Entre las frases que definen a El priista que todos llevamos dentro, María Scherer Ibarra y Nacho Lozano incluyeron en su libro (Grijalbo, 2016) una que sintetiza el diálogo telefónico que sostuvieron en febrero de 2006 el empresario mexicano de origen libanés Kamel Nacif, acusado y sentenciado a 112 años de prisión por traficar con menores de edad para su explotación sexual, y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.
Marín: – Quiúbole, Kamel.
Nacif: – Mi gober precioso.
Marín: – Mi héroe, chingao.
Nacif: – No, tú eres el héroe de esta película, papá.
En esa llamada, el mandatario celebraba con el industrial textil el episodio en el que la periodista Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente en Quintana Roo y trasladada a Puebla por la policía judicial de ese estado, en lo que la autora de Los demonios del Edén (Debolsillo, 2004) describió como un “secuestro legal”.
La detención tenía como propósito darle un escarmiento extrajudicial a la periodista, quien denunció a Kuri como operador de una red de prostitución y pornografía infantil en la que estaban involucrados varios funcionarios, entre ellos Miguel Ángel Yunes, actual gobernador de Veracruz, y el propio Mario Marín.
“En el escenario más optimista, lo que se orquestó fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad de inflingirme el mayor castigo posible; una especie de vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos”, escribió Cacho en su “Crónica de un abuso de poder” publicada en 2005.
“El traslado, el despliegue desproporcionado de recursos policíacos, la tortura física y psicológica y el típico sabadazo que intentaban aplicarme formaron parte de una maquinación que sólo puede explicarse por la ‘compra’ de la justicia por un particular para afectar a una periodista y defensora de derechos humanos.
“En el peor escenario, en el caso de que mi equipo y las redes de mujeres y periodistas no hubieran denunciado a tiempo para exhibir este ‘secuestro legal’, podríamos temernos una ley fuga o alguna agresión física.
“Lo cierto es que una simple denuncia por calumnia, improcedente -porque tengo las pruebas de lo que publiqué- consiguió lo que agresores de mujeres y otros delincuentes de alto calibre no habían logrado en todos mis años como periodista y activista feminista contra la violencia: sacarme de mi ciudad, despojarme de la protección y dejarme completamente indefensa y vulnerable durante más de 20 horas, en zonas aisladas y deshabitadas, sin saber si podría perder la vida a manos de quienes deben impartir justicia”, subrayó Cacho.
Justicia, años después
La semana pasada, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resolvió que existieron una serie de violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho y que no se le ha hecho justicia en México.
“Es el primer caso de una mujer periodista con estas características, que se resuelve en el sistema universal de derechos humanos”, dijo Leopoldo Maldonado, abogado de la periodista e integrante de la organización Artículo 19, sobre el fallo en contra del Estado mexicano.
De acuerdo a la crónica de Animal Político, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó en conferencia de prensa seis dimensiones en las que se desarrolla el caso de la periodista:
“Tortura; investigación de intimidación de castigo; violencia de género, discriminación a las mujeres; detención arbitraria de la libertad; evidentemente la libertad de expresión, la violencia contra periodistas e impunidad, como el denominador común de muchos derechos humanos en México y la colusión de poderes”.
Jarab dijo que Cacho tuvo que recurrir a instancias internacionales “ante el fallo de los órganos de procuración de justicia nacionales”.
De las 10 personas que detuvieron a Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005, cinco eran empleados de Kamel Nacif. Además, en la detención de Cacho estuvieron involucrados otros cinco agentes, de los cuales solo José Montaño Quiroz fue sentenciado a seis años de prisión por tortura. En octubre de 2014 se presentó el caso de Lydia en Ginebra, “reactivan la investigación y en diciembre lo detienen”. En octubre de 2017, sentenciaron al policía.
“Nos parece una pena insuficiente por la gravedad de los delitos, por el carácter sexual y también de la tortura y por el tema que traen, de la violación a la libertad de expresión. Los jueces apelamos a la sentencia y el Tribunal Unitario de Quintana Roo solamente lo aumentó un poco, pero este sujeto, prácticamente, va a salir en 2020”, señaló el abogado Maldonado.
Según el Comité, la autora de otros libros como Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata sexual de niñas y mujeres en el mundo (Debate, 2010) o Sexo y amor en tiempos de crisis (Grijalbo, 2014), presentó denuncias por tortura, tentativa de violación, detención arbitraria y abuso de autoridad en marzo de 2006, sin que hayan avanzado 12 años más tarde.
El Estado, concluyó el Comité, tiene la obligación de proporcionar a Lydia un recurso efectivo, realizando las siguientes acciones:
– Una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lydia.
– Procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsable de las violaciones cometidas.
– Ofrecer compensación adecuada a Lydia.
– Adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, incluso mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.
El comité señaló que “desea recibir en un plazo de 180 días información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen. Se pide al Estado mexicano que publique el dictamen, con amplia difusión”.
Encubrimiento oficial
Entrevistada en “Así las cosas” de W Radio, Lydia Cacho dijo que se trata de una batalla ganada por México en defensa de la libertad de expresión.
Esta resolución no es una cosa menor, subrayó Lucy Sanabria en su nota para Sopitas.com Para Cacho, la importancia del dictamen de Naciones Unidas radica en varios puntos:
– Es el primer caso de este tipo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU recibe – es decir, el primer caso mexicano sobre la libertad de expresión, denuncias de tortura y acoso.
– Se le reconoce a Lydia Cacho que el proceso judicial en su contra, a partir de la publicación de Los demonios del Edén, su ejercicio como periodista y su género incidieron para que el gobierno actuara penalmente en su contra.
– Constituye un precedente judicial para nuestro país -considerado en 2017 como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo-.
Como explicó Lydia a su entrevistadora Gabriela Warkentin, su victoria no es para menos. La resolución no fue sólo para ella, sino para un país que está ávido de justicia: “Después de 13 años de llevar siete litigios y ganarlos todos, haber recibido en este momento el comunicado de Ginebra fue una sorpresa, porque te vas acostumbrando a la lentitud de la justicia”.
Cacho fue concisa: la resolución de la ONU vincula al gobierno de Enrique Peña Nieto a que tome acciones con respecto al proceso judicial al que ella fue sometida. Proceso en el que la periodista mexicana denunció tortura y la incidencia de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para encubrir a los personajes relacionados con su investigación sobre la red de trata.
Por esa omisión que raya en la complicidad oficial, en 2014 la periodista y Artículo 19 decidieron presentar su caso ante el Comité de la ONU, en Ginebra, Suiza. El reconocimiento de la ONU obliga al gobierno de Enrique Peña Nieto a no olvidar el proceso de Lydia Cacho y atender su demanda, que “también es la demanda de cientos de periodistas mexicanos y mexicanas”, concluye la redactora de Sopitas.com
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com