Las y los diputados Claudia Aguirre, Blanca Livier Rodríguez, Ana Karen Hernández, Arturo García Arias y Vladimir Parra, publicaron un posicionamiento en el que hacen una serie de exigencias para no apresurar la votación de la solicitud de endeudamiento que envió al Legislativo el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. En esta serie de peticiones, exigen transparencia del manejo financiero de anteriores créditos, la desclasificación de documentos reservados por la Contraloría estatal, así como el cobro de los $515 millones de pesos que debe reintegrar el gobernador Mario Anguiano Moreno.
Buscan “diálogo, consulta amplia a la población, escuchar a todas las voces que tienen que opinar al respecto, porque es un tema importante que también compete a organizaciones no gubernamentales, a la propia sociedad civil, a especialistas en la materia, A todas y a todos los colimenses”…
Aquí el texto completo…
POSICIONAMIENTO ANTE LA DEUDA PRETENDIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO:
Ante la solicitud de crédito del Gobierno del Estado, estas son nuestras razones para abrir el diálogo y no apresurar decisiones irresponsables como la solicitud de la deuda pública por 750 millones de pesos enviada de forma express y sin consultar a la ciudadanía por parte del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.
No es un asunto nuevo para nosotros; lo hemos estado denunciando varios meses antes, exhibimos de manera clara las pretensiones que tenía el titular del Poder Ejecutivo para endeudar más a Colima sin hacer foros públicos pretendiendo aplicándole un madruguete a la ciudadanía en complicidad con algunos diputados que se dicen representantes populares.
Incluso, cuando esta solicitud llegó el 2 de julio al Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión de Hacienda, Julio Anguiano Urbina, convocó al día siguiente de manera silenciosamente urgente y sin conocer ni siquiera él mismo el contenido de la propuesta que envió a sesión de la comisión. Reunión en la que no informó ni siquiera a los compañeros diputados y diputada de su propia comisión sobre la invitación que ya había realizado a las Secretarías de Cultura, Salud y Finanzas.
Por ello, durante dicha reunión apelamos que la comisión se apegara al proceso legislativo para que, en primera instancia, se analizara la iniciativa al interior de la Comisión de Hacienda, se socializara la iniciativa con la población, y en su caso se invitara a los secretarios de estado y demás especialistas. Es claro que nada de esto ocurrió, ni siquiera se respetó el orden del día, en la cual nunca menciona la comparecencia de los secretarios y mucho menos la dictaminación de la iniciativa.
Ante la falta de seriedad en el proceso legislativo y la aprobación de manera fast track del dictamen burlando la legalidad y burlándose del pueblo colimense, declaramos lo siguiente:
Primero: Nos sumamos a la resistencia civil pacífica iniciada por ciudadanas y ciudadanos que buscan que se les escuche. Apoyamos la acción de recabar firmas ciudadanas que realizan desde esa misma protesta las y los colimenses indignados ante lo que pareciera ser la pretensión de un saqueo más. Desde el Congreso, estamos de acuerdo en las manifestaciones pacíficas que buscan la apertura al diálogo y repudian las prácticas del pasado con las cuales se ha mantenido este régimen de corrupción y violencia en el estado de Colima y que ha permitido a unos cuántos vivir a costa del detrimento de la calidad de vida de las y los colimenses. El pueblo debe ser escuchado, la opinión de la gente es nuestro norte, nuestro rumbo. Sin ello, no somos nada quienes ocupamos un cargo de representación popular, porque como lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.
Segundo: Pugnamos por que los trabajos de la comisión de Hacienda se restablezcan, respetando la legalidad y dando prioridad al análisis, a la apertura al diálogo con la ciudadanía, a escuchar los argumentos de todas las voces posibles, para que nuestra decisión responda al sentir del pueblo, y no darle cabida a que se tomen decisiones en lo oscurito, ni de manera fast track, como se intentó en un primer momento, sino que por el contrario, abonemos a crear un ambiente de apertura y transparencia, democrático, digno de la sociedad colimense que exige se le rindan cuentas. También queremos ser muy enfáticos en lo siguiente: cuando se restablezcan los trabajos de la comisión de Hacienda, pedimos a los diputados Julio Anguiano y Memo Toscano, surgidos de la ola de la Cuarta Transformación, que se disculpen públicamente por la actitud mostrada en la sesión anterior, donde avalaron lo que quieren los de arriba, los de siempre: un crédito inmoral y descarado. Ese tipo de prácticas son rechazadas ampliamente por la gente, como lo expresaron claramente el 1 de julio de 2018.
Tercero: Pedimos también que, previo al análisis de la solicitud de más deuda, primero nos expliquen a profundidad qué pasó con los créditos anteriores. También, pedimos que primero se concluyan las 3 auditorías extraordinarias que desde el Congreso pedimos, entre otros temas, sobre la adquisición del predio de la Zona militar y de La Campana. Y eso sin olvidar que el Gobierno del Estado ya pidió hace poco un crédito a corto plazo, por 100 millones de pesos, para atender la emergencia sanitaria derivada del COVID 19, de lo cual, no tuvo la decencia para avisarle ni informar al pueblo de Colima.
Cuarto: Requerimos que nos expliquen por qué se reservaron información de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, ocultándolos hasta 2024. ¿Qué esconden? ¿Qué temen?
Quinto: Exigimos una respuesta para que ya cobren los 515 millones de pesos que se le impusieron como multa al ex gobernador Mario Anguiano Moreno por la misma causa: Pedir créditos para que dichos recursos fueran utilizados para otras cosas totalmente distintas a las destinadas. No nos basta la respuesta del Secretario de Planeación y Finanzas Carlos Arturo Noriega que dice que están “en trámite y en análisis” los procedimientos para el cobro de esos millones de pesos al ex gobernador. Si tanto les urge terminar sus compromisos con empresas que ni siquiera son del estado, que recuperen ese dinero que es del pueblo y que de ahí paguen, pero que no comprometan el futuro de la gente.
Sexto: En esas condiciones, no hay garantía para iniciar un análisis de una nueva solicitud de crédito que afectará a las futuras generaciones de colimenses, elevando la deuda pública a más de 6 mil 700 millones de pesos, la más alta de nuestra historia. Insistimos en que nuestra posición es clara: buscamos que exista diálogo, consulta amplia a la población, escuchar a todas las voces que tienen que opinar al respecto, porque es un tema importante que también compete a organizaciones no gubernamentales, a la propia sociedad civil, a especialistas en la materia, A todas y a todos los colimenses.
Finalmente, nosotros siempre responderemos al llamado de la gente, mismo que en este momento es contundente: no permitir más deudas inmorales, y menos si se quiere apresurar el proceso con prácticas fast track que solamente benefician a los que siempre han gobernado de manera opaca, cuestionable y a espaldas de la gente
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Atentamente
Dip. Claudia Aguirre Luna
Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio
Dip. Ana Karen Hernández Diputada
Dip. Arturo García Arias
Dip. Vladimir Parra Barragán
#NoALaDeuda