo el Ayuntamiento”. Pero, a manera de respuesta, “Virgilio utilizó palabras muy desagradables para referirse al licenciado Francisco Solórzano”.
Pasó el tiempo y al ganar la diputación, lo primero que hizo El Mono –que así se presenta el legislador con sus electores– fue pedirle al Congreso que citara a comparecer a la actual presidenta Gabriela Benavides, “en el entendido que no es un problema de ella sino que se arrastra desde 1993, y lo que se busca es generar un compromiso [del Ayuntamiento] que sí se hizo”.
García Rivera precisó que Benavides fue muy clara en todas sus entrevistas al salir del Congreso, dijo: “‘A mí lo que diga el Tribunal, lo acato’. Pero lo que estamos viendo es que cuando el tribunal resuelve, se amparan. Entonces, ya no es ‘lo que diga el tribunal’ y esa es la plática. No existe ya la buena voluntad”.
El diputado recordó que, como Congreso, “dejamos de presionar porque el asunto estaba en el tribunal y, cuando resuelven a favor del ejido, los 48 ejidatarios me dicen que es tiempo de buscar el acuerdo. Pero la presidencia municipal se ampara y ahora lo que se busca es lograr el acuerdo: no atacar políticamente, no aprovechar la coyuntura electoral, sino juntar a las partes y que por fin se pueda resolver un problema tan añejo”.
LAS RENTAS ATRASADAS:
Solórzano había mencionado que cuando se conoció la noticia del amparo que solicitó el Ayuntamiento, a coro los ejidatarios propusieron tomar represalias. Como lo expresó uno de ellos: “hay que taparle el culo a Manzanillo”, aludiendo al hecho de que por esa planta de tratamiento pasan todos los desechos orgánicos de los porteños, la mierda pues.
El tono, sin embargo, debió haber sido más conciliador la tarde de este lunes, cuando se celebró la audiencia con la alcaldesa. Como en otros sectores de la administración pública, el gran problema es el dinero. El Ayuntamiento nunca previó financieramente el pago de los terrenos o la cobertura puntual de la renta.
El primer paso tendrá que ser, entonces, reconocer el pasivo como parte de la deuda municipal, y diseñar una estrategia financiera (que podría contemplar un aumento en las tarifas) para costear el monto de la indemnización y el pago de las rentas atrasadas.
O bien, restituir el predio al Ejido y firmar un contrato de arrendamiento que reconozca el adeudo de las rentas desde 1985.
Eso, o llevarse la planta a otra parte… y pagar las rentas atrasadas.
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