Durante la mañanera del martes quince, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció su intención de enviar al Legislativo sendas iniciativas para que se realicen tres reformas constitucionales. Una en materia eléctrica, otra en materia electoral y una más para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Explicó las razones que le motivan, mismas que se resumen en que él estima que serían buenas para la Nación y para los mexicanos.
Resulta sencillo suponer que una gran cantidad de mexicanos concordamos con Andrés Manuel en la necesidad y pertinencia de esas reformas. La realidad que enfrentamos viene de seis sexenios concatenados, a lo largo de los cuales se atacó sistemáticamente el interés nacional, en los cuales se intentó desmantelar el País a través de socavar sus instituciones y entregar todos los negocios viables y posibles a una minoría de mexicanos, así como a un grupo de extranjeros, amigos y a veces, socios de la misma minoría de mexicanos.
Revertir ese proceso ha resultado mucho más difícil de lo que parecía, porque los anteriores previeron muchos candados para lograr su objetivo, entre otros, trataron de blindarse con un sistema electoral ad hoc a sus intereses. Esto nos explica las razones por las cuales, tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama encabezaron esa vergonzante transformación del árbitro electoral en una parte activa durante la contienda electoral. El INE luchó tanto o más que los partidos de la oligarquía para impedir que el gobierno de la 4T pudiera contar con mayoría en la Cámara de Diputados para acompañar la transformación durante la segunda mitad del sexenio. Que hayan fracasado en su intento, es otra cosa, que, por supuesto, no disminuye la gravedad del golpe electoral que pretendieron dar.
Son ya muchos años en los cuales el Instituto Electoral ha ido perdiendo el prestigio, la credibilidad y la confianza que generó en sus comienzos. Años después de iniciado su declive, en un lavado de cara del cual fue objeto, hasta llegó a pensarse que el cambio de nombre serviría para restaurar el prestigio perdido. Pero, se trata de un asunto de fondo, que se origina en el sistema de cuotas mediante el cual se asignan las consejerías del Instituto. La lealtad de los consejeros responde a aquellos a quienes deben sus puestos y todos los privilegios que les significan. Los órganos autónomos son la verdadera burocracia dorada de nuestro sistema corrupto de complicidades y un sistema como ese, se defiende hasta con los dientes, o hasta con las uñas. Los consejeros hacen exactamente todo cuanto les ordenen sus verdaderos amos. Hacen lo que les ordenan, sin importar que resulte vergonzante, y eso, no puede continuar en esa forma.
Tiene razón también Andrés Manuel cuando afirma que el costo de las elecciones es muy elevado, y ya aquí lo hemos analizado varias veces. La nueva iniciativa debe revisar el sistema de partidos. Sólo deben existir y participar en el mismo, aquellas organizaciones políticas que representen a una parte de la sociedad y que por lo tanto, tengan alguna viabilidad. Grupúsculos con intereses tan específicos como los que actualmente constituyen el PRD, por ejemplo, no tienen por qué permanecer en el escenario y significarnos un costo tan elevado. Igualmente los partidos que para sobrevivir permanentemente deben estar buscando aliados, deben desaparecer. Nos cuestan mucho dinero y a cambio, nada aportan a la construcción de la democracia. Ese dinero, dice Andrés Manuel nos hace falta para enfrentar el desarrollo y el bienestar de todos los mexicanos.
La burocracia electoral es demasiado costosa y nada más revisan las cifras de los votos que los ciudadanos, muchas veces los ciudadanos interesados, reciben y cuentan. Todas las demás labores que realizan los consejeros, tienen que ver con la logística de la organización de las elecciones. La vigilancia de los procesos, la calidad y la cantidad de la publicidad, así como la viabilidad o idoneidad de los candidatos, que debieran ser labores fundamentales, no las realizan y si lo hacen, es de manera intencionada o, más bien, malintencionada. Eso no nos puede ni nos debe costar veinte mil millones de pesos.
Los pluris, deben desaparecer en todas las cámaras. Por lo general, los partidos incluyen en sus listas a aquellos ciudadanos que resultan incapaces de ganar una elección y con ello, imponen diputados o senadores en contra de la voluntad de los electores. Los partidos que no resulten capaces de ganar, siquiera un distrito, no tienen porqué estar representados o formar parte de la soberanía popular. Ahorrar dietas y gastos de doscientos diputados y 32 senadores, tan sólo en las cámaras federales resultará en otro ahorro significativo para el país, y eliminar esos puestos, no incidiría significativamente en la calidad de la labor legislativa.
Para decirlo en otras palabras, pagamos mucho al INE y a los partidos políticos por un sistema electoral mediocre, en el mejor de los casos, y pagamos demasiado por el proceso legislativo, el cual pudiera ser de la misma calidad que si pagáramos menos.
Pero la propuesta del Presidente afectará los intereses de quienes votarán la iniciativa, les pegará en el bolsillo tan sensible, y para que se logre su aprobación, se requiere los legisladores tengan altura de miras, y eso no resultará sencillo. Seguramente se opondrán los de las bancadas de oposición y también, un número de los morenos sin ideología bien definida.
Con estas iniciativas, sobre todo la electoral, sabremos de qué pasta están hechos nuestros flamantes legisladores. Y lo escrito, no constituye una adivinanza, pues no se requiere de dotes especiales para saberlo desde ahora.
Y mientras, el proceso burocrático electoral continúa su marcha en territorio colimense. La primera novedad es que en el recuento de votos, la diputación por el distrito 14 será para Morena en vez de para los Verdes, como se había dicho primero.
Es todo. Nos encontraremos pronto. Tengan feliz semana.