SE FUE GISELA

Otra de los secretarios de despacho a quienes el gobernador Ignacio Peralta llamó para marcar a su administración con un sello técnico, es decir, ajeno a los criterios políticos con los que se repartieron otras posiciones del gabinete, fue ‘renunciada’ este viernes de la Secretaría de Movilidad: Gisela Irene Méndez.

En las semanas anteriores se había dado el cambio en la titularidad de la Secretaría de Turismo: salió César Castañeda y Vázquez del Mercado, quien cedió el puesto a Efraín Heriberto Angulo Rodríguez que ya se desempeñaba en un área relacionada con la promoción turística, pero en la Secretaría de Fomento Económico.

Sin dilatar el cambio con la figura de un encargado del Despacho, el mandatario estatal designó inmediatamente a José Belisario Arrayales López como nuevo secretario de Movilidad. Él era director general de Regulación y Control de la propia Semov.

Cuando Gisela llegó a la dependencia creada por este gobierno para coordinar las políticas públicas que antes atendía la Dirección de Transporte, quedó claro que la nueva funcionaria no representaría en absoluto las cuotas políticas que JIPS debió pagar a los grupos de poder que hicieron posible su triunfo o, en todo caso, que negociaron su sometimiento al proyecto ganador.

En más de algún sexenio, la oficina de Transporte (que evolucionó de la Dirección de Vialidad de Gobierno del Estado) había quedó en manos de un activo del propio sector al que tenía que regular, lo cual supuso de entrada un conflicto de interés.

El nombramiento de Gisela Méndez sugería por sí solo que, para cumplir con el objetivo de modernizar el sistema de transporte, era necesario romper la tradicional alianza del régimen priista con los concesionarios del servicio público.

Un mandatario estatal que tomaba distancia del PRI –uno de los cuatro partidos que lo postularon en la elección extraordinaria–, como lo es Nacho, buscaba evidenciar con la designación en Semov que el corporativismo de los permisionarios del transporte urbano y suburbano, así como el de los concesionarios de taxis y camionetas de carga, es un obstáculo para la transformación del servicio.

La vieja Ley Estatal del Trasporte amparaba el esquema hombre-camión u hombre-coche: la concesión para operar una y solo una unidad, entregada a un padre de familia como patrimonio y forma de sustento. La nueva legislación en la materia reconoce la legitimidad del servicio como negocio a gran escala.

Y se define en términos de Movilidad, no solo de transporte, porque ahora la ley sanciona el comportamiento de los ciudadanos que se desplazan a pie o en vehículos de cualquier clase, al igual que promueve la cultura vial y la civilidad entre peatones y conductores.

LES CAYÓ GORDA:

Pronto entró en conflicto Gisela con los transportistas. Estos se quejaban de engorrosos trámites burocráticos en una dependencia que, de acuerdo a la propaganda del sexenio anterior, fue pionera en la agilización de procesos.

Semejante tramitología, más allá de garantizar medidas de seguridad para el usuario, implicaban transparentar la posesión de las unidades que se fueron concentrando en pulpos camioneros y flotillas de taxis operadas por empresarios que, eventualmente, entraron al negocio por influencias políticas. Y eso puso nerviosos a muchos transportistas que en su vida han tomado el volante.

Para el usuario de taxis, la “modernización” del sector representó a grandes rasgos la entrada al mercado del servicio de “transporte privado”, un modelo de negocio desarrollado originalmente por Uber y que en Colima introdujo una empresa sin reconocimiento nacional llamada Chofer Pro.

Como una vez le dije a la entonces secretaria Méndez, eso no es servicio privado, es transporte público y el uso de una aplicación cibernética no la diferencia de las otras modalidades de taxi.

La prueba está que los choferes “pro”, cuando escasean las solicitudes electrónicas, se detienen al ver personas en una esquina que parecen estar esperando un taxi y rara vez cobran el viaje mediante tarjeta de crédito o débito, sino en efectivo.

LA FIEBRE AMARILLA:

En Colima, la antigua legislación contemplaba fundamentalmente la existencia de sitios de automóviles (y de camionetas de carga que, en una primera reforma, se convirtieron en servicio mixto de carga y pasaje), pero en los hechos el pasajero no disponía de coches de sitio sino de ruleteros.

En algunas plazas (como Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán) esos mismos taxis hacían las veces de peseros, siempre contra la ley y en perjuicio de los ingresos de los camioneros suburbanos.

Así como hace décadas la gente pedía el carro al sitio por teléfono, o en tiempos más recientes algunos taxistas –sin que necesariamente pertenecieran al mismo sitio– se organizaron en bases de radio desde donde despachaban al vehículo que estuviera más cercano, la tecnología más actual es la aplicación de internet.

Tampoco la vieja ley contemplaba a los radio-taxis, pero como demostraron los taxis amarillos cuando lograron parar aquellos taxis pirata blancos, que operaban con placas particulares en el gobierno de Carlos de la Madrid, si cobras por mover pasaje o carga requieres una concesión.

La aplicación tipo Uber no define el servicio, todos los vehículos que cobran por transportar personas o mercancías son taxis. En todo caso, la aplicación permitió la creación de nuevas empresas como Chofer Pro: flotillas de vehículos particulares que operan como taxis en ciertos horarios y que, de todos modos, tendrían que estar regulados por un sistema oficial, más sofisticado y verificable que una simple aplicación que se descarga en el celular.

Los taxistas de todo el mundo han venido denunciando la competencia desleal de los conductores privados que cobran por echar viajes, como los de Uber, cuando esa misma aplicación no es sino una mejora a la posibilidad que ya existía de contactar a un taxista mediante telefonía móvil.

Según se quejan los taxis amarillos, para encubrir un negocio como el de Chofer Pro, el Gobierno del Estado aprobó otras modalidades de taxi, como el estándar (amarillo con blanco) y el ejecutivo (amarillo con negro).

YA QUEDRÁS GOBIERNO:

A sota voz y argumentando meras sospechas, los concesionarios denunciaban que la ahora ex secretaria de Movilidad es socia del negocio de Chofer Pro. Pero fueron los transportistas urbanos los que alzaron la voz para pedir la renuncia de la funcionaria.

Lo cierto es que el tema de los coches particulares que operan como taxis sin tener que esperar una concesión del Gobierno, lastimó la relación de la administración Peralta con un gremio integrado por militantes de la CNOP, la CTM, la CROM y otras organizaciones priistas.

Y en cuanto al transporte colectivo, cuando pretendieron renovar sus unidades con motorizaciones y carrocerías que a la Semov le parecieron contaminantes y obsoletas, los camioneros chocaron con la funcionaria que trataba de imponer un determinado modelo de autobuses. Para colmo, las unidades propuestas por Méndez resultaron inadecuadas para las calles de la capital.

No sabemos si los transportistas olieron la sangre y se lanzaron sobre la presa cuando ya era inminente la salida de Gisela, o si el gobernante estatal fue sensible a sus reclamos y, contra sus propios deseos, les entregó a los permisionarios la cabeza de la arquitecta.

El caso es que se consumó el cese ante el chantaje expresado por un sector económico que ha prestado un incalculable servicio político al Partido Revolucionario Institucional.

Camioneros y taxistas son clave en la movilización de los promotores del voto, operadores de la estrategia electoral y de los votantes mismos durante la jornada comicial.

Los transportistas son instrumento de la alquimia que permite a candidatos con baja intención del voto, ganar elecciones al lograr que sus contados sufragios se depositen en las urnas, llevando a los militantes de sus casas a las casas amigas y, de ahí, a las casillas.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.