Ernestina Godoy Ramos pasará a la historia de las instituciones mexicanas por haber sido la primera mujer en ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También, por ser la primera fiscal cuya ratificación fue rechazada por el Congreso local.
El embate legislativo buscaba conjurar la amenaza que supone para la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, y para el aspirante a jefe de Gobierno de la alianza opositora, Santiago Taboada, el manejo político de los expedientes judiciales contra el cartel inmobiliario. Pero lo que hicieron los diputados locales del PRIANRD fue reposicionar, en la agenda electoral, el tema de la corrupción en las alcaldías panistas de la capital. Le dieron, además, una causa justa a quien desde el 9 de enero de 2024 es encargado del despacho en la FGJCDMX, Ulises Lara.
Godoy no fue, por cierto, la primera procuradora capitalina. A su arribo al poder en 1982, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado nombró a Victoria Adato Green titular de la Procuraduría General de Justicia del (entonces) Distrito Federal.
Esa gestión, sin embargo, terminó en 1985 ensombrecida por el hallazgo de los cuerpos de varios presuntos delincuentes colombianos. Su abogado mexicano, atado y amordazado, estaba metido en la cajuela de un automóvil que quedó bajo los escombros del edificio de la PGJDF, colapsado tras el sismo del 19 de septiembre.
Curiosamente, el escándalo no hizo que terminara la carrera de Adato de Ibarra en el servicio público: De la Madrid la nombró ministra numeraria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo en el que fue confirmada por el Senado de la República.
El antecedente hace todavía más irritantes las razones por las cuales no se reunieron los votos necesarios para confirmar a Godoy como fiscal general por otros cuatro años. Hubo 41 opiniones a favor y 25 en contra, con cero abstenciones. Ello no obstante que la bancada de Morena y sus aliados contaron con el respaldo de la vicecoordinadora de la fracción priista, Mónica Fernández, y de la diputada local Wesly Hernández, a quienes en represalia ya expulsaron de su partido.
VOTACIÓN POLARIZADA
No hubo evaluación de resultados, es una decisión política en el marco del proceso electoral. Aunque se trata de una minoría, la negativa de las bancadas opositoras a ratificar a Godoy fue suficiente para removerla del cargo.
Y ese poder de la oposición en el parlamento capitalino es resultado de una correlación de fuerzas que fue definida en las elecciones de 2021, cuando Morena perdió casi la mitad de las alcaldías y un buen número de los distritos locales en la Ciudad de México que, ahora, hicieron falta para alcanzar mayoría calificada.
Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, responsabilizan de esta situación a las traiciones de cuadros como Ricardo Monreal, quien en los comicios intermedios saboteó la hegemonía morenista en la CDMX buscando evidenciar que Claudia Sheinbaum, como jefa de Gobierno, no tenía el control político de la capital.
Aunque, formalmente, detrás de Godoy está el jefe de Gobierno sustituto Martí Batres, con quien Ernestina hubiera trabajado como fiscal sería Clara Brugada. Incluso si Ernestina no hubiese actuado con sentido político en contra del cártel inmobiliario, implicando en las investigaciones al precandidato del PRIAN a la gubernatura capitalina, Santiago Taboada, y al coordinador de los diputados federales del blanquiazul, Jorge Romero, la oposición habría buscado colocar en su lugar a alguien no tan identificado con Morena.
AMBIENTE DE ZOZOBRA
La bancada morenista y sus aliados sumaban 39 votos, consiguieron dos más de las diputadas priistas mencionadas pero no pudieron llegar a los 44 votos que se requerían, en parte porque faltó negociar con los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC). El diputado emecista Royfid Torres resumió la postura de ese partido: “Hoy tenemos enormes dudas de la actuación y los resultados de los que aquí se han venido a dar cuenta”.
El contexto electoral polarizó el debate en el Congreso: los diputados sólo quisieron estar a favor o en contra de la permanencia de Godoy. En la votación no se evaluaron el 56% de reducción en la incidencia delictiva, ni que se registró un incremento del 80% en el cumplimiento de órdenes de aprehensión entre 2019 y 2023, como apuntó Marta Olivia López en la mesa de periodistas de Julio Astillero el 8 de enero.
Cada bando acusa al otro de haber presionado a los diputados para torcer su voto: ciertamente, a los panistas amenazaron con retirarles la oportunidad de una nueva candidatura si no votaban en contra o se ausentaban de la sesión para rebajar el número de votos necesarios; por otra parte, la diputada Guadalupe Barrón sufrió un atentado a su coche con disparos de bala que lo mismo se puede interpretar como una advertencia de la autoridad que como un montaje de sus propios compañeros del PRIAN. “Se trataba de generar un ambiente de zozobra anterior a la votación en el Congreso local”, señala Fabrizio Mejía Madrid.
PARA TODOS TUVO
Godoy difícilmente iba a lograr una conciliación con los partidos que había perseguido. Agravió a PRI, PAN y PRD investigando tanto a los cárteles inmobiliarios y de la trata asociados con esos partidos, como a las autoridades electas con esos colores.
En su columna para Sin Embargo del 10 de enero, ‘Los cárteles del PRIAN’, Mejía Madrid desglosa las organizaciones de delincuentes de cuello blanco que le han declarado la guerra a mujeres de la 4T: el cartel de la distribución de medicinas, a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, desde que era jefa del SAT; el cartel inmobiliario y el de la trata de mujeres, a Ernestina Godoy y a quien la respaldó, Claudia Sheinbaum.
Desde la Fiscalía de la Ciudad de México se promovió la detención de nueve exfuncionarios públicos, entre ellos, el exalcalde de la Benito Juárez de la Ciudad de México, Christian von Roehrich, “acusados de tener un entramado de corrupción” en el que involucró a una de sus hermanas, también detenida.
Esas autoridades “otorgaban permisos para construir pisos ilegales de torres muy exclusivas a cambio de regalarles a los funcionarios unos departamentos, levantar cascajo de demoliciones gratis, y contratar a sus empresas”. Xóchitl Gálvez, cuando fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo, pedía “contratar a su empresa de mantenimiento de aire acondicionado a cambio de los permisos ilegales de construcción”, añade Mejía.
Los 264 pisos construidos de manera ilegal dañaron el patrimonio de cientos de familias y pusieron en riesgo de colapso a otros edificios alrededor. Con el terremoto de 2017, murieron dos mujeres por el desplome de un piso irregular. Y los habitantes del pueblo de Xoco no sólo se quedaron sin agua, sino que a partir de la construcción de una torre comenzaron en esa zona los famosos microsismos.
“Ernestina Godoy también prosiguió las investigaciones contra la red de prostitución de mujeres que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tenía en las mismas instalaciones del PRI en la capital”.
Y junto con Claudia Sheibaum acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de haber encubierto al feminicida de Ariadna Fernanda López, Rautel Astudillo, al concluir sus pesquisas diciendo que la joven “murió por borracha”. El caso involucra al exgobernador perredista, Graco Ramírez.
Y SE LO COBRARON
La narrativa que los voceros de Morena y la prensa de izquierda quieren imponer es que PRI y PAN se vengaron de Godoy por esas acciones judiciales. Es una interpretación correcta, aun cuando Jorge Romero argumente que Godoy orquestó una “persecución política” e hizo un “uso faccioso de la justicia” para legitimar una “cacería contra los líderes de los partidos de oposición y ciudadanos que rechazan el mal gobierno de Morena en la CDMX”.
Para Jorge Romero, “la postura de rechazo a la fiscal persecutora es consistente con el abandono a las víctimas y a la procuración de justicia, pues la fiscalía se ha conducido violando la propia ley, dedicándose a hacer el trabajo sucio y político al oficialismo local y federal”.
Se quiso enturbiar la salida de Godoy para perjudicar la imagen de quien la hizo fiscal, Claudia Sheinbaum. En noviembre pasado, The New York Times publicó que desde la Fiscalía se espió a una decena de figuras opositoras al gobierno, entre ellos a Santiago Taboada. Mientras que Latinus reveló un presunto plagio en su trabajo de titulación en Derecho por la UNAM, presentado por Ernestina en 2004.
ACCIONES DISTRACTORAS
El presidente López Obrador calificó de victoria pírrica impedir la permanencia de Godoy en la Fiscalía, pues aun sin Ernestina al frente queda en el ministerio público el equipo que realizó las investigaciones en contra del cártel inmobiliario y del proxenitismo priista.
No otro objetivo persiguió el ascenso del vocero y coordinador de asesores Ulises Lara a coordinador de Investigación Territorial, en sustitución de Oliver Airel Pilares. El orden de prelación llevó a Lara a encargarse del despacho hasta que se nombre a un nuevo fiscal, mediante un procedimiento constitucional que involucra a un Consejo Judicial Ciudadano que avalará la terna de entre la cual el titular de la Jefatura de Gobierno enviará al Congreso su propuesta, la cual deberá recibir las dos terceras partes de los votos.
Es sospechosa la molestia en la oposición y la prensa de derecha por la manera en que Pilares fue hecho a un lado y por la forma en que Lara fue habilitado ‘al cuarto para las doce’, como señala el columnista de El Universal, Salvador García Soto, en su texto del 11 de enero, ‘El abogado al vapor que dirigirá una fiscalía’, donde destaca que Lara apenas recibió su cédula profesional en los primeros días del 2024, “y habría sido otorgado por una universidad ‘patito’ denominada Centro Universitario Cúspide, ubicado en el barrio de San Lucas en Iztapalapa”.
Si bien hay una polémica respecto a si no tener el título de licenciado en Derecho le impedía a Lara encargarse del despacho de la Fiscalía, está claro que sólo es requisito para quien aspira a ser titular del organismo autónomo.
Lo que calla García Soto es que Lara tiene un doctorado en Derecho, el cual obtuvo tras obtener en la UNAM una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y un master en Gestión y Dirección Pública Municipal a través de la Universidad Carlos lll de España. En la Autónoma de México, hizo una licenciatura en Sociología, cursó una especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales, así como un Diplomado en Políticas Públicas y Gestión Pública Local.
Lara no es el único caso de un servidor público de carrera que obtiene un título para cumplir un requisito, aunque pueda acreditar experiencia y conocimientos en el desempeño profesional, laboral y académico.
SALDO A FAVOR
A Godoy, el presidente López Obrador le ofreció como recompensa un puesto en el gobierno federal. Y Sheinbaum la invitó a “participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el Senado” que, en dado caso, podría canjearse por una inclusión en la lista nacional de Morena a la cámara alta. Su verdadera misión política es continuar, ahora desde el ámbito ciudadano, su cruzada personal contra los involucrados en el fraude inmobiliario y la trata de mujeres.
En su último informe como fiscal, Godoy dio a conocer la propuesta ilícita que le hicieron los prianistas a cambio de su voto para la ratificación: desistirse de las acusaciones al dirigente del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez, líder de los pepenadores y heredero de ‘el rey de la basura’; y exonerar a Christian von Roehrich. Ernestina dice que prefirió irse a transar con el frente opositor, el cual por lo demás no hubiera dudado en exhibir el acuerdo para desprestigiarla.
La estrategia discursiva de la oposición en torno a la figura de Godoy es predecible: se trata de restar al activo político que supone para Sheinbaum la disminución de los delitos en la Ciudad de México, el pasivo que representa el aparente fracaso en la política de seguridad de la administración de López Obrador.
Y se busca transferir a Clara Brugada los costos políticos que, en sentido estricto, debe pagar el PRIAN por la probada corrupción de Taboada dentro del cartel inmobiliario. En adelante, a cada avance en la investigación que se publique con la intención de terminar de desacreditar al candidato a la jefatura de Gobierno, los prianistas podrán alegar que es un acto de revancha por haber tronado a Godoy.
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