Fue el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE) quien habló primero del tema con la prensa: los daños que se observan en el Palacio de Justicia de Colima tras el sismo de 7.7 grados el 19 de septiembre, tuvo que reconocer, “no son estructurales”.
Sin embargo, Bernardo Salazar Santana dejó en claro que le urge contar con una nueva sede del Poder Judicial, que sea “un espacio más funcional”.
Qué bueno que los peritos oficiales y los profesionales lo tranquilizaron respecto al estado del edificio, porque Bernardo ya había empezado en sus redes sociales a especular que los daños eran muchos e irreversibles.
Poco después, su compañero Sergio Marcelino Bravo Sandoval, magistrado de la primera sala penal y especializada en justicia para adolescentes, puso el tema por escrito.
Que un presidente de la judicatura que está a punto de entregar el cargo y uno de sus aliados políticos e improbable aspirante a sucederlo hablen de construir un nuevo Palacio de Justicia, preocupa al personal del Poder Judicial y al gremio de abogados en Colima dada la opacidad y evidentes malos manejos que ha hecho Bernardo Salazar de los recursos financieros y materiales a su disposición.
De hecho, en el marco del cambio de gobierno que se dio hace un año, lo que el pueblo de Colima demanda es una auditoría a la gestión de Salazar Santana y, por supuesto, que no se le permita al presidente del STJE gastarse libremente el dinero en reparaciones del actual edificio ni mucho menos hacer de la construcción de una ciudad judicial el negocio de su vida.
El o la magistrada que lo suceda en la presidencia del pleno no va a querer recibir malas cuentas, porque eso le haría cómplice. Nada bueno se puede esperar del último tirón en la gestión de Bernardo, considerando las observaciones que ya le realizó el Osafig (Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima).
NO HAY DAÑOS ESTRUCTURALES
En declaraciones a El Comentario hace dos semanas, Salazar Santana resumió que de acuerdo con los peritajes y revisiones del personal de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, la unidad estatal de Protección Civil y los colegios de Arquitectos e Ingenieros, el edificio actual aún aguanta; “está diseñado para soportar un sismo todavía mayor” e, incluso, el nivel de flexibilidad de los pilotes o las columnas no llegó ni al 40% en este sismo.
Sin embargo, el inmueble requiere trabajos de recubrimiento: el enjarre original se ha ido desprendiendo hasta por la lluvia y supone un peligro porque, siendo tan grueso, implica la caída de bloques de concreto de cuatro o cinco kilos desde una altura en la que sí pueden lesionar o hasta matar a una persona.
Salazar refirió también que se tienen que cambiar las planchas en la explanada de la plaza Bandera Nacional. Pero ese tipo de reparaciones el Poder Judicial no las puede hacer, porque “representan una inversión considerable”.
Y cuando el reportero Juan Ramón Negrete le pregunta si es necesario una nueva sede para el Poder Judicial, el presidente del STJE asevera: “no se requiere que haya un nuevo temblor, esta necesidad de cambio de un espacio más funcional ya urge cuando menos desde hace unos 10 o 15 años”.
El edificio está rebasado, se construyó para albergar tres juzgados, y los requerimientos actuales son de al menos una sala de oralidad para cada dos juzgados. Bernardo piensa en una ciudad judicial donde puedan deambular las más de 500 personas que acuden diario al actual Palacio de Justicia entre usuarios, justiciables, abogados, proveedores de servicios y trabajadores.
Obviamente, el Poder Judicial no tiene ni los ahorros ni el presupuesto ni siquiera un terreno propio donde construir la nueva sede, reconoce el presidente del Supremo Tribunal. Hay un predio de cinco hectáreas que está a nombre del Poder Judicial, pero se compró con dinero de los trabajadores.
UNA CIUDAD JUDICIAL
En su escrito del 29 de septiembre de 2022, dirigido a sus compañeros del pleno del STJE, el magistrado Sergio Marcelino Bravo Sandoval hace por su parte un recuento de los daños sufridos por el Palacio de Justicia (“grietas, cristales rotos, anaqueles y plafones caídos”) que, según él, “nos dejaron claro que el edificio cada vez es más vulnerable a los movimientos telúricos”.
El jurista coincide con su presidente en que el edificio no se pensó para albergar a tantas dependencias, apenas las oficinas del Supremo Tribunal, “algunos juzgados correspondientes al primer partido judicial, las oficinas administrativas y la entonces Procuraduría del Estado de Colima”, que ya tiene sus propias instalaciones. Por los que se fueron llegaron otros: el personal del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, hoy Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima.
De esa manera, el edificio en forma de L que es parte con el Palacio Legislativo de un complejo arquitectónico inaugurado por la gobernadora Griselda Álvarez hace casi 40 años, tiene un flujo diario de 300 usuarios y 250 trabajadores.
Ante la falta de recursos y espacios, el Poder Judicial ha ido improvisando lugares dónde acomodar las instalaciones de las oficinas que fueron surgiendo con la modernización de la justicia: el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), salas de oralidad de primera instancia, salas para sesiones de magistrados y más juzgados, espacios de trabajo y de resguardo de documentos.
(Enfrente, cuando el número de diputados empezó a crecer hasta llegar a 25, el Congreso del Estado construyó un anexo y acabó subdividiendo espacios en el sótano del Palacio Legislativo).
Lo que lleva a Checo Bravo a “presentar una propuesta de corto, mediano y largo plazo para la construcción de una Ciudad Judicial”, apenas para las instalaciones centrales y los juzgados del primer partido judicial que abarca los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de Álvarez.
Checo mira con envidia a estados como Tlaxcala, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas que “cuentan con instalaciones modernas, en donde se concentra la mayoría de las actividades propias del quehacer judicial”.
Aunque el edificio actual “no tiene evidentes daños estructurales”, dice, “su rehabilitación realmente es costosa y solo lograríamos prolongar la vida de un edificio ya cansado, desgastado y sobrepoblado”. Sin embargo, él mismo da en su escrito dos contrargumentos: falta de recursos y que el problema real no es la falta de espacios sino su funcionalidad. El problema es la falta de tecnología para hacer realidad el expediente electrónico y con ello ofrecer justicia digital.
HAY QUE ACERCAR LA JUSTICIA
La tendencia, contra lo que opinan Bernardo Salazar y Sergio Bravo, no debería ser concentrar los espacios de atención en una ciudad judicial sino acercarlos a la población. La descentralización es viable si estos centros de atención se conectan en red mediante un sistema informático que lleve la justicia a la modernidad, implementando ese buzón judicial, las audiencias en línea y el archivo judicial digitalizado que pide Checo.
(Nada se parece más a El Proceso de Kafka, dicen los abogados, que un expediente cosido a mano, el cual se niega en algunos juzgados a los usuarios porque supuestamente lo están engrosando con las copias de las más recientes actuaciones).
Finalmente, el magistrado Bravo Sandoval pide a la judicatura que inicie las gestiones y convoque a los poderes Legislativo y Ejecutivo a hacer los ajustes presupuestales para considerar una dotación extraordinaria de recursos, que permita, a corto plazo, administrar la justicia sin riesgos para la comunidad, disponiendo de espacios alternos mientras se remodelan la actual sede del Poder Judicial; y, a mediano plazo, construir una Ciudad Judicial en un terreno que no se tiene acorde al proyecto, o en los propios predios ubicados en los alrededores de los tribunales laborales y del auditorio “Lic. Carlos de la Madrid Béjar”.
QUIEREN SU FIESTA DE XV AÑOS
Lo que llama la atención de lo que dicen ambos magistrados es que, aun reconociendo que la situación económica del estado no es boyante, ambos magistrados se empeñan en solicitar la construcción de una ciudad judicial. El palacio actual puede seguir funcionando ya que no presenta daños estructurales, como los peritos reconocieron.
No considera Bernardo ni Sergio, porque fueron beneficiarios de la administración de Ignacio Peralta, que al dejar de pagar la nómina e incumplir el pago a proveedores, prestadores de servicios y otro tipo de acreedores, JIPS declaró al gobierno de Colima literalmente en quiebra. Y el gobierno de Indira Vizcaíno no se ha podido recuperar de ese desfalco.
Paradójicamente, Bernardo Salazar quiere construir una ciudad judicial como una forma de agilizar los servicios en la administración de justicia que él mismo fue obstaculizando con su gestión a lo largo del sexenio anterior y lo que va de éste.
Más irritante resulta que el presidente del STJE diga que el Poder Judicial no puede hacer las reparaciones que reclama el inmueble, cuando Salazar Santana cuenta con un fondo auxiliar para la administración de justicia de entre 8 o 10 millones de pesos. Ese fondo revolvente se esta alimentando con las multas y los rendimientos que generan las consignaciones, vía el depósito de fianzas y pagos por conmutación de la pena.
A punto de que elijan a un nuevo o nueva presidente del STJE, ojalá no quiera el saliente agotar ese fondo antes de irse porque, como ya el Osafig demostró, Bernardo no es bueno para las cuentas. En las observaciones que le hace el órgano especializado, como detallaremos en una siguiente columna, aparecen hasta los gastos por más de 80 mil pesos de un viaje a Cancún, a donde seguramente no fue Salazar Santana a conocer los últimos avances de la jurisprudencia.
El órgano de control interno debió haber detectado las irregularidades más evidentes. Pero le dejó el trabajo al Osafig, cuyos auditores se quejan todo el tiempo de que en la revisión de muchos de los entes bajo su supervisión, tienen que hacer el trabajo que debieron hacer los contralores internos.
Para tranquilidad del pueblo colimense, habría que contratar una auditoría externa para el Poder Judicial. Y, a falta de una unidad de inteligencia financiera local, pedirle al fiscal anticorrupción que se coordine con ese auditor externo para detectar las irregularidades y fincar las responsabilidades que resulten del manejo tan discresional de los recursos que ha hecho el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
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