Álvaro Delgado se dice muy escéptico respecto a los 21 artículos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 17 de abril de 2019, para entrar en vigor al día siguiente, Jueves Santo, los cuales marcan los lineamientos del gobierno federal para asignar la publicidad oficial.
El reportero de Proceso y columnista de El Heraldo de México desconfía de ellos “porque son muy parecidos a los lineamientos habitualmente emitidos por la Secretaría de Gobernación, en particular desde 2001” cuando se establece en la Segob justamente esta política de normar los criterios.
Cuando era presidente Vicente Fox y responsable de la política interior Santiago Creel, “ya había el propósito de ordenar la asignación de la publicidad gubernamental, incluso de transparentar los presupuestos en la materia”.
En ese entonces, Delgado y otros periodistas lo vieron como un avance importante:
“Quien impulsó ese objetivo fue el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo García Cervantes, y era loable que existiera por lo menos un conjunto de lineamientos con un criterio de circulación.
“En el caso de los medios escritos, por ejemplo, se hizo obligatorio certificar los tirajes. Lo que significó un avance después de muchos años de absoluta discrecionalidad en los gobiernos priistas”.
FACULTAD DEL PRESIDENTE
Pero esos lineamientos, sigue diciendo Álvaro Delgado, se fueron corrompiendo. Siguieron emitiéndose cada año como parte de la normatividad interna de la Segob, pero donde finalmente se decidía la asignación de publicidad gubernamental –durante el gobierno de Fox inclusive– era en Los Pinos.
El Presidente definía los presupuestos también cuando Alfonso Durazo, hoy Secretario de Seguridad de la 4T, fue el vocero de Vicente Fox y estaba vinculado informalmente a la relación del gobierno con los medios de comunicación y a la asignación de la publicidad gubernamental.
Con Felipe Calderón ocurrió algo “todavía más grotesco”: el Presidente personalmente decidía a quién le daba publicidad, “y no olvidemos que repartió alrededor de 40 mil millones de pesos entre los que lo apoyaban”. Lo hizo a través de sus dos sucesivos voceros: Max Cortázar y Alejandra Sota.
“Y llegamos al gobierno de Enrique Peña Nieto que no solamente gastó más, sino que gastó con mayor discrecionalidad o al mismo nivel que Calderón”, apunta Delgado.
Con esos antecedentes, “uno pensaría que con Andrés Manuel López Obrador cambiarían las condiciones. Pero a mi juicio no están cambiando mucho”.
“Y no solamente en términos de los recursos que se destinan a los medios (para mí, casi cinco mil millones de pesos es mucho, aunque sea el 50 por ciento de lo que había antes), sino porque tampoco hay claridad ni definición para esa asignación que, a juzgar por la conducta que suele tener López Obrador ante los medios de comunicación, va a seguir siendo discrecional”, señaló Delgado.
NUEVA LEY CHAYOTE:
Álvaro Delgado participó junto con Alejandro Páez Varela y Miguel Badillo en la mesa de los periodistas a la que convocó, como todos los miércoles, Julio (Hernández López) ‘Astillero’ el 17 de abril de 2019 en la segunda emisión de Radio Centro Noticias.
En ese conversatorio que se puede escuchar bajo el título: ‘¿La “Ley Chayote” realmente se fue?’ (https://www.youtube.com/watch?v=LotjDg2OHeA), Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, analiza “las propias cifras de ellos”:
El padrón que está acreditado en Gobernación son 3 mil 300 medios, pero Jesús Ramírez dijo el mismo día que se dieron a conocer los lineamientos que hay 6 mil, aunque no todos han sido aceptados. Pero, además, el vocero del presidente reconoció que hay muchos medios digitales que no están registrados.
Al respecto, Badillo hace la siguiente reflexión: un medio invierte para registrarse en ese padrón, paga por la certificación y por una serie de trámites ante Gobernación, pero como medio de comunicación acreditado lo meten en la misma bolsa que medios digitales que, en muchas ocasiones, no son medios periodísticos:
“Son portales que se abren para opinar, y es legítimo. El punto es cómo los calificas para incluirlos en una lista como medios de comunicación, para otorgarles publicidad oficial, cuando esos medios de comunicación no son parte de la prensa”, observa Badillo.
“Muchos de esos medios digitales son manejados por una sola persona, y compiten por la publicidad con medios que tienen un equipo de profesionales que hacen periodismo.
“Estamos poniéndolos en la misma balanza y eso es preocupante. Si quieren distribuir el dinero público hacia esos medios o hacia esos portales, que lo hagan, pero que lo digan abiertamente, no disfrazándolos como medios de comunicación.
“Bajo ese disfraz está casi el 50 por ciento por ciento de los 6 mil medios considerados por Jesús Ramírez. Si 3 mil 300 son los acreditados, 2 mil 700 son portales electrónicos, canales de YouTube o lo que sea.
“Y yo no digo que no les den publicidad, pero sí que se aclare el punto, que sea transparente la asignación. El Presidente planteó que mes con mes nos van a informar a cuántos medios de publicidad y a quién le están asignando la publicidad oficial. Y eso es algo que nunca supimos durante los gobiernos priistas y panistas”, ponderó Miguel Badillo.
ANUNCIARSE EN REFORMA
Como anfitrión de la mesa, Julio Astillero pregunta a los panelistas en concreto si la prensa fifí, periódicos como Reforma deben recibir un volumen de publicidad proporcional a lo que tenían antes, o deben ser excluidos de la relación comercial con el gobierno de López Obrador.
Alejandro Páez Varela, subdirector del portal Sin Embargo, responde: “Por supuesto, Reforma tiene legítimo derecho a recibir pauta de publicidad de acuerdo con su audiencia, le guste o no le guste al Presidente. Esas son las reglas que debieron haber quedado claras ahí”.
Independientemente de que le guste o no Reforma a López Obrador, es un medio de comunicación, tiene una audiencia, tiene suscriptores y una planta laboral. “Creo que el periódico puede y debe aspirar a esa participación. Si no, vamos a regresar a lo mismo de antes, a un reparto entre los que me caen bien”.
NOS GUSTE O NO
Para Álvaro Delgado, Reforma debe recibir publicidad oficial naturalmente. Y recuerda que ese diario recibía una buena cantidad de publicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Reforma debe recibir publicidad como cualquier medio de comunicación debidamente acreditado y que cumpla con los requisitos. Sea escrito, radiofónico, televisivo o digital, porque el cambio tecnológico ha implicado que los medios digitales tengan a veces una mayor penetración que los medios convencionales, en particular los escritos”. Sin Embargo y Animal Político son ejemplo de ello.
En los estados hay muchos de estos medios, nativos o migrantes digitales, incluso personalizados. ¿Y cuáles son los criterios para relacionarse con esos nuevos medios?, no queda claro, insiste Delgado.
En resumen, todo medio de comunicación que cumpla con los requisitos que se exigen tiene el derecho de aspirar a una pauta publicitaria, precisamente por su sola existencia. Independientemente de su tendencia, ideología o simpatía por el nuevo régimen.
Reforma no puede sufrir la suerte de Proceso que fue víctima de boicot publicitario en tiempos de Peña y de Felipe Calderón. En el caso de la revista, “tampoco estoy muy esperanzado con López Obrador. Cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, a Proceso no le dio publicidad. Y así hay quien dice que somos proclives a López Obrador”, expuso Delgado.
Finalmente, tampoco para Miguel Badillo “está a discusión si Reforma merece o no la publicidad oficial, porque es un medio de comunicación serio, vigente, activo, registrado, que tiene periodistas que hacen periodismo. Nos guste o no, le guste o no al Presidente. Y en consecuencia, debe de tener pauta”.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.