Cobrarle o no a Mario Anguiano los 515 millones de pesos que decretó el Congreso local en la anterior Legislatura, no es un dilema moral sino político.
Ni siquiera es un asunto jurídico, por mucho que el ex gobernador tiene toda la razón al inconformarse con el Tribunal Colegiado de Circuito que le negó el amparo de la justicia federal, luego que se lo había concedido a sus dos coacusados, Rafael Gutiérrez e Isabel Ávalos, quienes lo solicitaron en los mismos términos y bajo los mismos argumentos ya que el trámite lo realizó un solo despacho de abogados.
¿Por qué a ellos sí y a él no? Apegándose al guión, Anguiano ha logrado evadir la trampa de los periodistas que le cuestionaban si, dicha excepción, evidencia que el Tribunal pudo haber sido comprado o seducido por los cabilderos al servicio de Ignacio Peralta.
El dilema político para el gobierno de Ignacio Peralta es sentar un precedente que pudiera afectarlo a él mismo, al terminar su mandato. Lo que le está haciendo a Mario, ¿se lo podría hacer a Nacho quien resulte su sucesor?
Si el escenario financiero que está dejando es tan desastroso como el que heredó Anguiano Moreno, ¿por qué no habría que enfrentar un juicio político Nacho, similar al que se inició en contra de Mario?
Quizá, porque el gobierno de JIPS se aseguró de que no haya más juicios políticos.
GENTE DE CONFIANZA
Gracias a las reformas que aprobó la misma Legislatura que sancionó a Mario, las funciones de fiscalización del gasto no están en manos de un órgano técnico del Congreso puesto que, y así lo entiende la titular del Osafig, Indira García Pérez, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental es un ente autónomo que en repetidas ocasiones se ha negado a las consignas de la actual (59) Legislatura.
Por sus antecedentes laborales, García Pérez es una persona de todas las confianzas del gobernador Peralta. Como lo son también los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que la 58 Legislatura impuso, aunque luego fueran destituidos en acatamiento a un amparo.
El TJA es la instancia que debe imponer las penas ante las irregularidades que encuentre el Osafig y no se resuelvan con sanciones administrativas o por la acción de los órganos de control interno de cada entidad. Por ello es interesante el perfil de los magistrados que hubiera querido dejar Peralta Sánchez para cubrir su salida:
Andrés Gerardo García Noriega, quien empezó el sexenio de Nacho como titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; Yarazhet Candelaria Villalpando Valdez, oficial mayor en ese Congreso que era controlado por Nicolás Contreras, operador político de JIPS; y Juan Manuel Figueroa López, que fue asesor en la Oficialía Mayor del Legislativo y secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia (Infocol), otro órgano autónomo diseñado para mediatizar, en su caso, los reclamos ciudadanos de información pública.
QUE LE PRUEBEN SI ROBÓ
La candidatura de esos mismo magistrados destituidos fue vuelta a proponer por el gobernador Peralta. Y la discusión que se está dando entre las distintas diputaciones del Congreso es si, a partir de la propuesta que integró la comisión ciudadana, se puede romper la hegemonía nachista en el Tribunal al menos con un magistrado: Bryant Alejandro García Ramírez.
La clave de su inclusión en la nueva terna es que Bryant ha venido colaborando con la superdelegada Indira Vizcaíno, desde que ella era alcalde de Cuauhtémoc.
Además de cuidar la salida de Nacho Peralta, ¿en qué puede contribuir el TJA a la estrategia de mantener quieto políticamente a Mario Anguiano, exigiéndole la devolución de los 515 millones de pesos mediante la amenaza de embargar sus bienes?
Siguiendo la lógica de que los gobernadores en Colima terminan su gestión con un patrimonio superior al que tenían cuando entraron, riqueza que en la mayoría de los casos no se explicaría por la sola suma de sus remuneraciones como titular del Ejecutivo, es presumible que Mario Anguiano tenga con qué responder a la cantidad reclamada. Como Vladimir Parra dijo: estamos ante un caso de empobrecimiento inexplicable.
Sin embargo, les va a costar trabajo vencer en su terreno a un funcionario que hizo carrera como experto en arreglar cuentas públicas, primero como contador mayor de Hacienda y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Congreso, luego como tesorero en los ayuntamientos de Colima y Manzanillo, finalmente como presidente municipal. Sería el colmo que con esa experticia, agarraran a Mario porque le metió mano al cajón.
Ante la dificultad de documentar los desvíos, la anterior Legislatura en el Congreso decidió sancionarlo cuando, en los mismos considerandos del decreto, se acepta que Anguiano únicamente solicitó el crédito y que la mayor parte de éste lo ejerció la administración del gobernador interino Ramón Pérez Díaz, en acuerdo con el mismo gabinete económico y político que integró Nacho Peralta.
¿HAY LUZ VERDE DE AMLO?
He estado preguntando y nadie me dio razón de un servidor público (ex alcalde, ex funcionario estatal o municipal) que, condenado por el Congreso a devolver dinero, realmente haya reintegrado al erario algún monto que no sea simbólico.
El juicio político fue siempre eso: un recurso político para negociar con la oposición la impunidad de los gobiernos priistas. Por lo demás, el juicio político a Mario Anguiano es insólito:
Primero porque lo inició un gobernador priista en contra de un antecesor de su propio partido, con la ayuda de una diputación supuestamente independiente que alteró, a favor del Ejecutivo, el equilibrio en un Congreso que el electorado había decidido en las urnas que fuera de mayoría panista.
Y, segundo, porque en la tradición priista, a los gobernadores sólo los quitaba o los perseguía el Presidente de la República.
¿Cómo será ahora con la Cuarta Transformación?, ¿veremos a Andrés Manuel López Obrador dar luz verde al embargo de los bienes de Mario Anguiano?
LA AGENDA MORENISTA
Por cierto, la diputación anguianista tiene su propia agenda transexenal y uno de los puntos que figura en ella podría ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Como el asunto se enfrió, hoy ya nadie se acuerda que hace unos días la polémica en el entorno legislativo era respecto a la supuesta violación de los derechos humanos y políticos de Roberto Ramírez, varón discriminado en la integración de una terna compuesta exclusivamente por mujeres.
Según sus defensores, la ley establece que la ombudsperson de Colima debe ser un profesional del Derecho. Y mientras Ramírez tiene título de abogado obtenido con mención honorífica, las mujeres de la terna no. El mérito de ellas es ser activistas.
Los congresistas de la diputación anguianista se encargaron de recordarnos también que Ramírez fue el candidato a la CEDH que obtuvo las mejores resultados en la prueba de conocimientos.
Sin embargo, poco se discutió debido a las complejidades de la relación familiar, que el padre de Ramírez ya fue titular de la Comisión y eso genera una situación extraña pues no se trata de un cargo heredable.
Tampoco se debatió el perfil de ombudsman que, en todo caso, representaría Roberto Ramírez. Como ocurrió con Roberto Chapula de la Mora, ¿estaría más centrado en la idea de un defensor de oficio de los ciudadanos enfrentados a la ley y el orden?
Pero, además, en el análisis de la candidatura de Roberto Ramírez se obvió un antecedente notable en su currículo: fue el secretario de la Juventud del gobernador Mario Anguiano.
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