Al presentar el estudio sobre el Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH en Materia de Agresiones a Periodistas, este martes 21 de agosto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, expresó su preocupación por que en octubre próximo se agota el presupuesto del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El ombudsman o como es correcto llamarlo en lenguaje incluyente, la ombudsperson, hizo un llamado para que se cuente con los recursos para el cierre de 2018 y se garanticen los de 2019. Porque, la verdad, el fenómeno de las agresiones no se ha revertido y la impunidad sigue latente en México, explicó:
“El mecanismo requiere de recursos para mantener las medidas preventivas cuando exista el riesgo de que se actualicen algunas de las circunstancias de agresión por evaluaciones que el propio instrumento hace a través de su consejo y de su junta directiva. El quinto visitador me informó que la perspectiva es que en octubre se agota ese presupuesto”.
Todavía más, la CNDH subrayó en un comunicado oficial que la impunidad imperante en materia de procuración de justicia en los casos de agresiones a periodistas es reflejo de la falta de compromiso de la Fiscalía federal y las estatales, así como de las autoridades, especialmente municipales.
Autoridades que, además, “muestran sensible retraso y desdén respecto de las respuestas que deben dar a las recomendaciones generales, por lo cual se propondrán maneras distintas de dirigirse a ellas como destinatarias de las mismas. Hasta ahora la divisa ha sido: a más agresión, incipiente atención”.
A ello debe agregarse que tanto el Mecanismo como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión enfrentan distintos retos. El primero, los problemas presupuestales que por segundo año consecutivo tienen y ponen en riesgo la permanencia de las medidas de protección de cientos de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, a pesar de los compromisos asumidos el año pasado por el Ejecutivo federal, en ese sentido.
Sin difusión ni impacto
Al presentar el “Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales de la CNDH en materia de agravios a periodistas”, que contiene diversas propuestas tendientes a revertir ese fenómeno, así como los resultados de la investigación para tener un panorama general del impacto de las recomendaciones generales, González Pérez reconoció que no existe conocimiento suficiente de estos instrumentos y que tampoco tienen el resultado deseado ni la difusión que se requiere en los medios de comunicación.
Por eso, la CNDH retomará la propuesta de poner en la página institucional las respuestas de cada autoridad recomendada, destacando el grado de cumplimiento.
En ese sentido, el ombudsman exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales que están en deuda con periodistas agredidos a dejar ese desdén para atender las recomendaciones de la CNDH y mostrar, en los hechos, mayor voluntad política en el respeto a la libertad de expresión y comprometerse para impedir las agresiones a comunicadores.
Sostuvo que el Estado no debe dejar de cumplir su función primordial de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, y pidió a los informadores conocer sus derechos y las instancias que existen para su defensa y protección, porque el acceso a la verdad y la justicia es garantía de no repetición de los agravios.
Respuestas burocráticas
El Estudio fue realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y señala que las cuatro recomendaciones generales de la CNDH sobre periodistas y libertad de expresión (la 7 emitida en 2004, la 17 de 2009, la 20 de 2013 y la Recomendación General 24, de 2016) fueron evaluadas con ánimo crítico por las personas entrevistadas, informadores y especialistas que contribuyeron con textos originales.
En estos ensayos cuestionan que, si bien hay reconocimiento a las tareas de la CNDH y a su presencia pública, dichas recomendaciones no han contribuido a resolver los problemas diagnosticados.
De las dependencias de gobierno, las federales y de los estados responden con más diligencia que los gobiernos municipales, el 68% de los cuales deja pasar más de 30 días hábiles, incluso hasta seis meses, antes de contestar. El 82% de los ayuntamientos, con respuestas de carácter rutinario y burocrático.
También las respuestas de entidades federales y estatales suelen ser rutinarias, el 19% son contestaciones que glosan las recomendaciones y solo el 33% contiene información que manifiesta alguna forma de seguimiento a casos o recomendaciones específicas.
También los medios violan
Entre las sugerencias del Estudio para mejorar el efecto de las recomendaciones generales, se pide tomar en cuenta, además del escenario nacional, situaciones locales y regionales; diversificar sus fuentes de información, con especial énfasis en testimonios directos de periodistas; mencionar por sus nombres y apellidos a los funcionarios destinatarios; referirse a la vulnerabilidad laboral, profesional y política de muchos periodistas; y dirigir recomendaciones a funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de las normas laborales que no se cumplen en muchos medios de comunicación.
También sugiere reconocer las diferencias de agendas e intereses que hay en los medios y definir a partir de ellas distintos contenidos y versiones de las recomendaciones; hacer del boletín de prensa un cauce hacia los documentos completos y no un reemplazo de ellos; dirigirse directamente a los grupos interesados en esos asuntos, aprovechando la capacidad de propagación de las redes digitales, además de incluir en la página de la CNDH las respuestas de las autoridades, así como los documentos de organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas sobre agresiones a periodistas en México.
La voz de las víctimas
El coordinador del Estudio fue Raúl Trejo Delarbre, quien destacó que las cuatro recomendaciones analizadas describen ausencias en la impartición de justicia y debilidad en las investigaciones, falta de detención y sanción a los culpables de delitos contra periodistas, lo cual genera impunidad.
Los seis ensayos escritos por periodistas y estudiosos del tema que se tomaron en cuenta especialmente para la investigación, ofrecen testimonios e información de primera mano para comprender la situación de la prensa mexicana. Los diagnósticos críticos de los comunicadores muestran las tortuosidades en la aplicación de la justicia para los periodistas.
Por su parte, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, señaló que las recomendaciones generales brindan un diagnóstico claro de la decadencia a la que el periodismo se ha enfrentado en el ejercicio de la libertad de expresión en los últimos 10 años ante el incremento de agresiones.
El análisis subraya que el 94% de las autoridades reconoce las recomendaciones, pero no hace nada para su cabal cumplimiento. De hecho, el 99.6% de las agresiones siguen impunes. Y no se puede hablar de protección si no hay un combate a la impunidad.
Se refleja la indolencia oficial cuando el Gobierno no reconoce que la violencia a la que se encuentran expuestos los periodistas es un problema de Estado, y que eso significa un atentado a la democracia de este país, concluyó Ruelas.
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