El lunes 3 de junio sesionará el Congreso del Estado para ver si, en una segunda votación, se aprueba el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura de la 59ª Legislatura con las propuestas de los ganadores en las 11 categorías que integran el Premio Estatal de Periodismo.
La lista fue decidida por un Consejo Ciudadano integrado para tal fin y a invitación de la presidente de esa comisión, Rosalva Farías Larios.
En la sesión ordinaria del jueves pasado el documento recibió nueve votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones. Negativa implícita que las organizaciones gremiales consideran un atentado a la libertad de expresión.
Coinciden organizaciones como el Club de Reporteros, el Círculo de Analistas Políticos o el capítulo Colima del Club Primera Plana en que la suspensión del Premio se debe a que el trabajo ganador en la categoría de Análisis Político, escrito por Juan Ramón Negrete, incomodó a la diputada Jazmín García Ramírez.
Todo porque la breve gestión de Jazmín como presidente de la Comisión de Gobierno Interno, fue descrita en la columna Desde la Curul 26 en términos tan severos como sugiere el título: ‘Saqueo’.
Sin embargo, los legisladores insisten –sin que algunos colegas periodistas se presten a escucharlos, mucho menos a difundir su versión– que las abstenciones se dieron en solidaridad con Jazmín.
Y es que, en su momento, García Ramírez denunció los hechos comentados en la citada columna no sólo como falsos sino como causantes de daño moral, por lo que incluso procedió penalmente.
LISTA NO ES INAPELABLE
La indignación del gremio periodístico parte del supuesto que la decisión del jurado que integró ese Consejo Ciudadano es inapelable, y que el papel de la Diputación se limita a dar trámite a esa resolución.
Y, pues… ¡no!
Quien entrega el Premio es el Congreso, y como representación popular los diputados deben votar a conciencia. Si 13 diputados consideran que el trabajo no merece ganar porque no cumple con el requisito de veracidad, están en su derecho de no acatar la propuesta del jurado.
Hay varias formas de resolver este conflicto entre el Poder Legislativo y el llamado Cuarto Poder:
– Se suspende el premio definitivamente, y que el Consejo Ciudadano entregue los reconocimientos a los trabajos que considere ganadores; si puede, que entregue los premios en metálico (con el apoyo del Poder Ejecutivo, por ejemplo); o
– Se regresa el dictamen a la Comisión y éste lo reelabora, cambiando el trabajo objetado por otro del mismo periodista o bien por el de otro analista político, para sortear el veto de los trece diputados que se abstuvieron; o
– Se cambia la mecánica y, como propuso el diputado priista Rogelio Rueda, a semejanza de otros procesos de designación en los que participa el Congreso, el mentado Consejo Ciudadano presenta una terna de trabajos para la consideración de los diputados, no una lista inapelable.
PREMIAR Y CASTIGAR
Aunque el cambio de prácticas políticas fue la promesa de una Legislatura donde el lopezobradorismo arrancó con 15 diputados de mayoría y un plurinominal, en el Congreso quedan inercias como ésta: que el poder político premie a los periodistas.
Tan no entienden los diputados que estos son nuevos tiempos que mantienen la fecha del 7 de junio como día de la libertad de expresión, no obstante el origen espurio que esta celebración tuvo durante la era del viejo PRI.
Aquí mismo en Colima, el Día Estatal del Periodista se estableció en coincidencia con el Día Mundial de la Libertad de Expresión, el 3 de mayo.
Si el actual Congreso quería distanciarse de esa fecha por alguna razón, pudo elegir para entregar los premios el aniversario luctuoso de Manuel Buendía, 30 de mayo, para honrar al gremio periodístico conmemorando a uno de los mártires de la libertad de prensa.
No olvidemos que la ceremonia del 7 de junio fue instituida por los editores de los grandes diarios de la capital para agradecerle al presidente Miguel Alemán su respeto a la libertad de expresión, cuando se trata de un derecho consagrado en la Constitución.
A partir del gobierno de Luis Echeverría y hasta el de Ernesto Zedillo, se entregó ese mismo día el Premio Nacional de Periodismo, que nació como una propuesta de los integrantes del Club Primera Plana, quienes le pidieron a Echeverría considerar también a los periodistas entre los ciudadanos ilustres a los que se les celebra por sus logros en ciencias, artes o letras.
Las tensiones naturales entre los medios de comunicación y la clase política derivaron en un cuestionamiento ético: cómo aceptar del Estado una distinción, cuando los estadistas muchas veces están detrás de los ataques a la libertad de prensa.
Por eso, el panista Vicente Fox modificó el esquema del Premio Nacional de Periodismo para que ya no fuera el Poder Ejecutivo quien lo otorgara, sino que los ganadores fueran seleccionados por un consejo ciudadano formado por académicos y periodistas reconocidos.
En la mecánica anterior, el régimen premiaba a sus periodistas consentidos pero también a algunos de sus más severos críticos, en una estrategia de legitimación del poder como bien explicó Carlos Ramírez en la conferencia que dio en Colima.
Ya como institución autónoma, en sus 18 años de existencia el Consejo Ciudadano cambió el mapa y el censo del Premio Nacional de Periodismo. Ante todo, los descentralizó: muchos reporteros y articulistas de provincia que antes no hubieran tenido oportunidad de someter sus trabajos a concurso, han recibido el galardón.
POR EL BUEN PERIODISMO
En Colima, que lo otorgue el Congreso y no el Gobernador no le quitó al premio estatal de periodismo el sesgo político.
La razón de ser de cualquier premio de periodismo es reconocer las buenas prácticas periodísticas. Con su decisión, el jurado le está diciendo qué es periodismo y qué no lo es a los profesionales y a los empíricos que cada día se van incorporando al oficio gracias a las herramientas digitales.
Hoy muchos colegas se quejan de la facilidad con la que en las redes sociales se calumnia a una persona, y ante eso sólo queda insistir en una ética periodística basada en la información corroborada.
Sospecho que el jurado integrado por el Consejo Ciudadano valoró que buena parte del mérito de un par de los trabajos ganadores, el de crónica que ganó mi hermano Alexandro, y el de análisis político que ganó Juan Ramón, es que confrontan a los poderes del estado: uno al Ejecutivo y otro al Legislativo.
¿Pero, además de eso, buscaba el jurado forzar a los diputados a tragarse la humillación de ser calumniados, en aras del respeto irrestricto a la libertad de expresión? ¿Está haciendo grilla el consejo ciudadano?
Desde mi punto de visto, el debate por la suspensión del premio no se debe centrar en la oposición censura-libertad de expresión, sino en la diferenciación entre veracidad y falsedad.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.