Quienes se oponen a ella, afirman que con la reforma judicial cualquiera puede ser juez. Y eso quedó en evidencia con la jueza de Distrito en Veracruz, Nancy Juárez Salas, que amenazó con meter a la cárcel a la presidenta de la república si Claudia Sheinbaum no baja del Diario Oficial de la Federación un decreto que se publicó hace semanas.
Para el jurista Eduardo Andrade Sánchez, ex abogado general de la UNAM, procurador general de Justicia en Veracruz y exmagistrado del Supremo Tribunal de Justicia de ese su estado natal, si no es un intento de golpe de Estado, en realidad “se acerca mucho”:
Es golpe desde el momento que un poder se lanza “de manera intempestiva” contra otros poderes del Estado, “sin derecho y con afectación de las funciones”. Algunos autores dicen que sólo cuando hay violencia física, pero también es golpe si hay violencia política, aclara en El Chamuco TV[1].
Lo que pretenden hacer jueces, magistrados y ministros para frenar una reforma por la que – la mitad de ellos, seleccionados por sorteo– tendrán que presentarse a una elección popular en 2025, apuntan los moneros [Rafael Pineda] Rapé, [José] Hernández y [Rafael Barajas] El Fisgón, corresponde a lo que en la mecánica del lawfare o guerra judicial se denomina ‘golpe blando’.
Lawfare es usar el aparato judicial y el derecho para obtener finalidades políticas aviesas, confirma Andrade. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum fue “muy cuidadosa, habilidosa y aguda” cuando, apenas empezado el sexenio, enriqueció el anecdotario nacional con una frase que pasará al argot de la política mexicana: es un ‘golpe aguado’.
Toda la judicatura y la academia de Derecho saben que la jueza está haciendo algo contrario a la Constitución. Habría que cesarla, aunque suene autoritario. Y lo tiene que hacer el Consejo de la Judicatura que, entre sus funciones, tiene imponer disciplina.
Los jueces no tienen ninguna atribución sobre la presidenta de la República. En el caso remoto que se le tuviera que juzgar, lo haría el Congreso de la Unión en un procedimiento donde el Poder Judicial en nada interviene. La jueza no puede amenazar a Claudia con proceder en su contra, porque la figura presidencial tiene su propio fuero.
JUECES DESAFORADOS
Los jueces saben que no tienen ese derecho, pero siguen una consigna política. Sienten afectados sus intereses, y olvidan que no son propietarios de los cargos.
La reforma cambia su situación jurídica, mas no viola sus derechos humanos. Tenían una expectativa de vida y desarrollo profesional, igual que pasa con los despedidos en una empresa donde hay recorte de personal. Si llegase a terminar la relación laboral, tienen derecho al pago de prestaciones.
Como otros juristas, Andrade esperaba que en algún momento privara la prudencia, pero el mal ejemplo lo pone la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde ocho ministros han asumido una posición refractaria.
En teoría constitucional, la Corte es un ‘poder constituido’ pero no un ‘poder constituyente’. La Constitución la hizo el Congreso original de 1917, pero el Constituyente Permanente tiene la facultad de reformarla, es decir, de producir normas constitucionales que entran a la carta magna porque son elaboradas por un poder constituyente.
Los poderes constituidos están obligados a cumplir la Constitución, aunque pueda no gustarles. Por un prejuicio, además, dicen que no pueden ser electos los jueces. Pero la pregunta académica seria es: ¿y por qué no? Si el argumento es que se trata de un trabajo técnico, es más técnico el trabajo del presidente de la República. Y se le elige.
Es una elección de personas que, previamente, deberán mostrar un título en Derecho y preparación en ese ambiente. También les están pidiendo cartas de referencia, lo que ha motivado burlas cuando es importante saber qué piensan quienes conocen la actividad, desarrollo profesional o probidad del candidato a juzgador.
No hay razón para descalificar, de entrada, el procedimiento. Y menos porque la tradición dice lo contrario. Las tradiciones se rompen, apunta Andrade.
SIN AUTORIDAD MORAL
Para los chamucos, es falta de ética, no desconocimiento. Los jueces mienten deliberadamente, y eso pone en entredicho a un poder cuya base central es la autoridad moral. Le hará un enorme daño al Poder Judicial perder esa autoridad fundamental que da fuerza a sus resoluciones.
Andrade comenta que los fallos jurisdiccionales están ligados incluso a la posibilidad de emplear la fuerza pública para que se cumplan, pero tales disposiciones están vinculadas a la autoridad moral de quien las emite. Los jueces no mandan directamente a las fuerzas coactivas, éstas dependen de otros poderes que deben atender sus resoluciones. Sin embargo, lo harán siempre y cuando los juzgadores fallen de acuerdo con la Constitución.
La rebeldía le resta credibilidad a la Corte porque, inevitablemente, la reforma se llevará a efecto. Ya está en la Constitución y tiene que aplicarse. El Judicial está sufriendo un gran desgaste por enfrentarse políticamente y sin autoridad moral ni jurídica a los otros poderes. Sin sustento legal y sin capacidad de ejecución, está en un callejón sin salida porque tendría que hacer valer su resolución a través del Ejecutivo.
“Suponiendo sin conceder la posibilidad de dictar una orden de aprehensión contra una autoridad que no cumplió alguna de las suspensiones de amparo, lo que dicte el juez tendría que ejecutarlo la policía que –incluso la Ministerial– depende de otras áreas”, subraya Andrade.
Los ocho ministros no quieren entender cómo funciona la separación de poderes. Quienes dicen que la reforma afecta la división de los poderes, olvidan que se está afectando la independencia de todos porque el Poder Judicial pretende desafiar al poder constituyente, que está más arriba.
ASONADA JUDICIAL
Según Andrade llevamos muchos años viendo al Poder Judicial, no sólo en México sino en otras partes del mundo, expandir su actividad poniéndose por encima del Legislativo y el Ejecutivo. Los jueces quieren definir políticas públicas (algo que no les toca) e intervenir hasta en decisiones administrativas.
Por ejemplo, en los amparos contra la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos, otorgaron la suspensión reconociendo el derecho y la ideología de una organización de padres de familia, pero con ello fueron no sólo contra la lógica de los derechos sino contra la ley que dice: ‘no procede la suspensión cuando afecta el interés general’.
Es incomparable el interés particularísimo de unos padres de familia por muy respetables que sean, con el interés de millones de niños a recibir educación. Y es facultad constitucional del Ejecutivo definir planes y programas de estudio, aunque no les gusten a algunos.
El Poder Judicial no tiene la facultad de juzgar la valoración de esos programas. Si se pronuncia contra sus contenidos, en primera instancia está cometiendo un acto de censura previa expresamente prohibida en la Constitución. Y cómo va a juzgar las partes que están mal en un libro de texto, ¿acaso señalando errores de física y gramática?
El juez debe resolver conflictos jurídicos de intereses enfrentados, pero no conflictos políticos. Ese grupo de padres de familia tiene otra arena dónde defender su interés: la política electoral. Por ese camino pueden llevar diputados de su ideología a la Cámara, para defender sus puntos de vista. Pero no quieran meter por la puerta trasera del Poder Judicial algo que ya se resolvió democráticamente.
La reforma judicial fue producto de una campaña política expresa e intensa. En cada mitin, Sheinbaum pedía votos para ella y para los congresistas necesarios para alcanzar la mayoría calificada. Los candidatos de Morena a los distintos puestos tenían la instrucción de referirse al Plan C. Y ganaron con una votación histórica.
Nadie vota sólo por la persona sino por un programa de gobierno o proyecto de nación. La gente lo sabe, no es tonta. La coalición Morena-PT-Verde ganó y ahora tiene el derecho de hacer la reforma judicial, como en su momento tuvieron el derecho PAN-PRI-PRD de hacer la reforma energética, resume Andrade los principios de la democracia.
ES PARO, NO HUELGA
En la raíz de esta situación insólita y absurda, con un poder del Estado en abierta rebeldía contra los otros, hay una diferencia ideológica. El concepto derechista neoliberal del Derecho influyó en la formación de abogados durante años. Y esos juristas reaccionan frente a un proyecto distinto, nacionalista, que retoma la conducción de las políticas públicas por parte del Estado.
Este gobierno quiere hacer a un lado la teoría neoliberal donde el Estado prácticamente se limitaba a vigilar: el esquema clásico del Estado policía o Estado gendarme. El proyecto que está ahora en el poder es diferente, retoma una posición dominante para el sector público, que a Andrade le parece justo que ejerza el Estado.
Es un tema ideológico, pero también político: se trata de revocar una vía que fue aprobada por la gente. Pero como afecta sus intereses, los juzgadores se colocan en una posición no sólo defensiva sino agresiva. De entrada, con medidas abusivas como el paro y, luego, con la amenaza de usar las soluciones judiciales en contra de los otros poderes, como dijo la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo.
Es inconcebible, reprueba Andrade; es un chantaje. En primer lugar, porque el paro no tiene sustento jurídico. En derecho laboral no existe esa palabra, o no se refiere a cuestiones laborales sino a aspectos empresariales. Los trabajadores de base tienen derecho de ir a huelga si se violan sistemática y gravemente sus condiciones generales de trabajo, pero esa es la condición de un empleado.
Y un juez o un magistrado no son empleados, no hay una relación de trabajo porque ésta sólo se da entre un patrón y un trabajador, donde el patrón dirige a un trabajador que actúa bajo la dependencia del patrón. Un juez no sigue una dirección ni depende de nadie, aunque haya una escala jerárquica entre los tribunales.
POLÍTICO, NO JURÍDICO
Las estrategias que están usando, desgastan la relación entre los poderes y entre la sociedad y el Poder Judicial, lamenta el autor de 16 libros sobre derecho constitucional y teoría del Estado.
En una sesión solemne del Senado para rendir homenaje a las sufragistas, la legisladora del PAN Laura Esquivel narró la dramática historia de una jueza que cursó la licenciatura vistiendo el mismo pantalón todos los días, que estudió mucho y se esforzó por pasar los exámenes: un proyecto de vida que será destruido por la reforma.
Para Andrade, discursos como ese son vil propaganda, porque como dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña: si esa juez tiene tantas aptitudes y efectivamente ha demostrado tal capacidad, no tendrá problema para ganar la elección.
Porque a nadie están cesando. Está cambiando el estatus de una posición de juez que puede preservar si pasa por el nuevo modelo de designación. No es ilegal ni indebido, está previsto en la Constitución y la lógica es que una persona con esas cualidades que, además, seguramente serán conocidas por el medio donde se mueve, ganará con facilidad su elección. Y si no fuera electa, tendrá de todas maneras las prestaciones que le corresponden.
Si de dramas se trata, hay un promedio de 400 audiencias por juzgado que no se han realizado: personas que están buscando una pensión alimenticia, tratando de resolver un intestado, de obtener la guarda y custodia de los hijos o que están en riesgo de perder su casa porque se va a ejecutar la hipoteca. Si son 400 asuntos por juez, y son como 800 los jueces que están parados, hablamos de 320 mil asuntos sin resolver, detalla.
Más dramática todavía es la situación de la gente que está en la cárcel y no ha recibido siquiera sentencia. Si están detenidas las audiencias de personas cuya libertad está de por medio y por eso el juicio no avanza, todo eso redunda en una afectación de los derechos humanos.
JUECES DELINCUENTES
Para Eduardo Andrade, estamos ante el delito de coalición de los servidores públicos tipificado en el código penal. Dicha confabulación pone en peligro una función del Estado que no se puede detener, y menos de esa manera.
Hay otros delitos relacionados con la recepción indebida de pagos. Están en paro y siguen cobrando su sueldo, cuando en una huelga lo primero que hace el patrón es dejar de pagar. Para eso deben tener fondos los sindicatos. Y, por eso, uno de los pleitos posteriores al levantamiento de la huelga es negociar los salarios caídos.
En la siguiente entrega, la conclusión de esta charla con el también locutor y cronista deportivo; vocero de partidos políticos y candidatos; hermano del infame músico Sergio Andrade; diputado local, dos veces diputado federal y senador.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com
[1] ‘Chamuco TV. Eduardo Andrade’. Canal 22, 20 de octubre de 2024. https://www.youtube.com/watch?v=Jd2z0u7mfcY