A punto de terminar el periodo ordinario de sesiones, el martes 25 de abril de 2023, la Cámara de Diputados aprobó en medio de una sonora discusión la simplificación administrativa que contempla que el IMSS-Bienestar absorba las funciones operativas del Insabi, mientras los aspectos normativos que tenía el Instituto de Salud para el Bienestar quedarán en la Secretaría de Salud (SSA).
No pocos usuarios de los servicios –y muchos profesionales de la salud que han venido laborando en uno y otro modelo de atención– ven este paso como una aceptación del fracaso del Insabi por parte de López Obrador. En el gabinete de salud, probablemente, se le vea también como un reconocimiento a la capacidad del IMSS-Bienestar para garantizar un mayor abasto de medicamentos, la modernización de hospitales y la contratación de médicos especialistas. Esto es, la acción supone un triunfo del director del IMSS, Zoé Robledo, sobre el secretario de Salud Jorge Alcocer.
Para precisar esta narrativa, los conductores de la Mañanera 360 (que se transmite en Canal 14 y Altavoz Radio), Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha, glosaron el miércoles 26 lo expuesto en la conferencia de prensa de Palacio Nacional por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y entrevistaron al analista de políticas de salud y promotor de la salud igualitaria en México, Juan Manuel Lira Romero.
Suplente en la tribuna luego que López Obrador se reportó enfermo de covid el domingo 23, López Hernández expresó que la reforma a la Ley del Sistema de Salud para el Bienestar implica una reorganización de las funciones de la SSA, a fin de cumplir el compromiso del presidente en términos gratuidad y universalidad en la atención médica.
Convenido con los estados, se iniciará la transferencia de activos (hospitales, laboratorios y centros de salud) hacia el IMSS-Bienestar. También se eliminará el pago de cuotas, aun cuando nunca llegaron a ser onerosas. Y con todo ello se dan pasos definitivos hacia un modelo de atención más eficaz, de mayor cobertura y completamente gratuito.
Nada de esto entendió la oposición que, en San Lázaro, lloró porque nos estamos alejando cada vez más del modelo neoliberal: “Nuestro país no merece una política de salud como ustedes la han realizado. Ojalá recuperemos el Seguro Popular” (SP), dijo la diputada panista Margarita Zavala. En la visión de la esposa del expresidente Felipe Calderón, sólo de esa manera se le devolvería la dignidad a nuestro país y a los 30 millones de mexicanos a quienes “les quitaron ustedes los derechos” al cancelar el SP.
HOSPITALES DE FACHADA
En realidad, las cifras que suman las irregularidades relacionadas con el manejo del Seguro Popular desmienten las virtudes de ese modelo: 301 mil millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación (ASF); casi 30% en el rubro de medicamentos, material de curación y otros insumos adquiridos a un precio superior al de referencia, o pagos que exceden el porcentaje autorizado. Por eso, dice Alzaga, hay proveedores de servicios e insumos médicos muy enojados.
Por si fuera poco, el gobierno federal daba partidas a los estados etiquetadas para el Seguro Popular y estos recursos se desviaban o eran malversados. Esto explica por qué algunos estados no han querido sumarse a la federalización de los servicios de salud, añade la conductora.
De este doble chanchullo se beneficiaban funcionarios de los gobiernos estatales pero también los directivos a nivel central, incluidos secretarios de Salud en turno como Salomón Chertorivski, Julio Frenk o José Narrro que no han parado de reclamar la desaparición del SP.
Fueron estos mismos extitulares de Salud quienes firmaron un manifiesto contra la estrategia de combate al covid, afirmando que ellos podrían controlar la pandemia en cuestión de semanas. En el fondo, revindicaban los negocios que, como terminó pronto, ya no se pudieron hacer en 2009 con el manejo de la influenza H1N1.
En varias entrevistas, el subsecretario Hugo López-Gatell ha relatado cómo sus jefes en la Secretaría de Salud durante el sexenio de Calderón ya se habían repartido los contratos de insumos (guantes y mascarillas), medicamentos y potenciales vacunas cuando, tristemente para ellos, la pandemia fue controlada gracias al confinamiento.
Una de las expresiones más terribles de estas prácticas de corrupción con el Seguro Popular, ejemplifica Azul Alzaga, fueron los 134 hospitales, centros de salud o unidades médicas que se encontraron inconclusos cuando empezó la administración de López Obrador. Todos habían sido inaugurados por los presidentes anteriores aunque sólo estuviera terminada la fachada, y así los dejaron.
A ese modelo de seguro médico privado pero alimentado con recursos públicos, el mentado Seguro Popular resumen los conductores, es a lo que la 4T sustituye con otro esquema donde se integra un solo sistema de salud a partir de la institución que tiene más infraestructura avanzada: el IMSS.
MÉDICO Y POLÍTICO
Cirujano traumatólogo y ortopedista, Juan Manuel Lira tiene además de la especialidad y la subespecialidad un doctorado en Gobernabilidad y Gestión Pública. En lo privado opera en el Hospital Ángeles Lomas, pero fue durante muchos años titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS.
Previo y posterior a comparecer en los medios públicos, su opinión sobre la fusión del Insabi y el IMSS-Bienestar fue requerida en otros espacios periodísticos tanto electrónicos como digitales. Y en todas las entrevistas criticó el cinismo de la derecha que pretende “regresar a un modelo totalmente mercantilista, donde hubo mucha corrupción y se favorecieron intereses tanto de la industria farmacéutica como de funcionarios que, algunos, siguen ocupando cargos en el gobierno actual o asientos en la Cámara de Diputados y el Senado”.
Para Lira, el Seguro Popular “en ningún momento mejoró la calidad de la atención médica”. Está muy estudiado académicamente cómo, con ese modelo, en realidad “aumentó la desigualdad social en México”.
Para establecer un sistema beneficioso para la población, en 2019 se reformó la Ley General de Salud creando el Insabi en sustitución del SP. “Era un buen inicio”, pero desgraciadamente vino la pandemia y aunque el Insabi jugó un papel importante en una compra de insumos (como fueron los ventiladores) ajena a prácticas corruptas, el proceso de transformación en salud se paralizó –cuenta Lira quien, en ese momento, estaba encargado de la atención médica en el IMSS.
Pasada la etapa de mayor contagio del covid y ahora que la mortalidad por la pandemia está en niveles mínimos, se reestructura el modelo de atención a la población que no tiene seguridad social con base en un programa como IMSS-Bienestar que viene desde 1978 y que, en anteriores administraciones, se usó con fines políticos y electoreros. La 4T quiere quitarle el sesgo creando un nuevo organismo que ya no es el programa al interior del IMSS sino un órgano público descentralizado, comenta Lira.
En agosto, septiembre y octubre del año pasado se dieron cambios en la legislación de Salud a través de decretos presidenciales, para que este modelo de atención se implemente en todos los estados. Lo que se votó en la Cámara de Diputados hace unos días fue la integración del Insabi en el nuevo órgano público descentralizado (OPD), ya que no podían coexistir jurídicamente dos instituciones que duplican funciones.
Con la reforma, pasan a IMSS-Bienestar todas las funciones que tenía el Insabi en materia administrativa (como la contratación de personal), presupuestal (como la compra de insumos) y estructural (como la relación laboral con secciones sindicales que tenían su contrato colectivo con otra institución).
Estos cambios corresponden a la progresividad del sistema de salud hacia un modelo de cobertura universal y gratuito, dice Lira, quien encabeza a un grupo de exservidores públicos de alto nivel que buscan la continuidad con cambio en el Sector Salud. Los médicos especialistas, politólogos y abogados que forman parte de Salud Igualitaria en México reconocen que se le hereda, a la siguiente administración, el reto de terminar la transformación del sistema y darle continuidad al modelo que ha impulsado López Obrador.
HACIA LA GRATUIDAD
Como OPD, IMSS-Bienestar ya no formará parte del IMSS que todos conocemos (con sus cuotas tripartitas: patrón, empleado y gobierno federal). Este ya no será un programa como otros que existen en el IMSS, insiste Lira, sino un nuevo instituto que dará atención médica, en una primera etapa, a toda la población que no tiene derecho a la seguridad social.
Y no sustituye al Insabi porque éste fracasó. Si bien, en la progresividad paulatina establecida en la misma ley, el IMSS-Bienestar recibirá los recursos que estaban en el fondo del Insabi.
Quedó establecido en los artículos 21 y 36 la gratuidad de los servicios, algo que no pasaba con el Seguro Popular porque no tenía hospitales: la provisión del servicio médico la daban, sobre todo, entes privados. El 36 prohibe la existencia de cajas, pero se irán eliminando los cobros progresivamente. Ningún sistema de salud robusto se construye en uno o dos años. Estamos por terminar el sexenio, pero ya queda establecida la gratuidad de los servicios en la reforma que pasó a los senadores.
El surgimiento del Instituto IMSS-Bienestar tampoco implica que el IMSS convencional aumente de tamaño. Seguirá atendiendo a sus derechohabientes, mientras el nuevo organismo se avoca a la atención de la población que no tiene derecho a la seguridad social, explica Lira.
PAN DANÉS
¿Tendremos alguna vez un sistema de salud igual al de Dinamarca, como lo prometió en campaña López Obrador?, le pregunta al experto Jorge Armando Rocha.
Dinamarca es un ideal y no porque su sistema de salud sea el mejor del mundo. Hay otros, como el de Costa Rica, que tienen estándares de gratuidad y atención médica de alta calidad, responde Lira. Debemos trabajar para que nuestro propio sistema de salud mexicano sea un referente para otros gobiernos.
Si logramos esta continuidad con cambio, no en el año y medio que le queda a este gobierno sino en la siguiente administración se logrará transformar el sistema de salud para que dé cobertura universal y gratuita, con abasto total de medicamentos y facultativos de todas las especialidades contratados. Pero todo esto será de manera progresiva, concluye Juan Manuel Lira.
TORTA CUBANA
Son muchos los vicios que se tienen que erradicar en México, para que la universalidad y gratuidad de los servicios de salud sean una realidad. En todo el país faltan especialistas porque, durante años, se descuidó la formación en posgrado. Y aunque el IMSS acaba de invitar a sus jubilados a retornar al servicio activo, muchos ni siquiera lo piensan porque ganan más en la medicina privada.
Por su parte, los médicos del ISSSTE, donde es dramática la falta de especialistas, miran con recelo a los cubanos que llegan a ocupar esas plazas. Sostienen que los explota el gobierno castrista, quedándose con una parte de sus ingresos y reteniendo a sus familiares en la isla para evitar que deserten. Y no obstante que todos los días dan muestra de sus conocimientos, habilidades y actitud de servicio, no falta quien asegure que no tienen la especialidad que presumen.
Tan grave como los funcionarios del Sector Salud de sexenios anteriores que usaron la puerta giratoria para volver a entrar ya como empleados o cabilderos de las trasnacionales farmaceúticas, los médicos de tropa acusan vicios históricos como el doble estándar para la atención de sus pacientes privados con relación a los que ven en el sector público.
La diferencia de atención no se limita a la falta de equipo o al poder económico del paciente para hacerse los estudios o adquirir por su cuenta medicamentos de última generación. Como lo saben los pacientes que ven al especialista por fuera pero se hacen las cirugías en la institución pública, muchos problemas se solucionarían con un sistema universal que flexibilice el salto con un mismo expediente de una atención privada de primer nivel, incluso en los consultorios adyacentes a una farmacia, a los servicios públicos de segundo o tercer nivel.
Por la voracidad del médico y la avaricia del ajustador de la aseguradora, incluso las pólizas de gastos médicos mayores en México pueden representar una trampa en la que desaparece el patrimonio familiar. En lo que se alcanza el ideal de la universalidad y la gratuidad, sería deseable un modelo de cofinanciamiento como el que se aplica en el Infonavit.
Ello siempre y cuando la comunidad médica deje de normalizar faltas a la ética como las que llevan a, algunos especialistas, a dilatar una cirugía en el hospital público para obligar al paciente a operarse (con el mismo médico) en un sanatorio privado.
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