A la pregunta que le hicieron a Claudia Sheinbaum en Milenio correspondía una sola respuesta: “En caso de que usted fuese electa, ¿invitaría a Marcelo y a Adán Augusto a su equipo?, ¿al gabinete?” No se esperaba de la jefa de Gobierno de la CDMX que respondiera otra cosa distinta a: “Sí, por supuesto”.
“Depende de ellos también –resaltó Claudia– qué les gustaría, qué les interesaría y, por supuesto, que tiene que haber diálogo y unidad. Y en ese sentido, tiene que haber un espacio para todos y todas.”
Criticada por un tono aparentemente triunfalista, en realidad Sheinbaum dijo exactamente lo mismo que escribió Marcelo Ebrard en su libro El camino de México (Aguilar, 2023):
“No es ninguna novedad que quiero ser el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Soy el mejor candidato en función a mi preparación y mi experiencia. Y sé que mi momento es ahora.”
En la misma lógica, Sheinbaum sostuvo que quiere ser la sucesora de López Obrador, con quien tiene muchos años de trabajar y de coincidir en un proyecto de nación “que finalmente lo que quiere es justicia, libertad y democracia”.
Y lo mismo sostiene Ebrard en el prólogo de su autobiografía: tras 40 años de carrera política en diferentes responsabilidades públicas, algunas más visibles que otras, heredero de una cultura nacionalista y democrática, “quiero ser presidente para culminar la transformación del país”.
En ningún momento, pues, Claudia se asumió como segura candidata y menos como la favorita del líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El presidente “ha sido muy claro en llamarnos hermanos y hermanas, entonces creo que este tema de la favorita tiene más que ver con un asunto de demeritar”. López Obrador también defiende al canciller Marcelo Ebrard y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró Sheinbaum.
“¡TERNURITA!”
¿A qué obedeció entonces la reacción del titular de Relaciones Exteriores?
“¡Ternurita!”, se puede oir que se mofa Marcelo en los videos, aunque en las notas de prensa la escritura no alcanza a registrar el acento burlón del canciller al responder a Sheinbaum:
“Yo le agradezco, qué tierna ¿no?, bueno, pero bueno. Entonces, yo lo que diría es: a mí me encantaría que estuviera también, por ejemplo, en algún cargo del gabinete que voy a encabezar.”
Previo a un evento en el que el canciller firmó ejemplares de su libro, Marcelo opinó de las palabras de Claudia:
“Yo creo que nos hace falta un poquito de humildad, la gente todavía no vota, esperemos a que la gente decida y veamos qué sucede; pero le agradezco el gesto de ternura, de amistad.”
Si en algún momento Ebrard intentó ser sutil, no lo logró.
LAS PURAS MADURAS
En la narrativa de los medios, el incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez –donde murieron 39 migrantes y decenas más resultaron heridos– es el equivalente en el sexenio de López Obrador a lo que fue el siniestro de la guardería ABC en Hermosillo para el gobierno de Calderón o la desaparición en Iguala de 43 normalistas para la administración Peña Nieto: un hecho simbólico que evidencia el fracaso y precipita el fin de un mandato. De ahí que la tragedia provocara un choque brutal entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, para deslindarse de la responsabilidad institucional por tan infortunado evento.
Marcelo ya sobrevivió pasando la bolita al escándalo por el colapso de una estructura elevada en la Línea 12 del Metro. Aunque el 3 de mayo de 2021 fallaron las trabes de una obra realizada por el gobierno capitalino de Ebrard (2006-2012), la prensa de oposición a la 4T no dudó en trasladar la responsabilidad del accidente al actual mandato de Claudia, argumentando que la causa fue falta de supervisión y mantenimiento.
Ahora el canciller tampoco está dispuesto a cargar con la culpa política que le imputó Adán Augusto en entrevista con Joaquín López-Dóriga. Menos cuando el INM es un órgano técnico desconcentrado de la administración pública federal que depende de Gobernación.
No lo está pese a que, en su momento, Marcelo se atribuyó el mérito de haber negociado con Donald Trump el esquema de colaboración que produjo las condiciones para que, como salió a relucir el lunes 27 de marzo, los migrantes sufran en México los mismos abusos a los que habrían sido sometidos en Estados Unidos por su condición de indocumentados.
Los migrantes murieron porque estaban encerrados y los guardias que los vieron pedir ayuda cuando el fuego que uno de ellos había iniciado al quemar las colchonetas en protesta porque no les daban agua (y porque los iban a deportar), no abrieron las rejas ya que estaban advertidos que recibirían sanciones si dejaban escapar a los internos. Una custodia en el sector femenil tuvo el sentido común y la compasión para desobedecer la orden, salvando así la vida de varias mujeres.
Las imágenes divulgadas días después evocan a aquellas del infierno que desató la Policía Nacional de Guatemala el 31 de enero de 1980, en la embajada española donde quemaron vivas con fósforo blanco a 37 personas, entre ellas el cónsul español, el padre y un primo de Rigoberta Menchú. Allá fue intencional, en Juárez es negligencia criminal pero la oposición se la atribuyó de inmediato al Estado.
¿CHIVOS EXPIATORIOS?
La responsabilidad institucional es clara en el tema del contrato a una empresa particular para que prestara servicios que, en todo caso, no incluían los de seguridad ni, por ello, el permiso para usar armas dentro del centro de reclusión. Hay responsabilidad del Estado también en el hacinamiento y las malas condiciones de esos y todavía muchos espacios carcelarios. Lo mismo, en la falta de capacitación y en la normatividad que llevó a la inacción de los vigilantes. Así como en las violaciones a los derechos humanos que se producen como consecuencia de una política migratoria que consiste en contener, a como dé lugar, el éxodo desde Centroamérica hacia Estados Unidos.
La investigación encargada por el presidente López Obrador a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, redundó en que se giraran seis órdenes de aprehensión contra tres funcionarios del INM, dos vigilantes privados y el migrante incendiario, señalados de homicidio doloso y lesiones. Cinco de los cuales fueron arrestados a las pocas horas.
Es incalculable el desgaste que sufrirá AMLO si, además de los llamados chivos expiatorios, no ruedan cabezas. En anteriores sexenios ya se hubiera dado el cese del director del INM, Francisco Garduño, pero el presidente lo defendió llamando “zopilotes” a los periodistas que pedían su renuncia.
Garduño, un hombre cercano a López Obrador, llegó al cargo cuando los acuerdos de Ebrard con Trump motivaron la renuncia de Tonatiuh Guillén al INM. Hasta entonces, Garduño había sido encargado de los programas de reinserción social en el país. Con él, la Guardia Nacional entró de lleno a la contención y persecución de migrantes sin papeles. No sólo en Chihuahua, en varios estados los delegados que había impulsado Guillén fueron reemplazados por militares.
¿QUE (NO) SIGA LÓPEZ?
Sin embargo, las apuestas que se cruzan en la clase política son respecto a cuál de los dos, Adán Augusto o Marcelo, saldrá de la carrera presidencial por este escándalo.
A unas horas de la tragedia, López Hernández se deslindó y dijo que nada tenía que responder sobre el tema. Aun cuando el INM depende de Gobernación, él no es el encargado del sistema migratorio. “Es Marcelo el encargado”, zanjó Adán Augusto. Y a pregunta de López Dóriga, uno de los periodistas más cuestionados por López Obrador, el operador político del gobierno insistió en sus aspiraciones políticas: “Voy a ser presidente”.
Ebrard dejó, hasta entrada la noche del martes, “cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”, respondió sin decir nombres. Pero adelantó que la SRE solicitó a Gobernación y al INM “la información necesaria para compartirla con los países hermanos” de donde vinieron las víctimas: Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, El Salvador y Ecuador.
Para López Obrador, la discordia “es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así”. Mas para los que buscan Que Siga López, la pugna entre SRE y Segob es consecuencia del decreto presidencial de septiembre de 2019.
Cuando Trump amenazó con una guerra arancelaria si México no endurecía su política migratoria y levantaba un dique para el flujo de personas desde Centroamérica, Ebrard acordó con Estados Unidos crear de forma transitoria una Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, la cual ha sido presidida por el canciller.
Según el acuerdo, Relaciones Exteriores coordina la política migratoria, establece las acciones prioritarias, da seguimiento a sus resultados y supervisa la respuesta interinstitucional. La estrategia involucra a ocho carteras del gabinete y a otras ocho oficinas menores, entre ellas Migración.
Obviamente, si el crédito político por semejante logro diplomático se lo llevó el canciller, Ebrard tendría que pagar ahora el costo político por el incendio, infieren los seguidores de Adán Augusto.
Sin embargo, fuentes de Tlatelolco se apresuraron a recordarle a la prensa que, según la Constitución y la Ley de Migración, la principal autoridad migratoria es Gobernación. La Comisión coordina “programas y acciones de las autoridades mexicanas con competencia en materia migratoria, pero de ninguna manera suple o asume las facultades principales de dichas autoridades”, aseguraron funcionarios de la Cancillería a El País.
¿MARCELO (YA NO) VA?
¿Quien se benefició en 2019 está obligado a pagar en 2023? Eso es algo que se desprende de la lectura del libro de Ebrard. En el capítulo 16, ‘Un tuit, los aranceles y el tercer país seguro’, Marcelo relata que en la negociación con Trump consiguió un acuerdo que parecía imposible: evitar los aranceles y, al mismo tiempo, frustrar un tratado que hubiera convertido a México en ‘tercer país seguro’.
Si en el capítulo anterior reconoce la participación estelar de Jesús Seade en la renegociación del T-MEC más allá de los términos en los que lo dejó Peña Nieto, Ebrard es nada modesto al describir el rol protagónico que jugó como canciller para desactivar la amenaza que Donald Trump hizo en su tuit del 30 de mayo de 2019.
El presidente de Estados Unidos advirtió que aplicaría en 10 días “aranceles del 5% a todos los productos mexicanos que les exportamos, un porcentaje que podría subir a 25% en fases escalonadas hasta octubre de ese año”, a menos que ‘se resuelva el problema de la migración ilegal’.
Si bien “Donald Trump es un negociador duro y ofensivo muchas veces”, como lo explica en el libro titulado Trump: The Art of the Deal (traducido al español como ‘el arte de vender’, aunque deal literalmente significa ‘trato’), y estaba “muy enojado por el aumento en el número de inmigrantes en la frontera”, Marcelo nos salió más chingón:
“Soy un negociador nato. Es de mis soft skills que pondría en mi currículo: desde negociar con miembros de la sociedad civil organizada para la reconstrucción del DF tras el sismo del 85 hasta convencer al Ejército mexicano de dar una tregua a la guerra con los zapatistas para comenzar los diálogos de paz o armar un frente multipartidario para evitar el Fobaproa”.
“El juego de las negociaciones es ceder lo menos y ganar lo más”. Y la clave es sentarte a la mesa (sea en un destacamento chiapaneco o en la Casa Blanca) “habiendo estudiado y analizado a cada uno de los participantes en las negociaciones. Lo segundo es ubicar cuál es el triunfo que busca tu contraparte, qué es lo que verdaderamente quiere, y tercero, trazar una ruta mental de cómo y cuándo podría resolverse a partir de los límites de cada cual. En una negociación la victoria unilateral no es posible.”
¿FIRMEZA Y CAPACIDAD?
En pocas palabras, Ebrard consiguió que los abogados, asesores y el mismo presidente Trump aceptaran iniciar “inmediatamente negociaciones para establecer los términos definitivos de un acuerdo bilateral vinculante para abordar el reparto de la carga y la asignación de la responsabilidad de procesar las solicitudes de refugio de migrantes”.
Dicho acuerdo incluiría “un compromiso bajo el cual cada parte aceptaría la devolución y procesaría las solicitudes de estatus de refugiado de nacionales de terceros países que hayan cruzado al territorio de una de las partes para llegar a un puerto de entrada o entre puertos de entrada a la otra parte”. Y la intención de integrar a dicho acuerdo un “enfoque regional para compartir la carga en relación con el procesamiento de las reclamaciones de los migrantes a la condición de refugiado”.
Inicialmente condicionado a una revisión en 45 días, Ebrard presume que la administración Trump aceptó el acuerdo porque les pudo demostrar con una gráfica que el flujo migratorio había disminuido, gracias a que regularon “el número de migrantes” y ordenaron los incentivos “dada la demanda de mano de obra en Estados Unidos”.
En resumen: “Hay algo que se ha mantenido constante en nuestra postura como país tanto en la negociación del T-MEC como en la tensión por el flujo migratorio y en la crisis de seguridad. En los tres casos conseguimos resultados positivos manteniendo lo que es esencial para nuestro país: la autonomía energética, la defensa de nuestra propia estrategia de seguridad y la negativa a aceptar ser un tercer país seguro. ¿Las claves? Firmeza y capacidad de negociación”, cacarea Marcelo en su libro.
PERDIMOS, GANANDO
Marcelo asegura en su autobiografía que logró no convertir a México en un ‘tercer país seguro’. Eso habría supuesto una derrota ideológica, política y moral para el gobierno de López Obrador, además de requerir la aprobación del Senado. Pero, ciertamente, nos estamos asumiendo como un país de destino de personas migrantes. Y los indocumentados que llegan a los Estados Unidos pasando por territorio mexicano, pueden ser devueltos a México donde deberán buscar asilo.
México no sólo asumió la responsabilidad sino también los costos por el manejo de los migrantes detenidos, a quienes por cierto no se da trato de refugiados sino de infractores. Y aunque la estrategia ha dado resultados cuantitativos (2019 cerró con 182,940 detenciones de migrantes según datos de Gobernación, pero ya en 2022 hubo 444,439 personas detenidas, un máximo histórico cita El País), mientras están detenidos es el Estado mexicano quien responde por sus vidas.
El diario español ve la participación de la Guardia Nacional en las tareas del INM como prueba de que la promesa de una política migratoria “humanista y apegada a los derechos humanos” ha quedado sepultada, y que la militarización de las tareas de Seguridad Pública alcanzó a la gestión de la migración. La duda es a quién culpará la opinión pública de este sesgo, ¿al responsable de la política interior, Adán Augusto, o a Marcelo quien ha dado la cara por el país en el exterior?
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