+ Diputados respaldan a trabajadores del volante
Al acudir al Congreso del Estado para informar a Diputados de la LIX Legislatura de la Paridad de Género, el secretario de Movilidad, Rafael Martínez Brun, indicó que actualmente sólo cuatro empresas cuentan con permiso de operación como transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas, es decir en la modalidad de taxis tipo Uber.
Dijo que se trata de las empresas: Soluciones Tecnológicas en Movilidad con la aplicación “Andar”; Choferes Exclusivos para el Transporte Privado con la aplicación “Choferes Exclusivos”; Radio Taxis de la Villa con la aplicación “Ave Colima” y Chofer Car Select con la aplicación “Transportes Selectos”, haciendo énfasis en que la empresa Avances Tecnológicos en Movilidad (Chofer Pro) presentó solicitud extemporánea para renovación del permiso de operación, que se venció el 17 de enero.
El titular de Semov añadió que al día de hoy son sólo nueve vehículos los autorizados para prestar el servicio de transporte privado por arrendamiento y todos están asociados a la aplicación “Andar”, de la cual es titular la empresa Avances Tecnológicos en Movilidad, e hizo énfasis en que en el municipio de Manzanillo operan taxis con la misma aplicación “Andar”, sin embargo la pregunta va dirigida a los vehículos de servicio privado por arrendamiento.
La reunión fue coordinada por el Diputado Luis Fernando Escamilla, presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Movilidad, en la que estuvieron el presidente del Congreso local, Guillermo Toscano, y los legisladores Claudia Aguirre, Martha Meza, Miguel Ángel Sánchez, Rogelio Rueda, Lizet Rodríguez, Malú Berver, Remedios Olivera, Jazmín García y Arturo García; el Oficial Mayor Eligio Aldama y el Director Jurídico Alberto Vázquez.
Martínez Brun anunció que durante 2017 se realizaron un total de 56 operativos para empresas al servicio de transporte privado, mientras que el año pasado fueron 25 operativos específicos y en lo que va del presente los operativos son permanentes; “éstos se hacen en coordinación con autoridades municipales y en el más reciente operativo remitimos a resguardo tres vehículos”.
En torno a los ingresos que se han obtenido por la expedición y refrendo de permisos, el Secretario de Movilidad dijo que por el registro de empresas se ha obtenido un ingreso total de 92 mil 434 pesos, mientras que por el registro de vehículos se ha tenido un ingreso total de 21 mil 762 pesos.
Adicionalmente, explicó que la Ley de Hacienda del Estado de Colima contempla el pago de 220 UMA´s como costo de un permiso de operación como empresa de redes de acceso y gestión de la demanda de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas, y contempla el pago de 25 UMA’s por vehículo, como costo de la renovación de un permiso de operación para prestar el servicio de transporte privado bajo el mismo esquema.
Rafael Martínez Brun reconoció que el Fondo de Movilidad no se ha constituido debido a que existe una suspensión definitiva “derivada de un amparo que nos impide actuar entre otros puntos, en el Fondo de Movilidad”, aclaró.
Se trata del amparo 175/18 e incidente de suspensión 153/2018 promovidos por la empresa Avances Tecnológicos en Movilidad (con el nombre comercial de Chofer Pro), que es muy diferente a la acción de inconstitucionalidad promovido por algunos diputados de la pasada Legislatura.
Sin embargo, dijo que actualmente se encuentra constituido el Consejo Estatal de Movilidad Urbana Sustentable, que de acuerdo a la Ley es el obligado de coordinador su Reglamento, así como instalar el Comité Estatal de Promoción al Financiamiento de la Movilidad Urbana Sustentable, sus lineamientos, mecanismos recaudatorios y los mismos que se pueden establecer en la sesión del Consejo.
Martínez Brun dejó en claro que son colimenses las cuatro empresas que cuentan con permiso para operar en redes de acceso y gestión de la demanda de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas y enfatizó que la SCJN determinó inconstitucional un fragmento del artículo 175 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, sobre limitar sólo a empresas locales el derecho a operar el servicio de transporte privado por arrendamiento.
Finalmente, reconoció que la Secretaría de Movilidad carece de elementos técnicos y humanos para determinar el impacto socio-económico que ha representado para los prestadores del servicio público (de taxis), la presencia del transporte privado.
El Diputado Luis Fernando Escamilla consideró errónea la información expuesta por el titular de Semov, pues dijo que tan sólo en Manzanillo, hay entre 35 y 40 unidades que prestan el servicio en esa modalidad, por lo que pidió que si están operando irregularmente, se les detecte y sancione. El legislador Rogelio Rueda pregunta si Chofer Pro está registrado y saber si Uber ya se acercó, pues tiene presencia en muchos países y en muchas ciudades de nuestro país; pidió que si se está actuando fuera de la ley, las autoridades apliquen pareja la ley a todos.
La legisladora Martha Meza hizo énfasis que Manzanillo está sobrepoblado de vehículos que dan servicio de manera particular y es alarmante por la inseguridad que prevalece y porque no están registrados ni vehículos ni los choferes, desplazando a los taxistas que si cumplen con requisitos, pagos, estudios y/o capacitación.
Preguntó al titular de Semov qué pueden hacer como diputados para ayudar, a lo que Martínez Brun señaló que necesitan mayor presupuesto y añadió que la semana pasada se reunió con la presidenta municipal de Manzanillo para estrechar la relación con ese ayuntamiento y ofreció que en breve se verán los resultados.
El Diputado Miguel Sánchez cuestionó por qué no se han conformado los Comités y el presidente del Congreso, Guillermo Toscano, preguntó sobre las concesiones, respondiendo que en el Gobierno de Ignacio Peralta se han otorgado 200 concesiones: 180 ya se entregaron y faltan 20 para viudas y taxistas incapacitados (sic). En esta reunión participaron representantes de taxistas tradicionales (amarillos): Salomón Sierra Gallegos, Alejandro Salinas Marías, Juan Carlos Aguilar Morales y Héctor Manuel Ceballos Gómez, quienes expresaron sus puntos de vista.