Mientras arrecia el ruido por el proceso electoral de este año, arrecia el ruido que provocan los muchos pendientes ocasionados por la incapacidad y la inacción del ejecutivo estatal, cuya incompetencia e indiferencia hacia la problemática del Estado parece mayor cada día.
Uno de esos problemas que los colimenses enfrentamos cotidianamente es el transporte urbano y el ejecutivo estatal se ha empeñado en no hacer una revisión de fondo y tampoco una reordenación del mismo porque las concesiones se encuentran en manos de un grupo de poder fáctico, muchos políticos tradicionales han acaparado títulos de concesión y han buscado maximizar sus utilidades sin que el gobierno haya intentado revisar las necesidades de los usuarios o de los trabajadores de los propios concesionarios. Las tarifas y sus revisiones o falta de revisión de las tarifas son otro de los jugadores en este complejo campo que conforma un problema creciente que entonces, crece día con día.
La ineficiencia de los autobuses urbanos, o mejor, de lo que queda de ellos, se ha repetido hasta el cansancio. Y en tiempos de pandemia, el problema empeora porque el servicio es cada vez más deficiente. La falta de mantenimiento, la obsolescencia de las unidades, la falta de empatía de los operadores, la contaminación por emisiones de humo y ruido y muchos otros puntos dan cuenta de ello, junto con las ineficientes rutas, cuyo trazo parece extraído de una obra maestra del barroco. Me decía un amigo que yo no entiendo, pero esos autobuses están protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nadie puede tocarlos y eso debe ser cierto.
Como un ejemplo diré que desde el inicio de la pandemia, la única ruta que se mantenía activa en Comala, no ha dado servicio. Y nadie ha hecho nada al respecto. La otra, nunca ha funcionado.
Los taxis amarillos son un desorden absoluto. Cuando paran, el usuario debe pedir a Dios que el chófer quiera llevarlo a su destino y después, esperar con sobresaltos, cuánto querrá cobrarle por el servicio. La obsoleta tarifa oficial no sirve ni como referencia. Si se desea viajar de Colima a Comala o alguno otro de los pueblos del área metropolitana, el asalto es seguro. Como ejemplo, se cobra un mínimo de ciento cincuenta pesos por ir de Zentralia al Centro de Comala. Si el usuario se queja ante la Secretaría de Movilidad, nadie hace caso. Está dependencia compite en eficiencia con las agencias del Ministerio Público. Entonces, vía libre a los atracadores.
Los chóferes de taxi cobran mucho porque existe una casta divina, los concesionarios, que cobran cantidades extraordinarias a sus trabajadores y éstos deben recuperarla de los usuarios. Los concesionarios, en defensa de su extraordinario y cómodo negocio se oponen a la competencia aunque no tengan argumentos para hacerlo. Primero lo hicieron con los taxis cuyos servicios se solicitan por medio de una aplicación como Uber. Después lo han hecho con los tuk tuks o mototaxis. Los urbaneros apoyan a los taxistas porque muchas veces, son los mismos y si no, son compadres. Cercanos al poder, integran organizaciones formales o informales para saltarse las regulaciones y evitar cualquier posible daño a sus jugosos negocios.
Mientras, Movilidad no logra distinguir entre sitios, ruleteros, o taxis que se solicitan por teléfono y no regula a los de aplicaciones porque los reconoce como servicios particulares y no como servicios públicos y los mototaxis carecen de cualquier regulación porque son sus desconocidos, para el ejecutivo estatal, no existen. Resultado, la anarquía que vivimos.
Actualmente deben operar cerca de mil mototaxis en el Estado, que evidentemente han cubierto una necesidad, un déficit de servicio. Y cada semana, se acumulan más. Y cada semana también, los tuk tuks se hacen de más vicios. Y cada semana también, representan un grupo con mayores intereses. Y cada semana también, los enfrentamientos con los taxis tradicionales van escalando y ponen en vilo la movilidad. Ya es tiempo de que los burócratas dormidos, despierten y hagan su trabajo y si no pueden, que renuncien. César Farías prometió solucionar este problema y que se sepa, nada ha hecho.
Y ya es tiempo también de que se retiren las concesiones a quienes no cumplan con las obligaciones que les imponen los propios títulos de concesión que disfrutan. Los mototaxis deben estar sujetos también a concesiones y los nuevos prestadores de servicio habrán de someterse al cumplimiento de obligaciones. Mientras, todos deben ser vigilados y obligados a cumplir.
Las viejas concesiones deben ser revisadas y el incumplimiento de las normas durante el otorgamiento de los títulos o después, cuando cayeron en manos del oligopolio, deben ser objeto de la cancelación de los títulos. Recordemos que son servicios concesionarios porque la obligación de presentar estos servicios corresponde al Estado y ante la incapacidad de éste para cumplir con la obligación constitucional, prefiere la salida más fácil,concesionar el servicio y hacerlo con sus cuates, para que hagan negocios y se enriquezcan (más).
¿Alguien sabrá cuántas concesiones deben existir, y de qué tipo? El ejecutivo estatal, evidentemente no lo sabe. Este es un buen momento para que los problemas sigan escalando y si nadie se preocupa, tendrá que hacerlo cuando por fin, logren, unos y/o otros, paralizar nuestras zonas urbanas. ¿Cuánto tiempo falta? Amenazas y connatos ha habido y enfrentamientos también, incluso con la ineficiente autoridad.
Y así, algunos encuestadores intentan hacernos creer que la popularidad de Peralta va al alza y ya es comparable con la de López Obrador. La única reacción que provocan, es la risa. Porque Juan Pueblito, tiene otros datos.
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.