En entrevista con El Universal, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), señaló que en nuestro país hay enormes limitaciones para ejercer la libertad de expresión debido a la violencia y el hostigamiento que sufren los periodistas.
Aunado a esos dos problemas, los medios de comunicación enfrentan las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, afirma Vivanco, busca deslegitimar a la prensa. Parece que el Presidente busca que la prensa se dedique a aplaudir lo que hace. En resumen: México no es un modelo de libertad de expresión, hay serias limitaciones.
En una conversación con Alexis Ortiz (‘AMLO busca deslegitimar a la prensa: José Miguel Vivanco’, El Universal, 5 de octubre de 2020; https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-busca-deslegitimar-la-prensa-jose-miguel-vivanco), Vivanco juzga que la actitud del Ejecutivo hacia los medios muestra que tiene una “fuerte tendencia autoritaria”.
¿DÓNDE QUEDÓ EL PEGASUS?
- ¿La libertad de expresión está garantizada en México?
“Si uno compara los márgenes para el ejercicio de la libertad de expresión que existen hoy en México con los que existían durante los 70 años que gobernó el PRI, es decir, antes de 2000, evidentemente hay mayores y mejores espacios para el ejercicio de la libertad de expresión.
“Sin embargo, México no es un modelo en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión: hay serias, enormes limitaciones en cuanto a ese ejercicio.
“Para empezar está la manipulación o el manejo selectivo de lo que es la publicidad oficial, [ya que] se sigue utilizando por el actual gobierno de México como una manera de castigar o premiar a los medios de comunicación que operan en el país. Un caso muy grave, en el que evidentemente se está sancionando a un medio porque al actual gobierno no le gusta cómo ejerce su libertad de expresión, es el caso de la revista Nexos. Igualmente importante es lo que se ha descrito como la violencia contra los periodistas.
“México es tan peligroso como Afganistán para el ejercicio del periodismo, y durante la administración de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 23 periodistas.
“Vale la pena subrayar el hostigamiento que muchas veces sufren los periodistas. [Un ejemplo de esto es] el virus que se utilizó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, conocido como Pegasus. Es un programa muy poderoso, el cual logra infiltrar las comunicaciones de aquellas personas que son objeto de acción”, según reveló el año pasado de The Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
“Si bien [el software Pegasus] afectó a una serie de periodistas y críticos del gobierno anterior, hay antecedentes serios de que sigue operando en México. Acá no se investiga mucho, [pero] en México lo de Pegasus es muy serio, [aunque] es aún más serio el asesinato de periodistas. La regla general lamentablemente es la impunidad.”
DESLEGITIMAR A LA PRENSA
- También está la descalificación del Presidente a la prensa, ¿eso vulnera la libertad de expresión?
“Las expresiones estigmatizantes y descalificadoras del Presidente hacia los periodistas y los medios constituyen un problema serio, pues lo que hacen es deslegitimar la función que cumple el periodismo y el valor que tiene la libertad de expresión en una sociedad democrática.
“Que el Jefe del Ejecutivo se dedique a insultar y a agredir con adjetivos como los que dice usualmente en su rueda de prensa, me parece que no ayuda.
“No es una actitud democrática y, al contrario, todo indica o da la impresión de que el mandatario tiene fuertes tendencias autoritarias y que preferiría vivir en una sociedad en la que los medios se dedican a aplaudir lo que hace.”
- ¿Cuál sería la consecuencia de deslegitimar a la prensa?
“Hay un esfuerzo por desautorizar, deslegitimar a los medios de comunicación, [pero] no creo que lo haya logrado hasta ahora López Obrador.
“Ante esta persistente y agresiva campaña contra los medios, contra el periodismo independiente, México ha demostrado espacios y fortalezas que permiten contrarrestar el discurso oficial tanto en los medios tradicionales como en los nuevos.”
- ¿Habría que poner un límite a los dichos del Ejecutivo?
“Nadie está sugiriendo que el Presidente deba ser objeto de censura, el problema está en que muchas veces ese ejercicio no es sustantivo, no es uno basado en argumentos, sino en descalificaciones hacia los medios, en los que sugiere teorías conspirativas para las cuales no ofrece ni las más mínimas evidencias.
“Mi crítica fundamental hacia el Jefe de Estado en México es la pobreza de sus argumentos, la falta de argumentos para intercambiar opiniones.
- Las descalificaciones a los medios parecen una tendencia regional, ¿por qué?
“Han surgido líderes que hacen de la demagogia una forma de vida. Donald Trump miente sistemáticamente, a toda hora, todos los días. También [Jair] Bolsonaro, en Brasil, otro líder populista. Él combate día a día a los medios de comunicación independientes y masivos.
“Todos estos mandatarios, tanto Trump como López Obrador y Bolsonaro funcionan sobre la base de un valor fundamental: su vanidad, su ego, el ego de que pueden más que otra cosa.”
LA PRENSA ADVERSARIA
- ¿Un medio puede ser considerado un adversario?
“Si el medio de comunicación hace un trabajo serio y riguroso, profesional, con fuentes debidamente corroboradas y revela información que molesta, que es avergonzante, que contradice la línea oficial, obviamente que esas autoridades van a verlo como hostil, como un adversario.
“Especialmente harán eso aquellas autoridades que tienen tendencias autocráticas, como las que hoy en día gobiernan en México, pero eso no debería afectar al trabajo de ese medio.
“Un medio de comunicación no es parte de la oposición política, no es un partido político.
- ¿Cómo sugiere que deben actuar los medios ante todas las descalificaciones?
“Los medios deben seguir haciendo lo que están haciendo, que es defender sus espacios, defender sus fueros, defender la libertad de prensa, así como la de expresión.
“Deben seguir haciendo periodismo profesional, riguroso, independiente, no dejarse intimidar o amedrentar por el actual gobierno [federal]”, concluye José Miguel Vivanco.
RESTRICCIÓN PARCIAL
En las conclusiones del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con sede en Miami (Estados Unidos), México padece “una restricción parcial de la libertad de expresión y prensa” en donde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienden a condicionar estos derechos con efectos negativos para las instituciones mediáticas, los periodistas y la sociedad en general.
Presentado en la 76 Asamblea Anual de la SIP el 23 de octubre de 2020, el estudio refleja que México –junto con Colombia, Panamá, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Ecuador– vive una parcial libertad de expresión.
Mientras que en Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Canadá, Perú, Paraguay y Jamaica, hay una baja restricción de estos derechos; en Brasil y Bolivia, la restricción es alta, en tanto que en Nicaragua, Cuba y Venezuela prácticamente no existe la libertad de expresión.
Como lo hiciera casi textualmente el año pasado, la SIP exhortó en la jornada de clausura de su 76 Asamblea General, celebrada virtualmente, a los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil, Nayib Bukele de El Salvador, Donald Trump de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador de México, a cesar en la “descalificación y estigmatización” de los periodistas y medios, y les recordó que esas conductas “suelen incitar a la violencia” (https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/sip-realiza-76-asamblea-general-preocupada-por-la-libertad-de-prensa-5916351.html).
El reportero Alberto Morales ya había adelantado (‘En México hay libertad parcial de expresión y prensa: SIP’, El Universal, 20 de octubre de 2020; https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-mexico-hay-libertad-parcial-de-expresion-y-prensa-sip) que el Índice Chapultepec analizó el periodo entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril pasado, señalando a México con 55 puntos de 100 y ubicándolo en el 11 sitio de los 22 países de América.
PROTAGONISMO EXACERBADO
Elaborado con la opinión de 110 expertos, el índice recoge una muestra de cinco personas por país (un periodista; un editor o director de medio; un experto académico en materia de libertad de expresión; un integrante de ONG encargada de observar fenómenos relacionados con la libertad de expresión y prensa y el vicepresidente regional o un alto representante de la SIP en el país respectivo) sobre sobre las actuaciones del Estado y el impacto en situaciones desfavorables a la libertad de expresión vinculado con el desempeño de los tres poderes de gobierno.
Así el panorama en materia de libertad de expresión en México “es de retrocesos”. No está amordazada, pero algunas acciones institucionales tienden a condicionarla con efectos negativos para los medios, los periodistas y la sociedad en general.
López Obrador marca la agenda informativa “con un protagonismo exacerbado”. En sus discursos, “ha estigmatizado y descalificado” a los medios de comunicación. Mientras las acciones de los poderes Legislativo y Judicial han sido más omisas que diligentes, y se distinguen por estar alineados al Ejecutivo, sostiene el documento.
En el análisis relativo a una “ciudadanía informada y libre de expresarse”, se destaca una estrategia de comunicación del gobierno federal centrada en “las mañaneras” como principal herramienta. Empero, este modelo de comunicación “ha sido usado por el mandatario para enfrentarse con la prensa nacional e internacional, estigmatizándola y descalificándola”.
El Ejecutivo impone la agenda informativa, pero en la mañanera falta calidad en la información que comunica. Además, se ha construido un ambiente de polarización entre el gobierno y la prensa, entre el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) y sus críticos, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
Las acciones del Poder Legislativo tienen un carácter meramente discursivo, no ha habido iniciativas de Ley orientadas a la actualización y mejoramiento de las disposiciones normativas vigentes en materia de libertad de expresión.
Y el Poder Judicial, con base en los señalamientos de los expertos referida a protección a periodistas, persecución e impunidad, no ha podido impedir que la situación de años anteriores se agrave en razón del aumento de asesinatos a periodistas.
MUERTE POR ESTIGMAS
En 2019 se registraron 10 homicidios, y durante los primeros cinco meses de 2020, dos más. En total, se han registrado 12 asesinatos a periodistas de enero de 2019 a mayo de 2020. La impunidad institucional en este renglón ha convertido a este país en uno de los más inseguros del mundo en esta materia, asegura el estudio.
“Un factor que impulsó el incremento de agresiones en la Ciudad de México fue la estigmatización de la prensa por el Estado. Hubo múltiples ataques a periodistas que cubren las conferencias de prensa matutinas del Presidente o que publican artículos críticos sobre la gestión del Ejecutivo” [Aunque la SIP omite decir que ninguno de esos ataques ha resultado en una agresión violenta –más allá de algún manotazo de un reportero a otro e insultos de transeúntes a los periodistas que entran o salen de la mañanera–, y que han sido lanzados lo mismo por simpatizantes de López Obrador que por sus detractores].
La SIP critica que López Obrador “ha decidido neutralizar o anular a cualquiera que busque cuestionar su relato”, y cuestiona el control y la polarización registradas durante el último año. “Los ataques a la prensa y a la sociedad civil lanzados desde la silla presidencial, en forma de estigma, son intencionados, como cualquier otra agresión, y buscan convertir al mensajero en el mensaje”.
UNA DEUDA DEL ESTADO
En conclusión, el Estado mexicano mantiene con la sociedad una deuda pendiente en materia de libertad de expresión:
“Aun cuando en México no se viva la represión sistemática propia de un dictadura de quienes ejercen su derecho a expresarse públicamente a través de los distintos medios y redes de comunicación, la abierta hostilidad del Ejecutivo a quienes ejercen críticamente este derecho, su persistente descalificación a cualquier atisbo de cuestionamiento, el control de la agenda mediática y su manifiesta indisposición para escuchar cualquier voz distinta a su visión de país y al contenido de sus decisiones, comprometen el sentido mismo de la libertad de expresión propio de un régimen democrático. Es decir, el control social del gobierno ejercido por una opinión pública robusta y una ciudadanía informada y participativa”.
La SIP insiste en decir que el hostigamiento presidencial a la expresión crítica tiene su correlato en las condiciones de inseguridad que vive el periodismo mexicano, con 134 comunicadores asesinados desde 2000.
No se puede responsabilizar directamente al Estado mexicano de todos y cada uno de los delitos que se cometen en contra de periodistas, “pero sí de la impunidad prevaleciente y la falta de la protección adecuada, como consecuencia de la ineficacia de las instancias públicas de procuración y administración de la justicia”, concluye la SIP.
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