La intentona de hacer pasar la designación de una suplente que cubriera la ausencia temporal de Bernardo Salazar, como elección de la magistrada Leticia Chávez en calidad de nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima (STJEC), fue un acto gravísimo que merece la desaprobación de los otros dos poderes del estado, coinciden juristas consultados por CarvajalBerber.
Y explican: los tres poderes que integran el Gobierno del Estado interaccionan entre sí. Y lo que afecta la legalidad, legitimidad y credibilidad de uno de ellos, daña al conjunto. Los tres poderes garantizan el Estado de derecho y si alguno lo rebaja en aras de un beneficio que no sea el bien común, lastima el pacto social.
Se debe cuidar este pacto social por un principio de gobernabilidad y un anhelo de gobernanza. Para que haya tranquilidad y paz social el Estado debe proteger y, los ciudadanos, obedecer; pero sólo si el Estado funciona, los ciudadanos obedecen. Con un poder judicial corrupto, el supremo gobierno no va a llegar lejos; todo el tiempo se le va a cuestionar. Está en duda el Estado de derecho con un tribunal desprestigiado.
AFECTADOS, LOS TRES
Por ese interés común, en el seno de los tres poderes se debe discutir la trascendencia del hecho:
– Desde luego en el pleno del Supremo Tribunal, por los pares de Bernardo Salazar. Porque entre iguales el extrañamiento cala más, duele más el regaño en casa. Los magistrados a los que quisieron sorprender se sienten ofendidos. Pero, sobre todo, están concientes que ese acto frustrado agravia a la sociedad porque la ciudadanía no se merece una justicia defectuosa.
– En el Congreso del Estado, por su parte, deberían ya estar evaluando la idoneidad de los magistrados que no han alcanzado su inamovilidad. Y está por vencer el nombramiento de quienes son, casualmente, tres de los magistrados que participaron en la asonada para simular la elección de una nueva presidenta de la judicatura.
– Finalmente, en el Poder Ejecutivo los responsables de las áreas de Gobierno y la Consejería Jurídica seguramente ya habrán presentado a Indira Vizcaíno los análisis del caso para que la Gobernadora, abogada de formación, considere todos los aspectos.
Es comprensible, sin embargo, que la mandataria estatal no fije una postura pública. No puede lanzar un mensaje político erróneo que dé pie a críticas por una supuesta intromisión en los asuntos de otro poder. Eso no significa, empero, que no tome cartas en el asunto.
INTENTONA FALLIDA
Cabe recordar la secuencia de hechos ocurridos en la sesión ordinaria del pleno del Supremo Tribunal, la semana pasada:
– Primero se aprobó por mayoría la renuncia de Bernardo Salazar, aunque hubo una abstención.
– Entonces se propuso como alternativa legal la licencia y, aprovechando que la sesión no había concluido, fue desechada la renuncia de Bernardo por improcedente.
– Una vez que se aprobó la licencia, en acuerdo con Salazar Santana los magistrados René Rodríguez y Sergio Marcelino Bravo plantearon la conveniencia de extender el mandato de la suplente Chávez Ponce dos años más a partir de la conclusión del actual periodo, el cual termina en noviembre.
– El empeño por enredar el tema de la licencia con el de la extensión de la suplencia, dividió al pleno e invirtió la intención del voto. Los mismos magistrados que habían votado favorablemente la renuncia y reconsiderado cambiar esa figura por licencia, desaprobaron la extensión del interinato por dos años ya que eso equivalía a un nuevo mandato y a una elección adelantada.
– No obstante, dejaron en firme la designación de Leticia Chávez como suplente del presidente a partir del 1 de agosto y hasta que concluya el periodo, a menos que Salazar regrese antes de los tres meses a hacerse cargo de la presidencia.
¿NO QUE ESTABA ENFERMO?
En este punto, incluso la licencia es injustificada porque Bernardo Salazar no exhibió certificado médico que pruebe si tiene alguna enfermedad.
En las fotografías que sus familiares subieron a las redes sociales, luego retiradas, se ve al magistrado Salazar Santana posando frente al Museo Soumaya de Polanco en la Ciudad de México. Esas imágenes contradicen el argumento de una licencia por motivos de salud. La selfie que ha circulado por las redes sociales fue subida desde las cuentas de abogados litigantes y funcionarios públicos, para mofarse del titular del Poder Judicial.
La frustrada sesión no es sólo una anécdota que sirve para exhibir a Salazar Santana como un pésimo operador político, desconocedor (en dos sentidos distintos de la expresión, como ignorante y como desatento) de la ley orgánica del Poder Judicial y de la Constitución local.
La maniobra, aunque fallida, retrata a un presidente del Supremo Tribunal que, contra su obligación de velar por la vigencia de la ley, actuó contra el derecho. Pero también pinta de cuerpo entero a aquellos otros magistrados que, sobre la corbata, llevan el fistol del diablo: llegaron al Supremo Tribunal a la rapiña, buscando quedarse con el presupuesto.
Por todo ello, no sólo Bernardo sino todos los que participaron en la conjura deben ser sancionados. El Supremo Tribunal salió raspado, nunca había ocurrido algo así en los anales del Poder Judicial.
Es un atentado a la ética judicial, claman los entrevistados. Esos magistrados tendrían que volver a la escuela de Leyes y ponerse a leer los Códigos de Ética Judicial, el “estudio de derecho comparado con recomendaciones para los países latinoamericanos” de Stefanie Ricarda Roos y Jan Woischnik que ya es un moderno clásico.
Se debe señalar a los magistrados que tomaron parte en esta asonada. Y la sanción al interior del propio Tribunal Supremo debe ser severa, ya sea bajo la forma de amonestación, extrañamiento o toma de nota.
La elección de una nueva presidencia en el Poder Judicial no es un juego. La protesta al cargo ante el Congreso es un acto de solemnidad, porque no es un nombramiento cualquiera. El magistrado presidente debe defender a la institución con su actuar. Una elección es un acto solemne y este tipo de hechos lo manchan. La intentona fue literalmente un asalto, realizado por una camarilla: “se juntaron para delinquir”.
REGAÑO EN CASA
Ahora, ¿qué va a pasar el 1 de agosto cuando los integrantes del pleno regresen de sus vacaciones y encuentren que la presidenta suplente es una de los magistrados que quiso dar el golpe?
De entrada, se espera que los conspiradores regresen con la cola entre las patas y no tan orondos como si nada hubieran hecho. Sin embargo, el deber de sus compañeros es llamarlos al orden y subrayar lo mal que la sociedad califica este intento.
Un juez o, en este caso, un magistrado juzga a conciencia y contra toda duda razonable. Como en todo juicio hay un perdedor y un ganador, el juzgador debe ofrecer garantía pública de que no va a venderse. Un magistrado juzga sobre las personas y sobre las bienes, es un cargo muy delicado y por eso no debe haber duda de su honorabilidad.
En aras del prestigio y la credibilidad del Supremo Tribunal, las cosas no pueden quedar como estaban al momento en que Bernardo Salazar presentó su licencia. Los magistrados deben tomar conciencia de lo que esta estratagema implicó.
CORREGIR PROCEDIMIENTO
Cualquier integrante del pleno puede convocar a una sesión extraordinaria para discutir este tema. Los magistrados no pueden esperar a que lo haga la suplente del presidente, porque ella es parte interesada. Pero, incluso, en la primera sesión ordinaria los magistrados tendrían que retomar el asunto e invocar la ley para subrayar que lo que hicieron sus compañeros está mal, y señalar a los culpables de esta jugarreta.
En la primera sesión que celebre el pleno regresando de vacaciones, los magistrados deben plantearse que cosas como ésta no se hacen sin consecuencias. Y acordar en lo futuro el respeto a la ley. No fue una travesura, fue una intentona de violar la Constitución y los magistrados que se sientan ofendidos así deben manifestarlo.
Puesto que varios de los magistrados que originalmente estaban de acuerdo con la renuncia lo pensaron dos veces, ahora tendrían que plantearse cómo corregir el procedimiento. De entrada, revisar el tema de la licencia de Bernardo Salazar y el de la suplencia a cargo de Leticia Chávez. Después, en los primeros 15 días de noviembre, vendrá la elección de un nuevo presidente del Supremo Tribunal.
Esta elección ya no podría ser resultado de un juego de astucias, donde una camarilla pretenda sorprender a sus compañeros y a los integrantes de los otros dos poderes del estado. Debe ser resultado de un proceso bien dialogado, para que sea legítimo el nombramiento del nuevo titular del Poder Judicial por los próximos dos años.
VIENE EL DICTAMEN
Si el Poder Ejecutivo está impedido por la cortesía política de pronunciarse al respecto, ya que se vería como una intromisión en los asuntos del Supremo Tribunal, el Poder Legislativo no lo está. Los diputados representan al pueblo en el interés de sanear al Poder Judicial.
Un tribuno no tiene cortapisas para hablar. Los congresistas tienen facultades para abordar este tema en el parlamento local. Y en las respectivas comisiones legislativas, un pendiente urgente es la dictaminación de la permanencia de los magistrados que no han alcanzado inamovilidad.
Hablamos de aquellos magistrados que fueron propuestos en su gobierno por el priista Ignacio Peralta y cuyo nombramiento fue cuestionado política, periodística y legalmente ante una instancia superior: Sergio Marcelino Bravo Sandoval, René Rodríguez Alcaraz y Leticia Chávez Ponce.
Unos 15 días antes de que venza su nombramiento, el Congreso debe presentar el dictamen de no idoneidad de esos tres magistrados. Porque si la separación del cargo no es fundada y motivada antes que venza el plazo, procedería la ratificación tácita.
El dictamen debe estar bien fundamentado además para que no sea impugnado, ya que el acto reclamado ante la justicia federal admite suspensión y los magistrados podrían permanecer en el cargo hasta que se resuelva el fondo. De hecho, han permanecido en funciones todo este periodo a pesar de que su nombramiento fue impugnado, porque nunca se nombró a los sustitutos.
Mario de la Madrid Andrade también fue propuesto como magistrado por Peralta Sánchez, pero renunció al STJEC para hacerse cargo de la notaría pública que durante muchos años mantuvo su padre. Su ejemplo podría ser seguido por Bravo Sandoval quien, el 31 de julio de 2021, fue nombrado adscrito a la notaría pública número 2 de Manzanillo, donde el titular es su papá. Se ahorraría Sergio Marcelino la pena de que su perfil sea revisado en el Congreso con miras a no ratificarlo, como también podría pasarles a René Rodríguez Alcaraz y a Leticia Chávez Ponce.
NO IDONEIDAD
La magistrada Chávez tiene una carrera judicial indiscutible, pero es su conducta tan condescendiente con el presidente Salazar Santana la que tendría que ser evaluada por la Legislatura. La complicidad de Leticia fue manifiesta en su disposición a suplir a Bernardo en el marco de una pretendida elección adelantada e inconstitucional como presidenta sustituta, con un periodo extendido dos años más a lo que le resta al actual mandato.
Por su parte, Checo Bravo y René Rodríguez llegaron por dedazo al Supremo Tribunal y su gran problema es que no valoran el papel de una justicia impoluta ni defienden a la institución, se quejan muchos de sus colegas abogados.
Pese a haber sido director de la Facultad de Derecho y secretario general de Gobierno, Rene Rodríguez no tenía experiencia en justicia. En otras áreas del desarrollo profesional, sí. No por nada acumula tres jubilaciones y buscaría la cuarta si consigue quedarse en el Poder Judicial. De hecho, su designación como magistrado fue un acto ilegal de acuerdo a la Ley de Pensiones del Estado ya que sólo podría prestar servicios por contrato. Aspirar a una cuarta jubilación sería contrario a la ética, a la Constitución y a la Ley de Responsabilidad Patrimonial.
Ninguno de esos tres magistrados (Chávez, Rodríguez y Bravo) merece quedarse con el puesto. Al decir de muchos en el gremio, simplemente no han dado resultados. Llegaron sin méritos, comprometidos políticamente con el ex gobernador y sin trayectoria en el Poder Judicial. Para colmo, el nombramiento de Rodríguez fue manchado casi inmediatamente por los acontecimientos que se dieron en el bufete jurídico de un familiar cercano.
Leticia, René y Sergio Marcelino (más el propio Salazar Santana) ameritan la separación del cargo, porque actuaron contra la Constitución local y la ley orgánica del Poder Judicial. El tema de la no ratificación está en manos del Congreso, pero debe hacerse un dictamen debidamente fundamentado que parta de las evidencias acumuladas desde 2018: dos de esos magistrados no tenían experiencia judicial ni se ganaron el cargo; la tercera no lo supo conservar por su carácter dócil y el sesgo partidista que le dio a su gestión.
En general, no son idóneos en cuanto a la honestidad, lealtad, capacidad y responsabilidad requeridas por el perfil de magistrado. Ni siquiera han cumplido con la función de revisar el trabajo hecho por sus subalternos, a quienes explotan: les exigen no sólo la ponencia ya terminada, sino una síntesis para no tener que leer el documento completo; en el colmo, uno de estos magistrados pide una explicación oral del asunto para no tener que leer el resumen.
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