¿De cuánto será la merma electoral que eventualmente sufran los candidatos de Morena y sus aliados por la campaña sucia que –desde medios de comunicación estadounidenses y granjas de bots en Argentina, Colombia y España– se lanzó en contra de la administración de López Obrador?
Es complicado hacer el cálculo porque, si bien los efectos no se han dejado sentir en las encuestas recientes sobre la viabilidad de triunfo de Claudia Sheinbaum, es de esperar que la propaganda negra se intensifique de aquí al 2 de junio con el objetivo de restarle votos a la candidata presidencial de la coalición Seguimos Haciendo Historia.
Incluso es posible que la estrategia de desinformación continúe tras los comicios porque, en la agenda de la oposición, figuran dos propósitos que sienten más alcanzables que hacer repuntar a Xóchitl Gálvez: crear un escenario de incertidumbre que les permita al PRI, PAN y PRD pedir la anulación de unas elecciones que saben imposibles de ganar; y, si esto no se logra, como beneficio adicional y ganancia mínima de la campaña mediática y digital, deslegitimar la predecible victoria de Sheinbaum Pardo.
Será de este modo cómo la derecha buscaría debilitar al próximo gobierno, para colocar a la nueva presidente ante el dilema de perseguir política y hasta judicialmente a su antecesor, o correr el riesgo de pagar con su propio desafuero la lealtad al tabasqueño.
Según los analistas de la mesa de Radicales en el canal Estudio B del portal Sin Embargo, ante la imposibilidad de integrar un expediente negro que les permita atacar directamente a la candidata presidencial de Morena (no le han podido encontrar errores en el manejo presupuestal del gobierno local más importante del país) se han abierto cuatro frentes contra AMLO: el político, el mediático, el judicial y el internacional.
En cada uno de esos frentes se están lanzando, con una agenda perfectamente sincronizada, ataques contra el mandatario saliente que sigue siendo el aval electoral de Sheinbaum. Sin embargo, las encuestas revelan que Andrés Manuel es, si no indestructible, por lo menos impermeable a esa narrativa inverosímil: el relato de una 4T que, mediante una elección inequitativa, quiere continuar “el narcoestado”.
NO TODOS SON AMLO
Lo que no sabemos es cuántos de los candidatos de Morena-Verde-PT comparten el blindaje de AMLO y Sheinbaum, ni cuántos de ellos sucumbirán a campañas de desprestigio construidas con elementos, ciertos o falsos, tomados de su biografía política, vida familiar y trayectoria personal.
El cuento fantástico de la 4T como un narco-régimen que mediante una elección de Estado pretende convertirse en un nuevo PRI, se finca pese a toda su mala leche sobre una realidad innegablemente violenta. Es una escena recreada con la finalidad de generar pánico moral, pero indudablemente cierta: los índices de homicidios dolosos, si bien evidencian una tendencia a la baja, siguen siendo tan numerosos que anulan cualquier razonamiento en torno al relativo éxito de la estrategia de pacificación desplegada a lo largo de este sexenio.
No obstante la intensidad de la guerra comunicacional, los voceros de la derecha no han logrado imponer como sentido común la idea de un gobierno aliado con los carteles del narcotráfico, por una razón muy sencilla: todavía está fresco en los mexicanos el recuerdo de los probados vínculos que la administración panista de Felipe Calderón tuvo a través de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la delincuencia organizada.
Al tiempo que simulaba una guerra contra las drogas que, en los hechos, era una embestida contra las comunidades rurales tomadas por los grupos criminales, el calderonismo protegió al narcotráfico, específicamente al mismo grupo delincuencial asentado en Sinaloa con el cual quisieron relacionar al candidato López Obrador durante los comicios de 2006, mediante maliciosas filtraciones de la DEA a la prensa de Estados Unidos.
Sigue igualmente intacta en la memoria colectiva la coincidencia entre el periodo de gobierno del priista Enrique Peña Nieto con el despunte internacional del cartel asentado en Jalisco.
Como esos dos, cada uno de los gobiernos del ciclo neoliberal fue responsable del crecimiento y esplendor de los grupos criminales asentados en Guerrero, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California…
Por eso es tan difícil convencer a la opinión pública de que el narcoestado nació en 2018. Y, sobre todo, resulta tan complicado fundamentar la hipótesis de que el verdadero motivo para impulsar la victoria electoral de AMLO fuere colocar a un presidente que protegiera el negocio.
GOBIERNO LEGÍTIMO
A millones de mexicanos nos queda claro que la alternancia hace seis años no fue resultado de una concertacesión del PRI en beneficio de una fuerza supuestamente contraria, como ocurrió en 2000; tampoco de un fraude electoral por parte del PAN, como se dio en 2006; ni de un acuerdo entre las cúpulas políticas y empresariales, como el que se operó en 2012.
AMLO llegó a la presidencia gracias a una votación apabullante (más de 30 millones de boletas) que no pudo ser desvirtuada, aunque lo hubiera querido ese mismo instituto electoral que en anteriores procesos solapó el uso de algoritmos para alterar el cómputo, gastos excesivos de campaña o la compra de votos.
Apelando al olvido de lo que pasó en 2006, la narrativa sobre la vinculación de AMLO con cualquiera de los carteles se remonta a esa primera participación electoral. Pero la calumnia no soporta la lógica más elemental: fue la guerra de Calderón lo que potenció, en vez de contener, los hechos sangrientos relacionados con el narcotráfico; y los millonarios negocios que se hicieron al amparo de esa criminal ‘política de seguridad’, explican por qué tantos intereses se confabularon para consumar el golpe institucional que instaló al panista en Los Pinos.
López Obrador no tomó el poder por una revolución ni un golpe militar, sino mediante un triunfo incuestionable en las urnas. Y es el colmo de la vulnerabilidad de nuestros órganos electorales que, para 2024, tengamos que confiar de nueva cuenta en una copiosa votación para tener la certeza de que ni el árbitro de los comicios ni el tribunal que debe calificar las elecciones torcerán la ley para contrariar la voluntad mayoritaria.
PISO DISPAREJO
La batalla cultural hoy en día se centra en la equidad de la contienda: el discurso de la oposición denuncia una supuesta intervención de López Obrador en el proceso electoral en favor de Claudia Sheinbaum, mientras el oficialismo se afana en demostrar la injerencia de actores políticos extranjeros en una disputa que sólo compete a los mexicanos.
El INE ordenó al mandatario que baje de las redes sociales de la Presidencia de la República la entrevista que Andrés Manuel le concedió a “la periodista española de origen ruso” (como se describió en la mañanera a la colaboradora de Canal Red) Inna Afinogenova, porque en dicha conversación habla bien de su propio gobierno y elogia a su favorita a sucederlo.
Conversando con Julio Astillero, la periodista que renunció a su trabajo en Russia Today (RT) y se exilió en protesta por la invasión ordenada por Putin contra Ucrania (pese a la cual, la prensa mexicana celosa por la exclusiva no dudó en calificarla de ‘agente rusa’) exhibió la parcialidad del INE, recordándonos que la entrevista con AMLO se grabó y se transmitió antes del inicio de las campañas presidenciales, por lo que no viola la normatividad electoral.
En palabras de AMLO, el INE le exigió “cepillar” esta entrevista difundida en un medio alternativo que transmite sólo por internet, mientras los consejeros nunca se pronunciaron sobre los materiales claramente injerencistas en los comicios de 2024 que difundieron The New York Times, The Wall Street Journal o The Washington Post, medios de referencia en Estados Unidos que secundaron las filtraciones de la DEA a portales como ProPublica e InSight Crime o a la periodista mexicana Anabel Hernández en su columna para la Deutsche Welle .
ÁRBITRO VENDIDO:
Los representantes ante el INE de Morena (Sergio Gutiérrez Luna) y el PT (Gerardo Fernández Noroña) demandaron investigar la procedencia de las granjas de bots que operan mensajes contra AMLO y Sheinbaum, bajo las etiquetas “#NarcoPresidentAMLO3” y “#NarcoCandidataClaudia”.
Sin embargo, el consejo general determinó no indagar la campaña en redes sociales en contra del mandatario y la aspirante presidencial, argumentando que no hay pruebas al respecto y que, además, carecen de base legal para investigar las granjas de bots. Según Guadalupe Taddei, presidenta del INE, “no tenemos facultad ni estructura adicional para investigar”.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) había desechado la queja desde el 2 de marzo, señalando que toca a Morena presentar las pruebas. Y el jueves 14 el consejo general rechazó por unanimidad la propuesta de crear un protocolo de investigación.
Para Gutiérrez Luna, los consejeros cierran “los ojos” ante el uso de la tecnología para generar desinformación. Y mientras Fernández Noroña sostenía que hay suficiente evidencia, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, salió en defensa del INE diciendo que un protocolo como el sugerido censuraría a los usuarios de redes.
CASI DINAMARCA
En todas las democracias del mundo, los candidatos del oficialismo se benefician (o se perjudican) de los logros (o los fracasos) del gobierno emanado del partido que pretende continuar en el poder. En la promesa de construir el segundo piso de la transformación estriba, en gran medida, la intención del voto a favor de Claudia Sheinbaum.
La sobrerregulación electoral que desarrollamos en México para combatir las trampas y la inequidad electoral impide al actual presidente presumir sus logros. La autoridad comicial es muy sensible a una publicidad gubernamental que suponga transferencia de capital político del presidente saliente hacia su candidata. Pero no es tan sensible a la propaganda negra que intenta endosarle a esa candidata los costos políticos inherentes al desgaste del poder.
Los frutos de la presencia de López Obrador en Manzanillo este sábado 16 de marzo, se manejaron con discreción porque estamos en veda electoral; apenas se difundió que encabezó una mesa donde le informaron los avances del programa IMSS Bienestar.
Si en su anterior visita el mandatario prometió que antes del fin del sexenio en Colima funcionará un sistema de salud mejor que el danés, hasta que pasen las elecciones no sabremos si nos estamos acercando a la meta. En contrario, ya se empiezan a publicar los materiales que corresponden al siguiente punto en la agenda mediática de la oposición.
Para demostrar el fracaso de la política de la 4T en materia de salud, la oposición sólo tiene que mostrar las cifras reales en abasto de medicamentos e insumos, funcionamiento de los equipos, consultas de especialistas, cirugías o tratamientos, y compararlas con los números ‘idealizados’ del antiguo modelo de atención con cargo al mentado seguro médico popular, del cual insisten en decir que funcionaba cuando nunca funcionó.
Como gobierno, la 4T no puede presumir avances en la construcción de un sistema de salud universal y gratuito, pero como partido sí. Corresponderá pues a los candidatos de esta coalición ponderar los logros en salud, contrastándolos con el punto de partida: AMLO recibió un sistema público desmantelado, sumido en la corrupción y el tráfico de influencias.
Este gobierno acabó con un esquema que enmascaraba la privatización de la salud, y lo sustituyó por un sistema de salud para el bienestar que, por su naturaleza jurídica, estaba condenado a ser un simple distribuidor de recursos. El Insabi evolucionó hacia un instituto de seguridad social para población abierta que tomó el nombre de un viejo programa del seguro social, el IMSS-Bienestar.
Es fundamental para la continuidad de la 4T que cuando un candidato de la izquierda diga: ‘no estamos como en Dinamarca, pero hacia allá vamos’; no haya quién en los mítines de la oposición, los medios o las redes sociales pueda acreditar con una fotografía o un testimonio auténtico que no hay tal existencia de medicamentos o que las citas con los especialistas se programan más allá de la esperanza de vida de los pacientes.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com