La noticia de la semana para los colimenses es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión de desechar el recurso interpuesto por el ejecutivo estatal relacionado con el amparo interpuesto por Romualdo García Mejía, y con ello, se declara inválida la elección de Andrés García Noriega, Yarazeth Villalpando y Juan Manuel Figueroa como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que apuradamente hiciera el Congreso anterior de los candidatos del Ejecutivo, durante sus últimos días y cuando era inminente su relevo por el actual, de mayoría morena, como resulta bien sabido. Esta decisión significa otra derrota moral para los conservadores.
El ejecutivo estatal no quiso correr ningún riesgo y que esta elección, igual que otras, se efectuaran con un Congreso a modo; es decir, se comió la torta antes del recreo y se indigestó. Ya antes se había echado abajo la elección de Mario de la Madrid como integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y mientras, la cuenta sigue.
En su oportunidad CON SAL Y LIMÓN se declaraba en desacuerdo con la postura de agandaye por parte del ejecutivo estatal; criticando la manera como se presentaron los acontecimientos, más allá de la idoneidad o no de los electos. Y al final de esta historia, la Corte proporciona al ejecutivo un duro y vergonzante revés. El mensaje del máximo tribunal del País resulta muy claro: No se vale actuar con maña. El pueblo ya había entregado su mandato a un nuevo Congreso que se aprestaba a constituirse y que había recibido un mandato popular muy distinto del que había entregado a la anterior Legislatura. Si Peralta hubiera actuado con un mínimo de honestidad y decencia política, no se encontraría ante este trance vergonzante. Pero, bien dice la conseja popular, al que obra mal…
Y es que cuando muchas veces hemos afirmado que nada sabe hacer el ejecutivo estatal, no lo decimos de manera figurada, sino literalmente, nada ha sabido hacer correctamente. El anterior Asesor Jurídico del Gobierno del Estado no fue capaz de hacer bien siquiera su propia elección, la que lo instalaba como Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Y si ni eso pudo hacer correctamente, pues lo demás, ya lo sabemos.
El ejecutivo colimense actuó de manera similar a como lo habían hecho los de otras entidades, ni siquiera en eso pudo ser original, pero sí pudo ser más descuidado que los de otros estados y ahora, en el pecado, lleva la penitencia. Y es que hasta ahora no han podido tomar en serio su función como gobierno. Pareciera que creen todavía que el ejecutivo es dueño de vidas y haciendas y que es la personificación misma de la Constitución y de las leyes; que su palabra y deseos son lo único que vale. Y los resultados están a la vista, y ahora, debe llegar a acuerdos con un Congreso que no le resulta favorable y del cual se ha burlado siempre que ha querido y que ha intentado manipular cuando y como ha querido. No podemos augurar que podrá imponer su voluntad, sino que, por el contrario, la Soberanía Popular habrá de imponer la suya y que tendrán que habrán de llevarse a cabo negociaciones políticas que permitan alcanzar acuerdos.
La voluntad de los colimenses fue que se acotara a un ejecutivo que parece extraído del siglo XIX y padece autoritarismo, y que actúa, siempre, de manera unilateral. Tendrán que entender ahora que la voluntad del pueblo debe tomarse en cuenta, que el poder legislativo no es una dependencia del ejecutivo y que la democracia implica pluralidad, tolerancia, acuerdos para sumar voluntades y que no debe imponer la propia. Que los actos de gobierno deben ajustase a la legalidad y que debe ser un poder incluyente.
Y existe una pregunta obligada ¿Es el ejecutivo estatal una agencia de colocación? ¿Se propone para ocupar puestos, sólo a los amiguetes y compadres del gobernador? Tal pareciera que la respuesta es contundente: Sí. Y es contundente porque así queda demostrado con la disputa con el Legislativo por la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. No puede dejarse a alguien que no sea amigo del titular del Ejecutivo, como es el caso de Adriana Ruiz Visfocri; y eso, que las decisiones de tal Comisión ni siquiera son vinculantes para el Ejecutivo. Si existe la oposición que vemos para su nombramiento ¿qué sucederá en los otros casos, donde las decisiones sí tienen un peso específico real?
El Congreso deberá implementar un mecanismo que le permita elegir correctamente y con transparencia. Éste deberá incluir algo así como exámenes de oposición entre los diferentes candidatos. El ejecutivo no puede repartir caprichosamente los puestos y el legislativo no puede aprobar las propuestas que nada aportan a los colimenses. Si tuviéramos un gobernador con vergüenza (y lo digo sólo en teoría), debiera retirar a todos aquellos nombrados que ocupan puestos transexenales, como el Fiscal Estatal para en vez, hacer propuestas serias, que se discutan adecuadamente, y que los puestos sean ocupados por personas que cumplan su función y aporten al Estado.
La suprema Corte de Justicia de la Nación proporciona una lección invaluable que debe ser aprovechada por los colimenses. Es un llamado a la honestidad política del ejecutivo (y del legislativo). Tienen que ponerse las pilas y actuar con honestidad, con transparencia y con responsabilidad. No debe haber concertasesiones o negociaciones extrañas, como en el pasado. Se debe nombrar a aquéllas personas que signifiquen un avance para las funciones que deben llevar a cabo. Deben llegar aquellos que signifiquen un avance para los colimenses.
Mucho deberemos ver durante las semanas que están por venir.
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan felices fiestas patrias.