Son varias las hipótesis sobre el atentado a Ciro Gómez Leyva, conductor de noticieros en Radiofórmula e Imagen Televisión:
¿Es crimen de Estado?, ¿autoatentado?, ¿un hecho criminal cometido por alguno de los grupos delincuenciales cuyas actividades ha ventilado Ciro?, ¿es efecto directo de la estigmatización de figuras del periodismo que se ha estado haciendo desde la mañanera en Palacio Nacional?, ¿o resultado de una conspiración política para desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
Casi 180 columnistas, reporteros y caricaturistas (entre ellos varios colegas de Colima) firmaron una carta abierta pidiendo que AMLO “asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato”, bajo la teoría de que el atentado es resultado del “hostigamiento” contra periodistas críticos que se hace desde la Presidencia. Sin embargo, hay otras posibles explicaciones tanto o más probables y que responden mejor a la lógica.
Decir que “prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional”, es pasar por alto una larga discusión sobre el derecho de réplica informativa y argumentativa que el presidente López Obrador ejerce desde la mañanera.
Es ignorar que no todo lo que publica la prensa es verdad, ni toda la crítica es desinteresada. Que no todos los contenidos que se presentan como géneros periodísticos es periodismo, sino propaganda, publicidad disfrazada o relaciones públicas. Y que no todos los periodistas son héroes cívicos, a veces actúan como operadores políticos, gestores de negocios o viles gatilleros.
DERECHO DE RÉPLICA
Insólita en México, esa respuesta irónica, sarcástica, grosera y hasta difamatoria que da el presidente a los señalamientos de la prensa en la mañanera, no es inusual en el contexto internacional de la comunicación gubernamental.
Y muchos preferimos esa estruendosa oratoria al respetuoso silencio con el que respondían los anteriores presidentes de México a las críticas y revelaciones de la prensa: eran tolerantes en público, pero en lo oscurito ordenaban asesinatos de periodistas, presionaban a editores y concesionarios para que secaran plumas o acallaran voces incómodas, promovían resoluciones extrajudiciales en conflictos mercantiles o avalaban tomas hostiles en asambleas de cooperativas o consejos de administración.
Decir que “la difamación, que sustituye al debate de ideas, es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente”, no se sostiene estadísticamente: ninguno de los periodistas asesinados en lo que va de este sexenio, fue mencionado peyorativamente en Palacio Nacional.
El presidente se ha referido en distintos momentos a las víctimas de agresiones, especialmente para dar a conocer avances en la investigación de esos homicidios.
RÉCORD DE CASOS RESUELTOS
No podemos más que sumarnos a la exigencia de los 177 a que el gobierno “esclarezca el atentado, castigue a los culpables materiales e intelectuales”. Pero, también, deseamos que se evidencien los motivos que llevaron a los autores de este intento de homicidio a dar un paso adelante en una clara estrategia de golpe blando.
Nadie niega la responsabilidad de un gobierno federal que, con una política que busca atacar las causas sociales de la violencia, no ha podido frenar la ola de homicidios asociados con la actividad criminal organizada. Esa cresta, por cierto, eleva también el número de feminicidios y de asesinatos de periodistas.
En la narrativa de los firmantes, “los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio, y la impunidad es alarmante”. Pero no es ocioso discutir si hay más o menos comunicadores muertos en este sexenio que los que hubo en otros periodos, por ejemplo, durante el muy sanguinario gobierno de Felipe Calderón.
Ciertamente, se requiere un esfuerzo para calcular la reducción proporcional en la tendencia de homicidios de la que habla el presidente. Pero a lo que se ha negado la prensa corporativa y muchos en el gremio es a incorporar, como categoría de análisis en sus piezas periodísticas sobre el tema, los casos resueltos de asesinatos de periodistas.
PULIR EL MECANISMO
Frente a la inseguridad con la que se hace periodismo en México, hace falta avanzar en muchos procesos. Entre ellos, el mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos que ha descansado hasta ahora en el gobierno federal, sin que se sumen los gobiernos de los estados donde se cometen la inmensa mayoría de las agresiones.
Este mecanismo, además, se plantea como último recurso sacar de su entorno e incluso del país al periodista amenazado, en una dinámica similar a la de los testigos protegidos, cuando el objetivo debiera ser crear las condiciones para garantizar que ese profesional en lugar de exiliarse pueda seguir ejerciendo el periodismo en su zona de influencia.
No es tarea fácil, imposible lograr la tranquilidad en el ecosistema comunicacional de una región sin conseguir la paz social en ese entorno. El periodismo no se da en abstracto, mientras el Estado no recupere el monopolio de la violencia y el imperio de la ley que hoy le han arrebatado ese entramado de intereses políticos, empresariales y delincuenciales que dominan vastas zonas del territorio nacional, los periodistas que se atrevan a denunciar a esos poderes fácticos seguirán corriendo riesgos.
No fue López Obrador en la mañanera quien los puso en la mira. Desde hace muchos años, actores de poder de distinta índole decidieron que los periodistas en México no son intocables.
NO ES LA MAÑANERA
Las conferencias de prensa de López Obrador “no es causa de que se asesinen periodistas. Pueden ser sucesos que ocurren al mismo tiempo pero no son causa y efecto, como dice la derecha”, escribe Fabrizio Mejía en su columna del 22 de diciembre en Sin Embargo.
Pedir la desaparición de las mañaneras porque le dispararon a Ciro Gómez Leyva, es “confundir causalidad con nexo”. Semejante propuesta corresponde a “la idea que tiene la derecha golpista de la ‘mañanera’. Según ellos, ahí sólo se ataca a Loret o a López Dóriga o se promueve ‘el odio y la división’”.
“Los que claman a los vientos por la desaparición de las ‘mañaneras”’ confunden muchas cosas: conductores multimillonarios con reporteros de a pie; causa con coincidencia; información con propaganda. Pero quizás la confusión más perniciosa ahora es la que confunde señalar a los medios corporativos por sus mentiras con vil censura.”
Para Mejía Madrid, “deslegitimar las mentiras o las inferencias que no son más que suspicacias y mala leche, no cuenta como censura”. Para que haya censura “tiene que haber coerción, es decir, uso de la fuerza para prohibir”.
Más allá de la necesaria ética personal, el periodista debe tener la probidad profesional de “asumir la responsabilidad de no ser neutral y ser transparente con los propios sesgos”. Acostumbrado a cuestionar, nuestro periodismo no se siente “obligado a responder los cuestionamientos que se le lanzan” ni a “aceptar los errores”. Prefiere atribuírselos “a una persecución que, a veces, no es más que la de sus propios fantasmas”.
NO ES CRIMEN DE ESTADO
Disparar contra Ciro no un fallido crimen de Estado. Tendría que no ser el animal político que es Andrés Manuel, para ordenar un atentado del cual él sería el primer sospechoso.
Para López Obrador, la evidencia de que ocurrió un crimen de Estado es que éste nunca se aclara, como nunca se aclararon la muerte de Kennedy y la de Colosio. Por eso, resolver este atentado será la coartada perfecta para demostrar que su administración no lo ordenó ni lo ejecutó.
Nadie quiere olvidar a Manuel Buendía como un caso paradigmático en el que, desde los más altos despachos del poder, se ordenó la muerte de un columnista tan influyente como el autor de Red Privada.
NO ES UN LILITELLAZO
Ahora bien, sobre la posibilidad de que haya sido un autoatentado, como los que sufrieron la periodista Lily Téllez y el empresario Carlos Ahumada, en descargo de Ciro Gómez Leyva se ha dicho que las balas habrían hecho blanco en partes vitales de no haber sido detenidas por el vidrio y el metal blindados.
Nadie en su sano juicio se jugaría la vida para simular un hecho, por muchas ganas que tuviera de inculpar al presidente. Sin embargo, a muchos les resulta curiosa la tranquilidad con la que el conductor describió el hecho en su noticiero matutino unas horas después, sin mostrar el natural miedo que debería sentir alguien que miró cercana la muerte.
Sobra decir que cualquier sicario, como parte de la preparación de un trabajo, habría averiguado que el periodista usaba un vehículo blindado y, por el modelo de la camioneta, incluso habría deducido el nivel de blindaje.
YA NO ESTÁN A SALVO:
La tercera hipótesis es la más preocupante: que alguno de los señores del narco que han sido exhibidos por Ciro haya roto el tabú de no atentar contra un periodista de proyección nacional.
Gómez Leyva no se limita a presentar la lista de hechos violentos de la jornada como suelen hacer los titulares de otros noticieros en horario estelar, sino que menciona los nombres de los capos o de las organizaciones criminales que operan o disputan esa plaza.
Si esta hipótesis se confirma, habremos bajado un escalón más en la vigencia del Estado de derecho. Los periodistas de la capital reconocen que las condiciones para ejercer el oficio a través de medios y plataformas de cobertura nacional son muy distintas a las que padecen los reporteros y editores en los estados.
O lo eran, en agosto de 2021 el líder de un conocido cartel amenazó a Azucena Uresti, conductora del noticiero de Milenio Televisión.
NO ES IRA DESCONTROLADA
Quedan por analizar otras dos posibilidades: el efecto de los discursos de odio que le atribuyen a AMLO o la eventualidad de una conspiración contra la 4T.
Dicen los suscribientes de la carta que “de no controlarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos: asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno, o matar en pago de favores al gobierno”.
Organizaciones mediáticas como la Sociedad Interamericana de Prensa o defensoras del gremio, como Artículo 19, han criticado la estigmatización que sufre la prensa en los discursos políticos especialmente de jefes de Estado, como un factor de riesgo para la seguridad de los periodistas.
En la lista inicial de la SIP figuraban los entonces gobernantes de Estados Unidos, Donald Trump, o de Brasil, Jair Bolsonaro, a quienes metieron en la misma bolsa del populismo con López Obrador. Y cuando la mañanera estrenó la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’ para combatir las fake news, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, pidió el cese de ese tipo de “agresiones”.
Según el líder latinoamericano de dueños de periódicos, “la nueva acción de López Obrador contra la prensa no es nada novedoso; nos recuerda las peligrosas campañas de descrédito de gobernantes y funcionarios que desde la tribuna pública censuran y descalifican a la prensa independiente”.
Al margen de todas las consideraciones que hemos desglosado líneas arriba respecto a la validez de la réplica y la necesidad de una conversación franca y abierta entre la prensa y el poder, cabe preguntarse si el efecto de esta polarización (o politización como la llama el presidente) es inmediato, ¿no tendría que haber ocurrido desde el inicio del sexenio un atentado?
OTRO GOLPE BLANDO
El análisis del atentado a Gómez Leyva nos lleva a plantearnos la preocupación porque, desesperados al no haber podido minar la popularidad de López Obrador, el conjunto de intereses afectados por las políticas de la 4T hubiese ideado fabricar una crisis política a partir de un atentado a un periodista de alto perfil.
La honestidad intelectual lleva a los 177 firmantes a reconocer dos posibilidades igualmente factibles: alguien puede pretender “asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno”, o matarlos “en pago de favores al gobierno”. Pero la reflexión no puede quedarse en un cálculo del factor de riesgo.
La pregunta que debemos hacernos ciudadanos, periodistas y gobernantes es: ¿quién se beneficiaría de la muerte de una figura pública tan visible? Está claro que todos salimos perjudicados, pero será el análisis de quién realmente se beneficiaría de semejante atrocidad lo que permitirá identificar a los responsables.
Nuestro correo electrónico: carvajalberber@gmail.com