Como parte de la campaña para hacer ver al presidente Luis Echeverría como un tarado, se contaba en la época un chiste:
– Señor, con las inundaciones quedaron miles de personas sin hogar –detallaba el gobernador de un estado.
– Pues no se ahogaron porque no quisieron, agua había mucha –le respondió el mandatario con su característica entonación.
Con el mismo cinismo habría que responderles a quienes invocan un 87% de abstención en la primera elección de un Poder Judicial en la historia de las democracias del mundo: “No votaron porque no quisieron, urnas había muchas”.
Aunque fue el corolario a un llamado a no convalidar la “farsa” de la elección de jueces, que casi 13 millones de personas hayan acudido a las urnas supone paradójicamente un fracaso para aquellos que apostaron por una participación insignificante.
La presidenta Sheinbaum encontró con el mismo dato –13 millones de votos– un parámetro distinto para ponderar el 13% de participación electoral. Y ese nuevo referente le permitió salir de la trampa discursiva que le quisieron tender la víspera, en nado sincronizado, los opositores a la reforma judicial.
Claudia Sheinbaum relativizó la cifra: 13 millones de votantes no son pocos. De hecho, son más de los que sufragaron por el PRI, PAN (PRD) o MC en los comicios presidenciales de 2024. Los opinólogos que intentaron deslegitimar la elección lo hicieron sobre la base del cien por ciento del padrón electoral, y no en proporción al nivel de participación en las elecciones tradicionales.
LA COSTUMBRE ELECTORAL
En la operación “¡fue un fracaso!” participaron lo mismo dirigentes de los partidos de oposición, como Alito Moreno del PRI, que exconsejeros del INE como Lorenzo Córdova (el único demócrata que pide que no haya democracia); comentócratas nostálgicos del neoliberalismo que conductores de radio y televisión de la derecha mediática; o juristas como Diego Valadez que con sus escenarios tremendistas parece llorar la pensión que va a perder, la cual cobraba desde 1995 y que le concedieron pese a haber ejercido unos cuantos meses como ministro de la Corte.
Alguien dirá que no son comparables porque, en la elección del año pasado, lo que estaba en juego era la continuidad o interrupción del proyecto de nación postulado por la 4T. La del domingo, no obstante su trascendencia histórica, por las razones que sean no fue comprendida a cabalidad por el electorado. A los que votaron por el Plan C, les pareció complicada. Y muchos de los que no votaron por Sheinbaum, se creyeron eso de que elegir a los jueces era convalidar una farsa.
En el colmo de la semejanza forzada, he leído a gente usar el dato del 13% de participación electoral como evidencia de una caída en los índices de aceptación de Sheinbaum Pardo que, antes del 1 de junio, andaban por el 84% (y han de seguir igual). Sin embargo, ninguno de ellos habla de cómo han ido ascendiendo las cifras en las desacostumbradas elecciones que llegaron con la democracia participativa: desde la consulta para enjuiciar a los expresidentes de la república a la elección de jueces, pasando por la revocación del mandato de López Obrador, cada vez ha habido más participación ciudadana.
La elección del Poder Judicial es equivalente a las elecciones del Poder Ejecutivo o el Legislativo, en cuanto que se trata de uno de los poderes del Estado. Pero al ser los primeros comicios de su tipo, esta votación no ha entrado todavía a formar parte de la costumbre electoral. Ojalá llegue el día en que plebiscitos y referendos conciten los porcentajes de votación de los comicios ordinarios. Si bien la forma de contribuir a que esto se dé es que hagamos coincidir las consultas públicas con la elección de gobernantes y representantes populares.
CON EL ACORDEÓN…
De no haber sido tan complicado votar por jueces, magistrados y ministros, un mayor número de simpatizantes de Morena habrían acudido a las urnas. Muchos adultos mayores fueron a las casillas simplemente por lealtad al régimen. Y es curioso que, mientras en otros países el conservadurismo es una postura generalizada entre los adultos mayores, en México las pensiones han hecho que las políticas progresista sean defendidas por cantidad de personas de la tercera edad.
Por ser nombres reconocibles, mucha de esa gente mayor marcó en la boleta para la Suprema Corte los números correspondientes a las tres ministras en funciones que buscaban su ratificación: Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Y es posible que los acordeones hayan obrado el milagro de posicionar al candidato indígena a ministro Hugo Aguilar; o de hacer ministro a quien estaba “listo como el chicharrón”, Arístides Guerrero.
No pocos, empero, dejaron en blanco el resto de las papeletas: las doblaron y echaron a la urna, en más de un caso junto con el acordeón que, de todas maneras, resultó indescifrable para numerosos votantes mayores.
¿Qué diferencia hay entre un acordeón impreso y volanteado casa por casa, y un documento digital distribuido por correo electrónico o WhatsApp? Es absurdo aducir que sacar un papel cuando se está en la mampara prueba un delito electoral, pero no que viola la ley consultar una lista de nombres y números en la pantalla del celular.
De hecho, esta falacia denota la visión clasista que subyace en muchos de los argumentos en contra de la elección popular de jueces, a partir de la idea de que como aplicadores técnicos de la justicia tienen que ser nombrados por quienes conocen del tema y no por aquellos que, ni siquiera, distinguen entre “ley y jurisprudencia”.
¡ESPABÍLATE, LEONEL!
Frente a una Carmen Aristegui que insistía en que repartir acordeones hechos en una imprenta implicaba inducción del voto, el diputado federal Leonel Godoy no atinó a rebatir el punto de la periodista[1]. El morenista, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, pudo haber recurrido a un ejemplo de la era analógica:
No hay una diferencia práctica entre un resumen de los que vendían en las papelerías, las fotocopias de los apuntes de clase que te pasaba el compañero o el acordeón que uno mismo redactaba. Si te ayudaban a memorizar los temas, vale; si lo metías de contrabando al examen y te cachaban, malo.
Aristegui tiene razón al cuestionar el origen de los volantes y su financiamiento. Y coincido en que habrá que esclarecer si los mandó imprimir un partido o un gobierno y, en todo caso, si se usaron recursos públicos para costearlos. Pero no se puede hablar de inducción al voto mientras no se demuestre que hubo alguna forma de condicionar al votante a transcribir los números que venían en el acordeón. En la mampara, el votante tuvo libre albedrío para rechazar un número o incluir el nombre de otro candidato que no venía en la lista.
Si el PRI todavía tuviera dinero para repartir, habría hecho en todo el país lo que hizo en Durango y lo que, vistos los resultados, no hizo Morena en Veracruz: comprar votos y acreditar el cumplimiento del compromiso con una fotografía tomada con celular, de la boleta cruzada o rellenada con los números acordados.
PERDIERON POR DEFAULT
Lo único que prueba que los nombres que figuran en los acordeones descubiertos coincidan con los candidatos que puntean la tabla de resultados, es que si la oposición a la reforma –en lugar de convocar al abstencionismo o a la anulación del voto– hubiera hecho campaña por alguno de los candidatos más cercanos a la derecha por su trayectoria y su ideología, esos partidos habrían podido colocar aliados en la nueva judicatura.
Como sólo votaron los simpatizantes de Morena y, de los que acudieron a las urnas, quienes no lo son en su mayoría anularon la boleta o la dejaron en blanco, la pregunta es si una mayor participación ciudadana habría diluido el voto a favor de los candidatos identificados con la 4T, o si se habrían replicado los resultados de la elección constitucional del año pasado.
Acaso, eso es lo que no quería la oposición. Ante la certeza de que la derecha no contaba con una fuerza electoral capaz de colocar a ministros, magistrados o siquiera jueces vinculados al viejo régimen, optaron por sabotear el proceso y apostar por una afluencia tan baja que fundamentara el argumento de la ilegitimidad.
Si Norma Piña en lugar de combatir la reforma judicial se hubiera postulado para ser ratificada como ministra, gracias a la difusión que alcanzó su nombre desde que se negó a ponerse de pie para recibir al jefe del Estado, toda esa gente que la vitoreaba como una heroína de la república habría hecho posible que la señora permaneciera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No como presidenta, tampoco hay que pedir imposibles, pero sí como integrante.
Que la Corte se haya pintado de guinda es una victoria de la Cuarta Transformación y una derrota de la oposición a la reforma, aunque sea por default. En el futbol llanero, cuando un equipo no se presenta a jugar la narrativa nunca será que dejaron plantado al rival por desprecio… sino por miedo.
Seamos sinceros, si el PRIAN tuviera mayoría en el electorado, habría aprovechado la oportunidad que les ofrecía la titular del Ejecutivo de renunciar a su prerrogativa de integrar una Corte progresista sumando, a las ministras que nominó su antecesor, los cuatro ministros que le tocaban en su periodo.
En ese sentido, que ‘haiga sido como haiga sido’ vayamos a tener un Poder Judicial menos conservador, es perfectamente coherente con un Poder Ejecutivo encabezado por una morenista y un Poder Legislativo con mayoría calificada del oficialismo.
NO SEAN ILUSOS
Contra la hipótesis del fraude electoral con base en los acordeones, uno de los candidatos a ministros, Federico Anaya, señaló en entrevista con Julio Astillero[2] lo improbable de que se haya condicionado la votación mediante una lista decidida en un cónclave.
Para empezar, porque no hubo un solo acordeón sino 32 o 33 listas que corresponden al mismo número de cónclaves. Como me dijo Anaya-Gallardo en nuestra conversación en Colima, al final terminaron circulando 32 mil listas.
Si revisamos con atención en redes sociales, vamos a encontrar que hubo varios acordeones que “venían de arriba hacia abajo, pero también otros que iban de abajo hacia arriba”. Ya con los resultados de la elección de ministros, “lo que se nota claramente es que hubo una dispersión de votos entre las nueve posiciones que tenían que llenarse”.
Claro, las ministras que buscan su ratificación tenían un hándicap favorable, pero cómo explicar los cinco millones de votos de Hugo Aguilar Ortiz si no es por un consenso entre los acordeones que vienen de arriba a abajo y acordeones que van de abajo a arriba, comenta Anaya, quien pese a recabar dos millones de votos no alcanzó un asiento en la Corte.
“En el sistema republicano mexicano, al igual que en el de Estados Unidos, el Poder Judicial siempre había nacido de la colaboración del Ejecutivo y el Legislativo federal, y eso también en cada uno de los estados. Si cruzamos la tradición de designar [mediante ternas] con el poder real que constitucionalmente tiene el Poder Ejecutivo federal y el de los estados, empieza a tener sentido el resultado.
“Más que un intento, fue público y notorio que en el proceso electoral hubo quienes abiertamente dijeron: ‘A mí me interesa este candidato, y lo estoy apoyando de todas las maneras posibles’. Pero, en ese mismo canal, como dijo la presidenta Sheinbaum: ‘Qué lástima, quienes están enojados con los resultados son los que no votaron’.
“En esta primera elección judicial se decidió que no estuvieran los partidos, pero eso no significa que fue una elección donde ciudadanos prístinos y perfectos, cada uno en su individualidad filosófica, tomó las decisiones. Una elección es auténtica cuando refleja cómo está organizada la sociedad y, en esa sociedad hay élites, organizaciones populares, clases medias horizontales. Y todo el mundo trata de convencer a los demás con los medios que tiene a disposición.”
Citando a Manuel Gómez Morín: ‘Para que no haya desilusionados, que no haya ilusos’; Anaya pide ser realistas. “Los gobernadores tenían un interés en el asunto, y no sólo en lo federal. En Baja California, donde gobierna Morena, fue horrible cómo se organizaron candidaturas comunes [entre el oficialismo y la oposición]. Y en Aguascalientes la gobernadora panista hizo arreglos que le permitirán controlar su poder judicial. Hay que hacernos cargo de la realidad constitucional. Los mandatarios estatales tienen intereses, y lo que tenemos que ver es cómo hacemos que esos intereses jueguen en público y legítimamente”.
PODER CIUDADANO O FÁCTICO
En síntesis, frente a quienes están diciendo que nos impusieron ministros porque los nombres de los ganadores coinciden con algunos de los que venían en los acordeones, la verdad es que no coinciden todos los nombres con el resultado.
Anaya invita a checar el tamaño de la votación de cada candidato. La herramienta en línea permite calcular cómo le fue a cada uno en cada entidad federativa e, incluso, en cada distrito. “Ahí se puede ver el poder relativo de organizaciones populares y de la sociedad civil libre, frente a los grupos fácticos y constitucionales de poder”.
La elección de jueces habrá resuelto su mayor problema de esta primera edición [que la gente no conocía los perfiles y la información sobre ellos estaba dispersa en una plataforma del INE poco amigable y muchas notas de prensa sesgadas a favor o en contra, por no hablar de campañas de proselitismo que rayaron en lo ingenuo], cuando los candidatos compitan por un cargo en el distrito donde viven.
Federico Anaya señala que es posible reconocer los votos a favor de cada uno de los candidatos en los estados a donde acudieron a darse a conocer. La votación que obtuvo él mismo en Colima, es indicio de ello.
Finalmente, lamenta que –sorprendida por el resultado– la oposición mediática se esté cebando en el futuro presidente de la Corte, burlándose de las similitudes que pueda tener con otro presidente de la judicatura federal de origen indígena: Benito Juárez.
“Encontré un texto triste y feo de algún comentarista oaxaqueño donde le echa la culpa a Hugo de todas las cosas que han pasado en Oaxaca los últimos 30 años”, y remata diciendo que es una criatura del priista Heladio Ramírez.
Hugo Aguilar Ortiz no viene de la Confederación Nacional Campesina sino que, con Adelfo Regino – director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas durante el sexenio pasado y lo que va de este–, comparte la línea ideológica de Floriberto Díaz, el gran filósofo político mixe, afirma Federico Anaya.
CON TOGA BORDADA
Alimentando las críticas clasistas por el origen étnico del futuro presidente de la Corte, y la reivindicación que la derecha intelectual está haciendo de Benito Juárez al subrayar los méritos liberales del Benemérito con tal de marcar una diferencia entre aquel presidente de la SCJN y el virtual ministro Aguilar Ortiz, Hugo incendió las redes al declarar a SDP Noticias[3] que no usará toga sino los trajes de gala indígena.
El jurista Eduardo Andrade, muy conocido desde sus tiempos como cronista deportivo, dejó en claro que Aguilar puede asistir al edificio sede de la Suprema Corte con vestimenta típica si lo desea, no en traje de calle y con corbata, pero en las sesiones tendrá que usar la toga[4].
No sólo por la solemnidad del cargo o por la costumbre, sino porque así lo marca el artículo primero del decreto que se emitió en 1941, publicado en el Diario Oficial bajo la firma del presidente Manuel Ávila Camacho, el cual reza: “Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando concurran a las audiencias, vestirán la toga magisterial”.
No sólo es imperativo sino estricto, insiste Andrade. En su artículo segundo, el decreto detalla que: “La toga magisterial será de seda mate negra con cuello, vueltas y puños de seda brillante del mismo color”.
Andrade recordó de paso a los otros indígenas mexicanos que llegaron a ocupar la presidencia de la SCJN y sentaron el precedente: el primero fue el ya mencionado Benito Juárez; el segundo, Ignacio Manuel Altamirano que fue ministro de la Suprema Corte y la presidió temporalmente en 1877; y el tercero Ignacio Ramírez, El Nigromante, más o menos por el mismo tiempo”[5]. Por cierto, los tres fueron electos ministros en las urnas.
Para Andrade, “el uso de la toga no es discrecional”. Con respeto al derecho que tiene la persona de “vestirse como lo desee, y más si quiere ser representativo de cierta vinculación con una comunidad”, el decreto presidencial de 1941 tiene la fuerza de una ley de observancia general y, aun referido a una situación concreta, el mismo valor obligatorio.
Ahora bien, los símbolos pueden cambiar y las normas también. Si se piensa que debe modificarse la manera como se regule la vestimenta de los ministros, entonces habrá que modificar la norma reglamentaria y puede ser a partir de una iniciativa de quienes tengan derecho de hacerlo. No lo tienen los ministros, pero sí diputados y senadores o la propia presidenta de la República.
Se puede presentar una iniciativa para modificar el decreto, ya sea para abrogarlo o para modificarlo, dejando como opcional el uso de la toga. Esta posibilidad “es viable”, puesto que el partido que impulsó la reforma judicial “tiene una clara mayoría” y bien “podría profundizar en el cambio de la Corte, haciendo la modificación en la norma”.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com
[1] ‘¿Debería haber un número de votantes mínimos para legitimar elección? Morenista analiza’. Aristegui Noticias, 4 de junio de 2025. https://www.youtube.com/watch?v=nAeswsSZ-Rc
[2] ‘¿Fueron determinantes los acordeones?, ¿aceptables los resultados?: Federico responde’. Julio Astillero, 3 de junio de 2025. https://www.youtube.com/watch?v=7qVT5HOaD1w
[3] ‘No usaré TOGA, vestiré TRAJE de los PUEBLOS INDÍGENAS: HUGO AGUILAR ORTIZ, candidato a MINISTRO’. SDP Noticias, 2 de junio de 2025. https://www.youtube.com/shorts/73IXQMsPRxA
[4] ‘La nueva Suprema Corte de Justicia’. En Análisis con el Dr. Eduardo Andrade, 3 de junio de 2025. https://www.youtube.com/watch?v=TBMP1A1-dOc
[5] ‘Nuevas reflexiones sobre la norma que regula el uso de la toga’. En Análisis con el Dr. Eduardo Andrade, 4 de junio de 2025. https://www.youtube.com/watch?v=rJFFTGukzvM